Uno de los seis sobrevivientes del incidente marítimo ocurrido el pasado 25 de febrero en Corralillo, provincia de Villa Clara, falleció este jueves debido a complicaciones médicas derivadas de las heridas sufridas durante el enfrentamiento con fuerzas de seguridad del Estado. Roberto Álvarez, quien permanecía hospitalizado, sufrió una hemorragia y un posterior infarto tras ser trasladado a un centro hospitalario en La Habana, elevando a cinco el número de víctimas mortales del operativo.
La prensa oficial del régimen de La Habana confirmó el deceso, limitándose a señalar que Álvarez falleció el 4 de marzo \»como consecuencia de las heridas recibidas\». Sin embargo, la información contrasta con los testimonios familiares, que denunciaron no haber sido notificados hasta un día después del fallecimiento. Según el periodista Daniel Benítez, el occiso fue trasladado desde una unidad de terapia intensiva en Villa Clara hasta la capital, donde su salud se agravó críticamente. La esposa del fallecido, residente en Estados Unidos, ha declinado ofrecer declaraciones públicas debido al dolor que le genera la situación.
Con el deceso de Álvarez, se elevan a cinco las muertes vinculadas a este incidente, sumándose a las de Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa. Mientras las autoridades de la isla sostienen que se trató de una operación hostil y un intento de infiltración desde Estados Unidos, los familiares y allegados en la diáspora describen a los implicados como migrantes comunes y trabajadores sin vínculos comprobados con estructuras armadas o planes subversivos. Esta contradicción mantiene el caso envuelto en un manto de opacidad.
La versión del Ministerio del Interior y el uso de la fuerza letal
En un intento por justificar la actuación de sus agentes, el Ministerio del Interior (MININT) ofreció detalles del operativo en el programa estatal \»Razones de Cuba\». El primer coronel Ybey Carballo Pérez, jefe de Estado Mayor de las Tropas Guardafronteras, calificó la respuesta de \»racional y defensiva\», alegando que los tripulantes de la embarcación dispararon primero contra la lancha interceptora, hiriendo al capitán Yosmany Hernández. Asimismo, el funcionario aseguró que la nave transportaba un amplio arsenal, incluyendo fusiles de asalto, pistolas, uniformes de camuflaje y miles de municiones, una narrativa que el gobierno cubano utiliza para respaldar la letalidad del ataque.
Este incidente y la posterior represión informativa se enmarcan en la profunda crisis estructural que atraviesa la isla, caracterizada por un éxodo migratorio sin precedentes y el endurecimiento de las políticas de control fronterizo. La dictadura cubana ha recurrido históricamente a la criminalización de quienes intentan ingresar o salir del país por vías no autorizadas, utilizando la fuerza desproporcionada y el amedrentamiento como herramientas para disuadir la movilidad humana en un contexto de colapso económico y falta de libertades.
La muerte de Roberto Álvarez deja en evidencia la falta de transparencia en los procedimientos judiciales y médicos dentro de la isla, así como la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la arbitrariedad del poder. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen la exigencia de una investigación independiente que esclarezca los hechos, mientras las familias afectadas aguardan respuestas sobre el paradero y el estado de los demás sobrevivientes, quienes permanecen bajo el control absoluto de las fuerzas de seguridad del Estado.
