Un joven cubano de 18 años, identificado como Antonio Rassi, perdió la vida mientras cumplía el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en la Unidad Militar El Calvario, en La Habana. El deceso, presuntamente por un disparo autoinfligido, vuelve a evidenciar la vulnerabilidad de los reclutas y la falta de garantías dentro de las instituciones castrenses de la isla.
De acuerdo con testimonios recogidos por familiares de otros soldados, Rassi habría decidido quitarse la vida tras un evidente deterioro en su salud mental. Una fuente cercana al caso denunció que el joven presentaba señales claras de inestabilidad durante sus últimos días, incluyendo el abandono de su higiene personal. Pese a estos indicios alarmantes, las autoridades militares hicieron caso omiso y le proporcionaron un arma de fuego sin realizar las evaluaciones psicológicas pertinentes, exponiendo un fallo grave en el protocolo de cuidado.
La familia del recluta, que velaba sus restos en la funeraria de Infanta, exige explicaciones sobre los hechos. A través de redes sociales, allegados como su tía Maribel Hernández lamentaron la tragedia y se unieron al clamor ciudadano que exige la eliminación del carácter obligatorio del servicio militar. La indignación ha crecido entre la población, que responsabiliza directamente al Estado por forzar a adolescentes a ingresar a entornos de alto riesgo sin las mínimas medidas de seguridad.
Un patrón de muertes y silencio institucional
Este suceso no es un hecho aislado, sino parte de una alarmante crisis dentro de las filas del SMO. Según documentación de la organización jurídica Cubalex, Rassi es al menos el decimoquinto joven que fallece en lo que va de año bajo estas circunstancias. Los reportes detallan que las causas de estas muertes abarcan desde negligencias médicas y accidentes en centros de prevención hasta autolesiones y disparos. Activistas y padres de familia advierten que el servicio militar ha dejado de ser una etapa formativa para convertirse en un espacio de abusos y peligro constante.
Frente a esta escalada de tragedias, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) mantiene un hermetismo absoluto. La dictadura cubana ha omitido cualquier pronunciamiento oficial sobre estos decesos, profundizando la angustia de los familiares y demostrando la falta de control democrático sobre las fuerzas armadas. La sociedad civil advierte que, mientras el régimen de La Habana mantenga el reclutamiento forzoso y siga ignorando la crisis de derechos humanos en los cuarteles, el éxodo de jóvenes y el repudio social hacia las políticas estatales continuarán en aumento.
