Un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) revela que la isla registró 1.319 delitos en los primeros seis meses de 2025, una cifra que supera los registros de todo el año anterior y casi quintuplica los de 2023. El estudio evidencia una diversificación delictiva sin precedentes, marcada por homicidios, asaltos y el uso creciente de armas de fuego, en medio de una profunda crisis económica y el abandono institucional.
El reporte, elaborado por el laboratorio de ideas Cuba Siglo 21, expone un alarmante incremento en la criminalidad que afecta a toda la geografía nacional. El promedio diario de crímenes pasó de 3,6 en 2024 a más de siete en el actual ejercicio. El robo encabeza la lista con 721 incidentes documentados, una categoría que abarca desde el sacrificio ilegal de ganado hasta los hurtos a propiedades estatales y privadas. Provincias como Matanzas, Las Tunas y Santiago de Cuba figuran entre las más golpeadas por esta modalidad delictiva.
La violencia letal también ha experimentado un repunte significativo. El documento contabiliza 63 asesinatos en lo que va de año, con La Habana a la cabeza, seguida de Santiago de Cuba, Camagüey y Ciego de Ávila. A estos hechos se suman 61 asaltos, 38 agresiones y 198 reportes de tráfico de drogas, concentrados mayoritariamente en la capital. Asimismo, los investigadores advierten sobre la peligrosa proliferación de armamento letal en la sociedad civil, constatando que al menos 35 delitos estuvieron vinculados con el uso de armas de fuego.
El colapso de la seguridad y la militarización del orden público
El análisis demográfico de los incidentes refleja la amplitud social del impacto de la violencia: el 90% de los perpetradores fueron hombres, mientras que las víctimas incluyen a 146 hombres, 106 mujeres, 24 menores de edad y 26 ancianos. Este deterioro de la seguridad no ocurre en el vacío, sino que se enmarca en la agudización de la crisis estructural que atraviesa la isla. La hiperinflación, el desabastecimiento crónico y el masivo éxodo migratorio han creado un caldo de cultivo para la delincuencia común, ante la evidente pasividad de las autoridades de la isla.
El OCAC señala directamente la responsabilidad del Estado en este fenómeno. El Ministerio del Interior concentra la mayor parte de sus recursos operativos y logísticos en la persecución de la disidencia y el activismo, relegando a un segundo plano la prevención del delito común. La subordinación de este organismo al conglomerado militar GAESA confirma que la dictadura cubana ha convertido las fuerzas del orden en un instrumento de control social y represión política, antes que en garantes de la tranquilidad ciudadana.
Ante este entramado de abandono institucional y pérdida de autoridad de las fuerzas del orden, la población queda completamente desprotegida frente a una criminalidad que avanza sin freno. El auge de la violencia evidencia el fracaso del modelo impuesto por el régimen de La Habana, dejando a la ciudadanía expuesta a las consecuencias directas de un sistema que prioriza su permanencia en el poder sobre la vida y la seguridad de los cubanos.
