El Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba emitió nuevas directrices judiciales para procesar los casos relacionados con cannabinoides sintéticos, conocidos popularmente como \»el químico\», ordenando a los jueces aplicar la modalidad agravada de tráfico de drogas independientemente de la cantidad incautada, atendiendo a la alta toxicidad de la sustancia. La medida, publicada en la Gaceta Oficial, busca contener una crisis sanitaria que el propio Estado se ha visto obligado a reconocer tras la rápida expansión de esta droga entre los jóvenes cubanos.
El Dictamen 476/2025 establece que los tribunales deben enfocar la calificación penal en la \»potencia cualitativa\» y el \»alto efecto nocivo\» de los cannabinoides sintéticos, desestimando el antiguo parámetro de 1 libra (460 gramos) utilizado para determinar el agravante de \»cantidades relativamente grandes\». El documento precisa que estas sustancias, inspiradas en la marihuana pero fabricadas en laboratorios, son considerablemente más adictivas y dañinas, afectando gravemente el sistema nervioso central e incluso provocando la muerte. Para los supuestos de tenencia ilícita, las autoridades de la isla orientan aplicar el artículo 236, inciso a, del Código Penal, que contempla sanciones de privación de libertad de uno a tres años.
El texto detalla que con cantidades mínimas se puede lograr un elevado número de dosis, ya que las fórmulas se disuelven en precursores y se pulverizan con spray sobre hojas de papel u otros productos. Actualmente, circulan en Cuba alrededor de 45 tipos de los más de 250 cannabinoides sintéticos existentes a nivel mundial. El gobierno cubano, a través de una consulta previa con la Fiscalía General y los ministerios de Interior, Justicia y Salud Pública, instruye a los jueces a motivar sus sentencias valorando los peritajes toxicológicos, las posibles ganancias económicas y las condiciones de incidencia y precios en cada territorio.
Una crisis social que refleja el colapso estructural de la isla
La judicialización severa de este fenómeno ocurre en un contexto de profunda crisis económica y descomposición social en el país. La falta de perspectivas, el desabastecimiento crónico y el deterioro de los servicios públicos han propiciado un terreno fértil para el consumo de sustancias psicoactivas, particularmente entre adolescentes y jóvenes. En mayo, medios estatales se vieron obligados a reconocer la rápida expansión del \»químico\», recogiendo testimonios de consumidores que han perdido su dignidad y recurrido a la violencia intrafamiliar debido a la adicción. En aquel momento, un oficial antidrogas en Sancti Spíritus admitió que \»un puñado de gramos\» es suficiente para envenenar a decenas de personas.
Sin embargo, la respuesta del régimen de La Habana se limita una vez más al endurecimiento punitivo y al castigo penal, ignorando las causas estructurales que empujan a amplios sectores de la juventud al consumo y la marginalidad. Mientras la dictadura cubana prioriza la represión y el control social a través del sistema judicial, la ciudadanía enfrenta un entorno de creciente desesperanza. La efectividad de estas nuevas directrices del TSP será nula si no se acompaña de políticas reales de rehabilitación, algo inalcanzable bajo un sistema que ha conducido al colapso del sector salud y a la profundización de la pobreza en la isla.
