Dos ataques coordinados en distintas regiones de Colombia dejaron un balance de al menos 18 personas fallecidas y 65 heridos este jueves. Un atentado con explosivos cerca de una base aérea en Cali y el derribo de un helicóptero policial en Antioquia, atribuidos a facciones disidentes de las extintas FARC, sumieron al país en lo que el presidente Gustavo Petro calificó como \»un día de muerte\».
El primero de los ataques ocurrió en horas de la tarde en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali (Valle del Cauca). Según informó BBC News Mundo, el atentado fue ejecutado mediante cilindros bomba cargados en un camión, cuya detonación provocó la muerte de al menos seis civiles, además de dejar un saldo de decenas de heridos. La explosión, ocurrida cerca de las 15:00 hora local, obligó a las autoridades a evacuar edificios cercanos, cerrar calles y restringir el tránsito vehicular en la zona. En el mismo sector se detectó posteriormente una furgoneta con cilindros, aunque se descartó que estuvieran cargados de explosivos.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, decretó estado de emergencia en la ciudad, prohibió temporalmente el ingreso de camiones de gran tonelaje y ofreció una recompensa de 100.000 dólares a quien aporten información que conduzca a la identificación y captura de los responsables. Horas antes del atentado en Cali, en el municipio de Amalfi (Antioquia), un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado mediante un dron cargado de explosivos, causando la muerte de 12 agentes. El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, calificó el incidente como una \»acción terrorista\» y precisó que la aeronave se dirigía a apoyar labores de erradicación manual de cultivos ilícitos en la zona.
Responsabilidades divididas entre facciones disidentes
El gobierno colombiano atribuyó los dos ataques a facciones distintas de las disidencias de las FARC. En el caso de Cali, las autoridades señalaron al Estado Mayor Central (EMC), estructura liderada por alias Iván Mordisco. En tanto, el derribo del helicóptero en Amalfi fue atribuido al frente 36 de la facción escindida del EMC, dirigida por alias Calarcá. Cabe destacar que ambas estructuras formaron parte de una misma organización hasta su ruptura en abril de 2024, cuando el sector de Calarcá pasó a denominarse Estado Mayor de Bloques y Frentes. Hasta el momento, ninguno de estos grupos ha reivindicado la autoría de los ataques.
En Cali, ciudadanos retuvieron a un hombre que intentaba huir tras las explosiones. El presidente Petro confirmó posteriormente en su cuenta de X que el detenido, identificado como \»alias Sebastián\», pertenecería a una de las estructuras del EMC dirigidas por Iván Jacob Idrobo, conocido como \»alias Marlon\». Petro detalló que el atentado fue ejecutado por \»dos personas, sin armas, pero cargadas de explosivos, que salieron corriendo apenas uno de los camiones se activó, y que la población ayudó a capturar en el barrio contiguo\». Por su parte, la Fiscalía General informó que puso a disposición de esa entidad a \»dos hombres que habrían participado en la activación de los artefactos explosivos\» en Cali, añadiendo que la información preliminar apunta a una posible autoría de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC.
Tras los ataques, Petro viajó a Cali y se reunió con altos mandos militares y funcionarios de su gabinete. Aunque el ministro del Interior, Armando Benedetti, barajó la posibilidad de declarar un \»estado de conmoción interior\», el presidente descartó esa opción. En su lugar, se ordenó la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención de la emergencia y se incrementará la presencia militar en la zona. El alcalde Eder explicó que el PMU tendrá como objetivo recuperar sectores del sur del Valle del Cauca. Los ataques representan un duro golpe para la política de \»paz total\» impulsada por Petro, que buscaba negociar la desmovilización de los grupos armados ilegales, y reavivan el debate sobre la capacidad del Estado colombiano para garantizar la seguridad ciudadana en territorios históricamente disputados por actores al margen de la ley.
