Organizaciones independientes como YoSíTeCreo en Cuba y el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) mantienen activas varias alertas por la desaparición de mujeres en la isla, un fenómeno que evidencia la absoluta desprotección ciudadana frente a la inoperancia de las autoridades. La falta de mecanismos oficiales para localizar a personas extraviadas ha obligado a activistas y familiares a construir sus propias redes de búsqueda, ante la pasividad del régimen de La Habana.
La ausencia de protocolos institucionales para abordar estos casos es una constante denunciada por la sociedad civil. La periodista y activista Marta María Ramírez impulsó la creación de las alertas \»Mayde\» y \»Yeniset\» tras comprobar que el Estado no cuenta con procedimientos para localizar a niñas, niños y mujeres desaparecidos. El caso de la adolescente Maydeleisis Rosales, ausente desde 2021 cuando tenía 16 años, fue el detonante para evidenciar que el gobierno cubano incumple sus propias obligaciones en materia de derechos humanos, ignorando que toda persona extraviada, incluso en supuestas fugas voluntarias, tiene derecho a ser buscada.
Entre los casos más recientes destaca el de Misleydis Martínez Aleaga, de 49 años y paciente de esquizofrenia, vista por última vez el 18 de octubre de 2024. A pesar de sus antecedentes de hospitalización en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido como Mazorra, la policía asegura no poder localizarla, mientras su familia sufre además la arbitraria suspensión de la ayuda económica estatal. De igual forma, Doraiky Águila Vázquez, de 48 años, continúa en paradero desconocido desde que salió de su domicilio en el municipio Diez de Octubre. Su búsqueda ha tenido que recurrir a redes sociales ante la nula respuesta efectiva de las fuerzas del orden, limitándose la mención oficial a un breve mensaje en el Canal Educativo.
La angustia se replica en otras provincias. Mabel García Corrales, de 54 años y con problemas nerviosos, desapareció en Ciego de Ávila y fue supuestamente vista en la terminal interprovincial de ómnibus de Sancti Spíritus, sin que la Policía Nacional Revolucionaria ofrezca resultados a la denuncia interpuesta por su familia. En La Habana, Karildi Caridad Marín, de 24 años, lleva ausente desde diciembre de 2023; su hermano ha ratificado en redes que la joven no abandonó el país, ya que su pasaporte permanece en su hogar de Párraga, lo que descarta el éxodo migratorio y profundiza las sospechas sobre la inacción oficial.
Desprotección y abandono institucional
La crisis de las desapariciones no es un hecho aislado, sino un síntoma más del colapso estructural que atraviesa la isla. La dictadura cubana ha desmantelado cualquier red de protección social efectiva, sumiendo a la población en un estado de vulnerabilidad extrema donde la inseguridad ciudadana y la represión policial conviven sin ofrecer respuestas a las víctimas. Mientras las organizaciones de derechos humanos y los familiares continúan clamando por justicia en un entorno de censura, el silencio oficial refleja el desprecio del poder hacia la vida y la integridad de los cubanos, exigiendo una mayor escrutación por parte de la comunidad internacional ante esta grave violación de los derechos fundamentales.
