Las autoridades de la isla han estrechado sus lazos con el gobierno vietnamita mediante acuerdos en defensa, ciberseguridad y agroindustria, replicando un modelo de apertura económica controlada que mantiene intacto el monopolio político. Mientras Cuba recibe donaciones y asesoría de Hanói, la dictadura cubana intenta implementar reformas de mercado que, lejos de democratizar el acceso a la propiedad, consolidan el control estatal y la corrupción institucionalizada.
Recientes intercambios diplomáticos y comerciales entre La Habana y Hanói han puesto en el centro de la escena la llamada \»vietnamización\» de la economía cubana. Durante las últimas semanas, una delegación encabezada por Miguel Díaz-Canel y otros altos funcionarios ha fortalecido la cooperación bilateral, la cual incluye una donación de ocho millones de dólares por parte del gobierno vietnamita. Los acuerdos públicos abarcan áreas estratégicas como la ciberseguridad, la biotecnología, la defensa y la agroindustria arrocera, un sector donde Vietnam carece de tierras cultivables pero Cuba mantiene vastos terrenos ociosos debido a la ineficiencia estatal.
El modelo que el ejecutivo cubano busca emular se basa en una apertura económica restringida que coexiste con un control político absoluto del Partido Comunista. Aunque la economía de mercado vietnamita puede proyectar una imagen de libertad empresarial, en realidad opera bajo los designios y límites impuestos por el Estado. Para la dictadura cubana, esta fórmula representa una vía para intentar reactivar la producción sin ceder el monopolio del poder, ofreciendo una libertad económica simulada que no contempla derechos civiles ni políticos para la ciudadanía.
Reformas diseñadas para mantener el control estatal
El intento de aplicar este esquema no es novedad en la isla. Sus primeros vestigios se remontan a la creación de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) en 1994, durante la crisis del Período Especial. En aquel entonces, en lugar de una verdadera reforma agraria que entregara la propiedad plena de la tierra a los campesinos, el régimen de La Habana mantuvo la titularidad estatal y impuso precios de acopio fijos, destinando el 70% de la producción al aparato gubernamental. La actual crisis económica, marcada por una espiral inflacionaria y el desplome de la moneda nacional, ha impulsado una nueva fase de esta estrategia con la autorización de las medianas, pequeñas y microempresas (mipymes).
Sin embargo, a diferencia del modelo asiático, la implementación de las mipymes en Cuba ha estado profundamente marcada por la corrupción, el nepotismo y el cohecho. La red de negocios emergentes está entrelazada con altos niveles de la dirigencia política, empresarial y gubernamental, evidenciando que la liberalización económica en manos de la dictadura cubana funciona más como un mecanismo de enriquecimiento de la élite que como una solución para el desabastecimiento generalizado. La estructura burocrática garantiza que las plusvalías sigan concentradas en las esferas del poder, dejando a la población al margen de cualquier beneficio real.
La profundización de esta alianza estratégica con Vietnam y la importación de su modelo de gestión auguran un escenario de continuidad en la represión política y la falta de libertades democráticas. Mientras la comunidad internacional observa los intercambios comerciales, los cubanos enfrentan las consecuencias de un sistema que prioriza la supervivencia del aparato estatal sobre el bienestar social. La \»vietnamización\» a la cubana, lejos de ser un motor de desarrollo equitativo, se perfila como un nuevo blindaje institucional para perpetuar el control de una cúpula que se resiste a someterse al escrutinio popular y a abrir espacios de verdadera democracia.
