El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart y el legislador sueco Markus Wiechel publicaron un artículo en Newsweek donde denuncian la histórica y actual colaboración del régimen de La Habana con el terrorismo global, destacando su rol activo en la guerra de Rusia contra Ucrania mediante el envío de mercenarios y el respaldo político a Moscú.
En su análisis conjunto, los parlamentarios exponen cómo las autoridades de la isla han facilitado desde 2022 el reclutamiento de miles de ciudadanos cubanos para combatir en las filas rusas. Los autores señalan que esta operación de tal magnitud \»no sería posible sin la aprobación del régimen\», estimando que el número de combatientes podría alcanzar los 20.000. Esta participación convierte al ejecutivo cubano en partícipe de lo que describen como \»terror respaldado por el Estado\», al asociarse con ataques que han afectado infraestructura civil y hospitales en territorio ucraniano.
Un patrón histórico de desestabilización y refugio
El texto recuerda que, desde la década de 1960, la dictadura cubana ha sido un punto de apoyo logístico para grupos armados como las FARC y el ELN en Colombia. Aunque La Habana ha fungido como sede para negociaciones de paz, los legisladores argumentan que su papel no ha sido el de un mediador imparcial, sino el de un protector para líderes vinculados a atentados letales, como el ocurrido en Bogotá en 2019. Además, subrayan que el gobierno cubano sigue otorgando refugio a fugitivos estadounidenses buscados por crímenes graves y mantiene operaciones de desinformación y ciberguerra.
El artículo también aborda las alianzas del régimen de La Habana con naciones como Irán y Corea del Norte, advirtiendo que estos vínculos agravan las amenazas a la seguridad regional. En este contexto, los firmantes recuerdan que Estados Unidos reinstauró a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo debido a su injerencia en Venezuela y otras acciones desestabilizadoras. Díaz-Balart y Wiechel instan a la comunidad internacional a no ignorar esta clasificación y a reconocer formalmente la amenaza que representa la isla para las democracias.
Esta denuncia internacional se produce en un escenario de profunda crisis estructural en la isla. Mientras el régimen destina recursos y capital político a alianzas geopolíticas y a la exportación de mercenarios, la ciudadanía enfrenta un colapso acelerado de los servicios públicos, una inflación galopante y un desabastecimiento crónico. La precariedad extrema ha sido uno de los motores principales del éxodo migratorio masivo, pero también ha facilitado el reclutamiento de cubanos desesperados por ingresos económicos para ser enviados a zonas de conflicto internacional.
Para Díaz-Balart y Wiechel, catalogar formalmente a la isla como un Estado patrocinador del terrorismo es un paso indispensable para frenar sus acciones en el exterior. La exigencia de los legisladores plantea un desafío para los gobiernos democráticos, que deberán definir si endurecen su postura diplomática frente a La Habana o mantienen la política de apaciguamiento. Las implicaciones de esta presión internacional podrían condicionar el futuro de las relaciones con la isla y la rendición de cuentas sobre el respaldo estatal a la violencia global.
