El sistema educativo cubano se prepara para iniciar el periodo lectivo 2025-2026 el próximo 1 de septiembre con un severo déficit de docentes que amenaza la calidad de la enseñanza en todo el país. Las autoridades de la isla reconocen una escasez crítica de personal en provincias clave, obligando al cierre de instituciones y la redistribución de estudiantes ante la incapacidad de garantizar la cobertura mínima en las aulas.
En territorios como Camagüey, la cobertura docente apenas alcanza el 75,5 %, dejando un vacío de más de 2.400 profesores para atender a una matrícula de 98.000 estudiantes distribuidos en 716 escuelas. La situación es aún más alarmante en Sancti Spíritus, donde la plantilla llega solo al 68,2 % con más de 2.000 plazas vacantes. Para mitigar el colapso, el gobierno cubano ha implementado medidas de emergencia, incluyendo contratos por horas y la fusión de centros educativos. Solo en Camagüey se han suprimido 19 instituciones para concentrar al escaso personal disponible.
La capital no escapa a esta crisis. En La Habana, donde cursarán estudios cerca de 274.000 alumnos en 1.170 escuelas, las autoridades admiten que la falta de educadores golpea con dureza a municipios como Cerro, La Lisa, Boyeros, Diez de Octubre y Guanabacoa. Las asignaturas más perjudicadas a nivel nacional incluyen Matemáticas, Física, Inglés y Cultura Política, afectando principalmente los niveles de Educación Técnica y Profesional, preuniversitario y secundaria básica.
El colapso estructural de la educación en la isla
El déficit docente no es una novedad, sino la consecuencia directa de la profunda crisis económica que atraviesa el país. En el curso anterior, el sistema arrancó con 24.000 docentes menos de los necesarios, representando un 12,5 % del total. Los profesionales de la educación abandonan las aulas ante la imposibilidad de sobrevivir con salarios indignos, migrando hacia el sector privado o sumándose al masivo éxodo que ha vaciado a Cuba de su fuerza laboral calificada.
A la escasez de maestros se suman las carencias materiales persistentes que agravan el panorama: falta de uniformes, inexistencia de libros de texto y el deplorable estado de la infraestructura escolar. El régimen de La Habana ha demostrado una incapacidad sistemática para garantizar las condiciones básicas que permitan a los educadores permanecer en sus puestos, priorizando el gasto en propaganda y aparatos de control social sobre la inversión en el bienestar de sus ciudadanos.
El nuevo curso arrancará bajo el peso de una emergencia que se repite año tras año y que refleja el fracaso de las políticas del ejecutivo cubano. Mientras la dictadura cubana mantiene su discurso oficialista, el desmantelamiento real del sistema educativo compromete de manera irreversible el futuro académico y profesional de las nuevas generaciones, profundizando la brecha de desigualdad y atraso en la nación.
