Una joven residente en Estados Unidos se encuentra varada en la provincia de Camagüey tras ser víctima de robo y extorsión en el aeropuerto local, donde desconocidos sustrajeron su pasaporte cubano y su tarjeta de residencia estadounidense. Los delincuentes exigen 5.000 dólares a través de redes sociales para devolver los documentos, evidenciando una creciente modalidad delictiva que aprovecha la vulnerabilidad de los viajeros que arriban a la isla.
La abuela de la víctima, Aracelis Gálvez Delgado, denunció que su nieta, Glenda de la Caridad Torres, viajó desde EE.UU. por un breve periodo de ocho días para visitar a un familiar enfermo. Tras arribar al Aeropuerto Internacional \»Ignacio Agramonte\», la joven notó la desaparición de sus documentos al llegar al hogar familiar, presuntamente durante el traslado de las maletas. La familia ha acudido a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y a la Embajada de Estados Unidos en La Habana para gestionar un documento de viaje que le permita regresar a su país de residencia.
La búsqueda de los documentos escaló a un intento de extorsión cuando imágenes de la ‘green card’ comenzaron a circular en grupos de Facebook como \»Revolico Camagüey 2025\» y \»Revolico Las Tunas\». En las publicaciones, un usuario anónimo exigió el pago de 5.000 dólares y proporcionó un número de contacto, el cual, según reportes de medios independientes, ha sido vinculado a estafas anteriores. Los intentos de comunicación por parte de la familia han sido infructuosos, derivando en llamadas interrumpidas y correos electrónicos falsos.
Un patrón delictivo en auge
Este episodio no es un caso aislado. Recientemente, Leonardo Peña de la Cruz, otro residente permanente en EE.UU., sufrió una situación similar tras ser robado durante un trayecto por carretera en la oriental provincia de Guantánamo. En aquella ocasión, los extorsionadores pidieron 4.000 dólares. Peña de la Cruz optó por ignorar la exigencia y se trasladó hasta la capital para recibir asistencia consular, logrando finalmente los documentos necesarios para su retorno. El afectado ha advertido a otros viajeros sobre la necesidad de extremar precauciones y no ceder ante el chantaje, confiando en los protocolos de la embajada estadounidense.
El incremento de este tipo de delitos refleja el profundo deterioro de la seguridad ciudadana en Cuba, agravado por la crisis económica que atraviesa el régimen de La Habana. La desesperación social, impulsada por la inflación galopante, los apagones prolongados y el desabastecimiento crónico, ha transformado a los viajeros que arriban del exterior en blancos fáciles para el hurto y la extorsión. La incapacidad de las autoridades de la isla para garantizar la integridad de los visitantes y la ineficacia policial frente a estas mafias que operan abiertamente en redes sociales subrayan el colapso del orden público.
Mientras la dictadura cubana mantiene su discurso de control y vigilancia social, la realidad demuestra que la ciudadanía y los visitantes quedan a merced de la delincuencia. La joven afectada en Camagüey permanece en estado de angustia, atrapada en una isla que no solo sufre el colapso de sus servicios básicos, sino también el de sus instituciones encargadas de impartir justicia. La respuesta de la legación diplomática de Estados Unidos resulta vital en estos casos, pero la impunidad con la que operan los extorsionadores en Cuba plantea serias dudas sobre la viabilidad de un viaje seguro para la diáspora que decide regresar a su país de origen.
