Un amplio grupo de organizaciones cubanas dentro y fuera de la isla ha solicitado formalmente al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) la revisión y sustitución del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) con el régimen de La Habana, exigiendo además la aplicación de sanciones individuales bajo la Ley Magnitsky contra responsables de violaciones de derechos humanos.
La misiva, dirigida a Marianne Van Steen, jefa de División para México, América Central y el Caribe del SEAE, responde a una comunicación previa de la institución europea en la que se defendía la vigencia del acuerdo bilateral en su formato actual. Las entidades firmantes rechazan que los supuestos avances citados por Europa —como excarcelaciones aisladas, contactos de alto nivel o aceptación limitada de recomendaciones en Naciones Unidas— representen mejoras estructurales. Por el contrario, las califican de \»concesiones tácticas y reversibles\» por parte de las autoridades de la isla.
Impunidad y complicidad con el aparato represivo
Los promotores de la iniciativa advierten que mantener un marco diplomático sin exigir reformas democráticas reales contribuye a perpetuar la impunidad de la dictadura cubana. Subrayan que la sociedad civil independiente continúa marginada de los espacios de decisión, la criminalización de las libertades fundamentales se intensifica y la cifra de presos políticos no deja de aumentar. En este sentido, demandan sanciones efectivas contra individuos y conglomerados militares-empresariales que sostienen el aparato represivo, acusando al ejecutivo cubano de desconectar a Europa de la realidad que sufren los ciudadanos.
La carta también señala el papel del gobierno cubano en el escenario geopolítico internacional, acusándolo de facilitar la maquinaria bélica rusa mediante el traslado de al menos 7.000 combatientes y de ayudar a evadir sanciones europeas a través de acciones diplomáticas y propagandísticas. Este alineamiento geopolítico, según los firmantes, refuerza la urgencia de una respuesta proporcional y coherente por parte de Bruselas frente a la falta de control democrático en la isla.
Una crisis sistémica que demanda respuestas europeas
La exigencia de reformular la política europea hacia Cuba se enmarca en el profundo deterioro estructural de la nación caribeña. La hiperinflación, el colapso de los servicios públicos y la brutal represión social han detonado un éxodo migratorio sin precedentes, vaciando al país de su fuerza productiva. Ante este contexto, las organizaciones proponen cuatro ejes para una política renovada: condicionalidad democrática vinculante que exija la liberación incondicional de los presos políticos, mecanismos de rendición de cuentas centrados en las víctimas, institucionalización de la sociedad civil independiente en el diálogo bilateral y un control estricto de los fondos europeos para evitar su captura por las estructuras afines al poder.
Para llevar estas demandas más allá de las declaraciones, los firmantes —entre los que destacan las Damas de Blanco, Archivo Cuba, el Instituto Patmos y la Asociación Sindical Independiente de Cuba— han solicitado una reunión presencial en Bruselas antes del próximo Consejo Conjunto UE-Cuba. La conclusión de la misiva apela a que la Unión Europea abandone la ambigüedad institucional y se posicione de manera inequívoca junto a la ciudadanía cubana que arriesga su vida frente a la maquinaria represiva del régimen.
