Una mujer identificada como Kenia, madre de una niña de siete años, fue asesinada presuntamente por su pareja en el barrio habanero de Luyanó, tras ser lanzada desde la azotea de la vivienda que compartían en la calle Rodríguez. El suceso, que conmocionó a los residentes de la zona, evidencia una vez más la grave crisis de violencia machista que azota a la isla y la inacción estatal para proteger a las víctimas.
Según testimonios de vecinos recogidos por medios independientes, el presunto homicida presenta un historial de alcoholismo y violencia doméstica constante contra la víctima. Tras cometer el crimen, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) procedió a su detención. Fuentes vecinales señalaron además que el individuo podría tener antecedentes vinculados a otro asesinato. La cineasta Belvega Belmonte denunció el hecho a través de redes sociales, advirtiendo que, de confirmarse, este sería el feminicidio número 22 documentado en Cuba en lo que va de año.
Hasta finales de julio, la plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) y el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas habían verificado 21 feminicidios, un asesinato de hombre por motivos de género y un intento de feminicidio. Estas organizaciones operan en un entorno de hostilidad y criminalización impulsado por la dictadura cubana contra el activismo feminista. A pesar del acoso, la falta de acceso a fuentes oficiales y la inexistencia de una tipificación legal del feminicidio, estos colectivos han logrado documentar 267 casos desde 2019, supliendo la opacidad informativa del régimen de La Habana.
Opacidad oficial y eufemismos estatales
El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG), entidad estatal, reportó recientemente que 76 mujeres mayores de 15 años fueron asesinadas por razones de género en procesos judiciales concluidos este año, de los cuales 55 fueron perpetrados por sus parejas o exparejas. Sin embargo, el ejecutivo cubano evita sistemáticamente emplear el término \»feminicidio\», recurriendo a eufemismos como \»violencia de género extrema\» para maquillar la severidad de la crisis y eludir la adopción de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
La inexistencia de una ley integral contra la violencia de género y la ausencia de protocolos públicos de protección a las víctimas reflejan el desinterés de las autoridades de la isla por garantizar la integridad de las mujeres. Mientras el Estado prioriza el aparato represivo y el control social por encima de la seguridad ciudadana, las cubanas continúan siendo víctimas de una violencia letal que se nutre de la impunidad. La exigencia de la sociedad civil por un marco legal que proteja a las mujeres choca de frente con la negación del gobierno cubano de reconocer el colapso estructural de sus políticas sociales, dejando a la ciudadanía en un estado de total desamparo frente al terrorismo machista.
