La Aduana General de la República informó sobre la incautación de un cargamento de cocaína en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, oculto dentro de latas de atún y compartimentos secretos de un equipaje. El hallazgo, presentado por las autoridades como un éxito de su aparato de seguridad, vuelve a evidenciar la falta de transparencia del régimen de La Habana al omitir detalles clave sobre la investigación y los implicados.
Según la versión difundida por los medios oficiales, el estupefaciente fue detectado gracias a la coordinación con el Órgano Antidrogas. Las imágenes publicadas muestran una lata abierta con un paquete de polvo blanco, acompañada de otras nueve selladas, aunque no se precisó si todas contenían la sustancia ilícita. Como es costumbre en este tipo de reportes, el gobierno cubano omitió información fundamental: la procedencia de la droga, el itinerario del vuelo, el peso total del decomiso y si se produjeron arrestos relacionados con el caso.
El vicejefe primero de la Aduana, Wiliam Pérez González, aprovechó el anuncio para reiterar el rol de la institución como un \»escudo de la nación\» frente al narcotráfico. Sin embargo, este tipo de declaraciones se insertan en una estrategia comunicacional recurrente. La opacidad con la que las autoridades de la isla manejan estos incidentes impide conocer la cadena de custodia, el avance de las investigaciones posteriores o el destino judicial de los presuntos implicados, lo que reduce el hecho a un mero recurso de propaganda política.
Opacidad y control propagandístico frente al colapso estructural
Este incidente se suma a una serie de decomisos recientes en el país, donde se han hallado drogas ocultas en objetos tan variados como figuras religiosas, duchas eléctricas, motores de agua, gominillas y cigarrillos, e incluso introducidas en el cuerpo humano. Ante el profundo colapso económico, la hiperinflación y el aislamiento internacional que atraviesa la isla, el régimen busca proyectar hacia el exterior una imagen de nación segura y con control absoluto de sus fronteras, un relato que choca frontalmente con la evidente falta de transparencia en la gestión institucional.
El manejo selectivo de la información por parte de la dictadura cubana en materia de narcotráfico no solo limita el escrutinio público, sino que oculta las posibles fallas estructurales en el control fronterizo y la administración de justicia. Para la ciudadanía, esta ausencia de datos verificables refuerza la desconfianza hacia las instituciones y deja en evidencia que, más allá de la seguridad nacional, el objetivo principal del ejecutivo cubano es mantener una fachada de normalidad y control ante la comunidad internacional.
