El cuerpo de Daily Acosta, una joven madre de dos niñas que había sido reportada como desaparecida, fue localizado este viernes en las inmediaciones del Parque Lenin, en La Habana. El hallazgo pone fin a dos días de angustiosa búsqueda por parte de familiares y vecinos de la comunidad de La Güinera, y reaviva la alarma social por la creciente ola de feminicidios en la isla.
Durante las jornadas de incertidumbre, allegados y amigos desplegaron una intensa campaña en redes sociales para localizar su paradero. Su pareja, Lázaro Ambert, publicó un desgarrador mensaje en Facebook en el que suplicaba su regreso, recordando que eran \»un equipo\» y que no cesaría en su búsqueda. La confirmación de su fallecimiento ha provocado profunda consternación en la barriada, que se había movilizado de manera espontánea y que ahora exige esclarecer las circunstancias de la tragedia, mientras acompaña a las dos pequeñas hijas que Daily deja huérfanas.
El vacío estadístico y la crisis de seguridad ciudadana
El caso de Daily Acosta se suma a una larga y trágica lista de mujeres desaparecidas y asesinadas en Cuba. Ante la opacidad del gobierno cubano y la inexistencia de estadísticas públicas sobre violencia machista, son las organizaciones independientes las que asumen el riesgo de documentar estos crímenes. La falta de transparencia institucional oculta la magnitud de una crisis de seguridad que golpea diariamente a las familias del país.
Desde 2019, el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba han verificado más de 270 feminicidios. Solo en 2024 documentaron 55 casos, y en lo que va de 2025 la cifra ya supera los 30. Estas organizaciones operan en un entorno profundamente hostil, enfrentando la criminalización del activismo feminista y la represión por parte de la dictadura cubana, la cual se niega a tipificar legalmente el feminicidio y a reconocer la gravedad de la violencia sistémica contra las mujeres.
El desenlace fatal de esta joven madre evidencia las consecuencias directas de la inacción estatal y la ausencia de mecanismos de protección efectivos. Mientras las autoridades de la isla omiten las constantes alertas emitidas por la sociedad civil, la exigencia de justicia por parte de la comunidad de La Güinera refleja un hartazgo creciente ante la vulnerabilidad y la impunidad. La tragedia subraya, una vez más, cómo el colapso estructural de la nación se traduce también en una crisis de derechos humanos que cobra vidas de manera silenciada.
