Citan por “desobediencia” a líder masón opuesto a la intervención del Estado en el Supremo Consejo

ura cubana cita por \»desobediencia\» al líder masónico José Ramón Viñas Alonso ante su rechazo a la injerencia estatal

El Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, José Ramón Viñas Alonso, ha sido citado para comparecer ante la policía política de la dictadura cubana bajo el presunto delito de \»desobediencia\». La citación, emitida por el Departamento de Delitos contra la Seguridad del Estado, se produce en medio de un agudo conflicto entre la institución masónica y el Ministerio de Justicia (MINJUS), tras el intento del Estado de intervenir en la organización y deponer a su líder legítimamente electo.

De acuerdo con fuentes cercanas a la institución que solicitaron el anonimato por temor a represalias, un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) entregó la citación oficial en la vivienda del líder masónico en La Habana. El documento establece que Viñas Alonso debe presentarse en la estación policial de Infanta y Manglar, donde será instruido de cargos por el \»capitán Andy\», identificado como instructor penal del órgano represivo encargado de los delitos contra la seguridad del Estado.

El intento de intervención del Ministerio de Justicia

Esta acción coercitiva contra el líder masónico ocurre apenas diez días después de que más de un centenar de masones se congregaran en la sede del Supremo Consejo, conocida como \»Catedral Escocesa\», para respaldar a Viñas Alonso. Los presentes rechazaron tajantemente lo que denominaron un intento de injerencia directa por parte del régimen de La Habana a través del MINJUS. El pasado 7 de agosto, la directora de Asociaciones del Ministerio, Miriam García Mariño, se presentó en la sede masónica escoltada por dos funcionarios para exigir la renuncia inmediata del soberano gran comendador.

Durante ese encuentro, García Mariño sostuvo que el gobierno cubano no reconoce la legitimidad de Viñas Alonso, a pesar de haber sido electo conforme a las normas internas de la institución. La funcionaria estatal argumentó, bajo una interpretación arbitraria de la ley masónica, que el líder ha permanecido en el cargo más tiempo del permitido. Según testigos presenciales, la directora del MINJUS se negó a dar explicaciones, alegando que se trataba de una decisión del tribunal y exigiendo que los masones acataran las leyes del país, en una clara muestra de subordinación de la justicia a los designios del poder ejecutivo.

Citación divulgada entre masones este lunes (Cortesía)

Ante la negativa de la comunidad masónica de aceptar la imposición de un sustituto designado por el Estado, los funcionarios se retiraron de la sede. En videos captados durante el incidente, se escucha a los masones coreando consignas como \»Fuera\», \»No más injerencia\» y \»Los masones decidimos lo de los masones\». El abogado del Supremo Consejo, Roberto Ortega, confirmó en su momento que no existía ningún mandato legal que respaldara la medida adoptada por el MINJUS, evidenciando la naturaleza extralegal de la maniobra estatal.

Hostigamiento judicial y represión selectiva

El hostigamiento contra José Ramón Viñas Alonso no es un hecho aislado. El líder masónico se encuentra bajo reclusión domiciliaria e imputado en otro proceso penal por el delito de \»tráfico de divisas\», supuestamente por cambiar 100 dólares en el mercado informal. Viñas Alonso ha denunciado públicamente que agentes de la Seguridad del Estado lo han amenazado en múltiples ocasiones con enviarlo a prisión si no accede a colaborar con los órganos represivos y a entregar su cargo de manera voluntaria, lo que configura un claro caso de chantaje y persecución política.

Contexto sistemático: El control absoluto de la sociedad civil

La ofensiva contra la masonería cubana se enmarca en el control sistemático que la dictadura cubana ejerce sobre todas las formas de organización social, religiosa y fraternal que escapan a su control directo. A través de la Ley 54, conocida como Ley de Asociaciones, el régimen de La Habana se arroga la autoridad de vigilar el cumplimiento de las leyes internas de estas instituciones. Las logias masónicas están obligadas a entregar copias de sus actas y acuerdos internos, y deben solicitar aprobación para cualquier reajuste organizativo, bajo la amenaza constante de ser multadas o clausuradas.

Este nivel de injerencia, calificado por el masón Sergio R. Vidal Águila como \»un hecho sin precedentes en el mundo\», demuestra la paranoia del Estado frente a cualquier grupo que mantenga cierta autonomía. Mientras la isla se hunde en una profunda crisis económica caracterizada por una inflación descontrolada, un colapso total de los servicios básicos y un éxodo migratorio sin precedentes, las autoridades de la isla dedican sus recursos y aparato represivo a asfixiar a una institución centenaria que no representa una amenaza violenta, sino simplemente un espacio de independencia ciudadana.

Antecedentes de la represión a la autonomía institucional

Históricamente, el gobierno cubano ha utilizado el aparato jurídico para neutralizar a figuras incómodas o líderes de sectores independientes. La utilización de figuras delictivas comunes, como el cambio de divisas en el mercado informal —una práctica generalizada en toda la población debido al descalabro monetario del país—, es una táctica recurrente de la policía política para criminalizar a activistas, periodistas y líderes comunitarios. Al imputar a Viñas Alonso por cambiar 100 dólares, el ejecutivo cubano evidencia la naturaleza selectiva y punitiva de su sistema judicial, que castiga la desobediencia política bajo el ropaje de delitos económicos.

La cita para comparecer ante la policía política ha motivado una convocatoria de respaldo bajo el lema \»La masonería se respeta\», con masones dispuestos a congregarse en las inmediaciones de la estación policial en señal de solidaridad con su líder. Esta movilización representa un acto de rara valentía en un contexto donde la dictadura ha demostrado su disposición a reprimir con violencia cualquier concentración pública, como se evidenció trágicamente tras las protestas masivas del 11 de julio de 2021.

Implicaciones y consecuencias futuras

La criminalización de la dirigencia masónica por parte del Estado cubano envía un mensaje contundente a toda la sociedad civil: no existe espacio para la disidencia ni la autonomía institucional, por más tradicional o inofensiva que sea. La resolución de este conflicto determinará el futuro de la masonería en la isla, pero también marca un precedente peligroso para otras organizaciones religiosas y fraternales que operan bajo el constante acecho del Estado. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben prestar atención a este caso, que expone una vez más la naturaleza autoritaria de un régimen que prefiere destruir las instituciones centenarias antes que tolerar el más mínimo grado de independencia ciudadana.