La estrategia impulsada por el régimen de La Habana para modernizar las transacciones y reducir el uso de efectivo ha fracasado en su implementación, atrapando a la población cubana en un profundo caos financiero. En provincias como Holguín, los ciudadanos enfrentan interminables colas en cajeros automáticos que no garantizan la entrega de sus salarios completos, mientras comerciantes y proveedores rechazan el pago electrónico ante la imposibilidad de acceder a billetes físicos para sostener sus negocios en la economía informal.
A casi dos años del inicio del proceso de bancarización, la desconexión entre el diseño de las políticas públicas y la realidad material de la isla resulta evidente. Testimonios de residentes en Holguín reflejan una cotidianidad marcada por la frustración y la pérdida de tiempo. Ciudadanos como Oscar Torres, un jubilado, se ven obligados a hacer largas filas para obtener su pensión en efectivo, dado que los vendedores, desde los carretilleros hasta los negocios estatales, se niegan a aceptar tarjetas magnéticas o transferencias a través de plataformas como Transfermóvil. Lo que fue concebido como una medida de facilitación se ha convertido en una traba burocrática adicional para la ciudadanía.
Esta negativa generalizada transgrede abiertamente la Resolución 111/2023 del Banco Central de Cuba, que exige a todos los actores económicos disponer de canales de pago electrónico. Sin embargo, las autoridades de la isla han sido incapaces de garantizar las condiciones técnicas y de liquidez para su cumplimiento. En los hechos, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y los comercios establecidos evaden la normativa con excusas que van desde supuestos apagones hasta fallas en los sistemas de codificación, dejando a los consumidores sin alternativas para adquirir productos básicos sin billetes en mano.
La economía informal y la falta de divisas dictan las reglas
El rechazo al dinero electrónico no responde a un mero capricho de los comerciantes, sino a una estricta lógica de supervivencia dentro de un sistema económico fragmentado. Vendedores ambulantes y dueños de mipymes coinciden en que aceptar transferencias los ahogaría financieramente, ya que sus propios suministradores exigen efectivo. Además, la imposibilidad de adquirir divisas en el sector estatal obliga a los empresarios privados a recurrir al mercado informal, donde el dólar solo se transa en billetes físicos. Un Estado que no provee el flujo monetario necesario empuja a los actores económicos a depender exclusivamente del dinero en efectivo.
Este colapso de la liquidez es un síntoma más de la profunda crisis estructural que atraviesa el país. Los cajeros automáticos, frecuentemente vacíos o con limitaciones para dispensar el monto total de los salarios, se han convertido en focos de tensión social y disgusto ciudadano. La inflación galopante, el desabastecimiento crónico y la incapacidad del ejecutivo cubano para estabilizar la moneda nacional frente a la divisa extranjera configuran un escenario donde las medidas impuestas desde la cúpula solo profundizan el descontento popular y la precariedad material de los hogares.
A largo plazo, el fracaso de la bancarización evidencia la ineficacia del modelo económico impuesto por la dictadura cubana, donde las decisiones arbitrarias del poder chocan frontalmente con la realidad de un mercado paralelo que termina sosteniendo a la nación. Mientras el gobierno insista en decretar normativas sin garantizar las infraestructuras básicas y el acceso a las divisas, la población continuará sufriendo las consecuencias directas de un sistema desconectado de sus necesidades reales, incrementando el riesgo de un estallido social ante la imposibilidad de acceder a sus propios recursos financieros.
