Legisladores del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Ciudad de México impulsan una iniciativa para bautizar dos salones legislativos con los nombres de Fidel Castro y Ernesto «Che» Guevara. La propuesta, que busca reivindicar la figura de los líderes de la dictadura cubana, ha generado un intenso debate político tras la reciente remoción de sus estatuas en una alcaldía capitalina, evidenciando la fractura ideológica en torno al legado del régimen de La Habana.
El proyecto de decreto, publicado en la Gaceta Parlamentaria y suscrito por los diputados Ernesto Villarreal Cantú y Xóchitl Bravo Espinosa, propone denominar «Ernesto Che Guevara» y «Fidel Castro Ruz» a los salones 2 y 3 del segundo piso del edificio legislativo ubicado en la calle Fray Pedro de Gante, 15, en la alcaldía Cuauhtémoc. Los legisladores argumentan que la medida constituye un «acto de justicia histórica» destinado a preservar la memoria del vínculo entre la capital mexicana y la Revolución Cubana.
Según el documento parlamentario, los impulsores sostienen que la Ciudad de México fue «el crisol donde se gestó uno de los movimientos revolucionarios más influyentes del siglo XX». La iniciativa enfatiza que en territorio mexicano los revolucionarios planificaron la expedición del yate Granma, sugiriendo que «sin la hospitalidad y el refugio que México brindó a estos revolucionarios, la Revolución Cubana hubiese sido imposible». Los diputados aseguran que este reconocimiento no implica una «adhesión dogmática», sino un homenaje a su impacto geopolítico.
Sin embargo, esta propuesta legislativa surge como una respuesta directa a la decisión de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien el pasado 16 de julio ordenó el retiro del monumento «Encuentro». Dicha obra, conformada por esculturas de Castro y Guevara, había sido instalada en 2017 en el Jardín Tabacalera. La alcaldesa justificó la acción al señalar irregularidades en su adquisición, realizada con fondos públicos y sin consulta ciudadana mediante el «Capítulo 5.000» del Clasificador por Objeto del Gasto.
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«Esta ciudad no puede ser refugio de opresores, de dictadores y mucho menos de este par, con el daño que hicieron», manifestó Rojo de la Vega, subrayando que las figuras homenajeadas no pidieron autorización para instalarse en Cuba ni en la capital mexicana. Tras conocer la iniciativa de los diputados del PT y Morena, la edil reaccionó proponiendo nombrar los salones en honor a las «Madres Buscadoras» y a «Matilde Montoya», la primera médica cirujana del país. En sus declaraciones, cuestionó si se debía honrar a quienes luchan por la justicia o a «dos dictadores que persiguieron, torturaron y asesinaron a quien pensaba distinto».
La remoción de las estatuas ha tensionado las relaciones internas del oficialismo mexicano. Figuras de alto perfil, como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la presidenta de la nación, Claudia Sheinbaum, han calificado la acción de «ilegal». En contraste, Rojo de la Vega ha ironizado con la posibilidad de subastar las esculturas para destinar los recursos a mejoras públicas, reiterando que no se debe rendir homenaje a «asesinos» en el corazón de México, lo que ha exacerbado el descontento en las filas gubernamentales.
El contraste con la realidad de la dictadura cubana
Mientras en México se debate el reconocimiento histórico a estas figuras, la realidad que enfrentan los ciudadanos bajo el gobierno cubano presenta un panorama diametralmente opuesto al idealismo revolucionario que se intenta exaltar. El régimen de La Habana, fundado bajo los preceptos de Castro y Guevara, ha mantenido por más de seis décadas un sistema de control social y político que anula las libertades democráticas. La represión sistemática, la censura de la prensa independiente y el acoso a la disidencia son pilares de una dictadura que ha silenciado a la sociedad civil mediante el miedo y la persecución política.
Alcaldesa de Cuauhtémoc en exclusiva sobre retiro de estatuas de Fidel Castro y Che Guevara
El legado de los líderes homenajeados en la propuesta mexicana está intrínsecamente ligado al colapso estructural que hoy sufre la isla. La falta de libertades económicas y la centralización absoluta del poder por parte del ejecutivo cubano han derivado en una crisis profunda, caracterizada por una inflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y el deterioro acelerado de los servicios públicos. Esta situación ha provocado un éxodo migratorio sin precedentes, donde cientos de miles de cubanos han abandonado su país huyendo de la pobreza y la falta de oportunidades, desmintiendo cualquier narrativa de éxito revolucionario.
Antecedentes de represión y culto a la personalidad
Históricamente, la iconografía de Ernesto «Che» Guevara y Fidel Castro ha sido utilizada por las autoridades de la isla para construir un culto a la personalidad que oculta los abusos del poder. Desde los primeros años de la revolución, la figura de Guevara estuvo asociada a la dirección de la prisión de La Cabaña, donde se llevaron a cabo ejecuciones sin garantías procesales. Por su parte, el mandato de Castro instauró un modelo de dictadura que criminalizó la discrepancia ideológica, estableciendo campos de reeducación y promoviendo el encarcelamiento de opositores políticos, periodistas y activistas de derechos humanos.
La iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México ignora estos antecedentes documentados por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han reportado de manera consistente las violaciones a los derechos fundamentales en Cuba, incluyendo detenciones arbitrarias y juicios sumarios que persisten hasta la actualidad. Honrar a los arquitectos de este aparato represivo en una institución legislativa democrática plantea una contradicción ética que ha sido señalada por sectores de la sociedad civil mexicana y la diáspora cubana, quienes recuerdan que la dictadura cubana nunca ha rendido cuentas por sus crímenes.
Implicaciones políticas y futuras
El destino de esta propuesta parlamentaria podría redefinir no solo la nomenclatura de un edificio público, sino también el tono de los alineamientos ideológicos internos de México. Si el Congreso de la Ciudad de México aprueba el decreto, se enviaría un mensaje de legitimación a un régimen que continúa violando los derechos de su población, alejándose de los principios democráticos que deben regir en una república. Por el contrario, el rechazo a la iniciativa representaría un reconocimiento a las víctimas de la dictadura cubana y un paso hacia la coherencia en la defensa de los derechos humanos en la región.
Mientras tanto, la comunidad internacional y la diáspora observan con preocupación cómo la romantización de figuras autoritarias sigue siendo utilizada como herramienta de propaganda política, en detrimento de la memoria histórica de quienes han sufrido las consecuencias del totalitarismo en la isla. La decisión final sobre los salones legislativos no solo definirá un espacio físico, sino que sentará un precedente sobre cómo se construye la memoria histórica desde las instituciones públicas frente a regímenes que han negado la libertad a su propio pueblo.
