La secretaria general del partido mexicano Morena, Carolina Rangel Gracida, firmó un acuerdo de cooperación con el Partido Comunista de Cuba (PCC) durante una visita oficial a La Habana. El pacto, que busca fortalecer el intercambio político entre ambas fuerzas, se concretó tras la participación de la dirigente en el desfile del 1 de mayo y una reunión con el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, reavivando las críticas sobre la afinidad ideológica del ejecutivo mexicano con la dictadura cubana.
Según un comunicado publicado en la red social X, la dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) realizó una visita oficial a la isla donde participó en las actividades del Día Internacional de los Trabajadores, organizadas por las autoridades de La Habana. Durante su estancia, Rangel Gracida sostuvo un encuentro con Díaz-Canel, momento en el que se materializó el acuerdo bilateral. El objetivo declarado del pacto es «fortalecer la cooperación y el intercambio político entre ambas fuerzas progresistas», según las palabras de la propia secretaria general.
La agenda de la visita incluyó reuniones con figuras clave del aparato ideológico del régimen. Rangel Gracida se reunió con la dirección del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), una entidad tradicionalmente utilizada por el gobierno cubano para proyectar su influencia, tejer redes de solidaridad y exportar su propaganda en el exterior. Asimismo, mantuvo contactos con representantes del Departamento de Relaciones Internacionales del PCC, consolidando la alianza entre el partido hegemónico en México y el único partido permitido en la isla.
Un respaldo político en medio de la crisis mexicana
En su declaración, Morena celebró este acercamiento asegurando que «continúa fortaleciendo sus lazos internacionales, avanzando en su consolidación como el movimiento de izquierda más importante de América Latina». Aunque los detalles específicos del acuerdo no han sido divulgados, este movimiento político ha generado un intenso debate en el panorama mexicano. La oposición ha señalado reiteradamente la inclinación del partido gobernante hacia modelos autoritarios, acusaciones que Morena ha intentado desestimar a lo largo de los años.
Los lazos entre el régimen de La Habana y la dirigencia política mexicana no son una novedad. Morena, fundado en octubre de 2011 por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, estableció durante su sexenio una de las relaciones más estrechas y complacientes con el gobierno cubano en la región. López Obrador se erigió como un aliado incondicional de la isla, minimizando en múltiples ocasiones el contexto de violaciones a los derechos humanos, censura y crisis social que atraviesa el país caribeño bajo el control absoluto del PCC.
Esta línea política ha sido heredada por la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuya base política es precisamente Morena y que gobierna con mayoría en la mayor parte de los estados de la república. En diciembre pasado, Sheinbaum generó controversia al referirse a los gobiernos de Cuba y Venezuela como «gobiernos progresistas», ignorando la profunda crisis económica, la represión social y el colapso institucional que sufren ambas naciones bajo regímenes no democráticos. Según la mandataria, México comparte «muchas cosas en común» con estas administraciones.
La exportación de servicios médicos y el negocio del régimen
Uno de los aspectos más criticados de esta relación bilateral es la continuidad en la contratación de médicos cubanos por parte del ejecutivo mexicano. Este programa, que el régimen de La Habana exporta como una de sus principales fuentes de ingresos en medio de la asfixia económica, ha sido señalado por organismos internacionales como una forma de trata laboral. Los profesionales de la salud cubanos suelen recibir una fracción mínima del salario pagado por el país receptor, mientras que la mayor parte de los fondos van a parar directamente a las arcas del Estado cubano, financiando el mismo aparato represivo que limita las libertades en la isla.
El contexto de crisis estructural y represión en Cuba
El acercamiento institucional entre Morena y el PCC ocurre en un momento crítico para la realidad nacional cubana. La isla atraviesa una de las peores crisis estructurales de su historia reciente, caracterizada por una hiperinflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y un colapso generalizado de los servicios públicos, incluido el sistema eléctrico y de agua potable. Esta situación ha empujado a millones de cubanos a la pobreza extrema, desencadenando un éxodo migratorio sin precedentes hacia Estados Unidos y otros países de la región, en busca de supervivencia básica.
A la crisis económica se suma el endurecimiento de la represión por parte de la dictadura cubana. El gobierno ha incrementado las tácticas de asedio, hostigamiento y encarcelamiento contra activistas, periodistas independientes y opositores políticos. La falta de libertades fundamentales, la censura estricta sobre los medios de comunicación y el control absoluto del aparato judicial son prácticas sistemáticas que el PCC emplea para mantener su hegemonía y aplacar cualquier intento de protesta social, criminalizando la exigencia de derechos civiles como ocurrió tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
Resulta paradójico que, mientras la población civil cubana sufre la represión y busca desesperadamente abandonar la isla, los partidos políticos de la región busquen legitimar y fortalecer sus vínculos con el mismo aparato que ha provocado el colapso nacional. La firma de este acuerdo de cooperación política no solo representa un respaldo diplomático al PCC, sino que también envía un mensaje de tolerancia hacia las prácticas autoritarias que han mantenido a Cuba en un estancamiento profundo por más de seis décadas.
Implicaciones futuras y respaldo internacional
El impacto de este acuerdo trasciende la retórica política y los intercambios partidistas. Para la ciudadanía cubana, el respaldo de un partido con el peso institucional y electoral de Morena supone un blindaje adicional para el régimen de La Habana en el ámbito internacional. Este tipo de alianzas dificulta las exigencias de apertura democrática y respeto a los derechos humanos por parte de la comunidad global, al normalizar las relaciones con una cúpula militar y política que no ha sido elegida mediante sufragio libre y plural.
La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos mantienen su mirada alerta sobre estas dinámicas diplomáticas. Mientras el gobierno cubano siga contando con aliados en la región que validan su modelo autoritario bajo el eufemismo de «fuerzas progresistas», las perspectivas de una transición pacífica, la implementación de un estado de derecho y una recuperación económica sostenible en la isla se vuelven cada vez más inciertas. La cooperación entre Morena y el PCC se inscribe, por tanto, como un nuevo capítulo en la complicidad regional con el autoritarismo en el Caribe.
