El asesino de las ciudadanas cubanas Elisa Consuegra Gálvez y Maritza Osorio Riverón, brutalmente asesinadas en Madrid en 2016, fue liberado en un reciente canje diplomático impulsado por Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro. Mientras la indignación crece en España por la liberación de un convicto de triple homicidio, las autoridades de la isla mantienen un mutismo absoluto ante la impunidad del crimen que costó la vida a dos trabajadoras cubanas.
Elisa Consuegra, abogada, y Maritza Osorio, secretaria, ejercían sus labores en un despacho jurídico en el madrileño barrio de Usera. En junio de 2016, ambas fueron víctimas de un ataque brutal a manos de Dahud Hanid Ortiz, un exmarine con doble nacionalidad estadounidense y venezolana. Motivado por un ajuste de cuentas pasional contra el dueño del despacho, quien no se encontraba en el lugar, Ortiz acuchilló a las dos mujeres y a un cliente ecuatoriano, para luego prender fuego al local y huir.
Tras una fuga que lo llevó por varios países, Ortiz fue capturado en Venezuela en 2018. El régimen de Caracas rechazó la extradición solicitada por la Audiencia Nacional de España y lo juzgó en su territorio, condenándolo a 30 años de prisión a inicios de 2024. Sin embargo, este mes, el gobierno de Nicolás Maduro incluyó al asesino en un intercambio de prisioneros con Estados Unidos, gestionado por Donald Trump. Aunque el acuerdo se presentó como un gesto humanitario para liberar a ciudadanos estadounidenses, evidenció la liberación de un criminal convicto que actualmente se encuentra en territorio norteamericano sin custodia.
La hipocresía diplomática del régimen cubano
Ante esta grave vulneración de la justicia y el dolor de las familias afectadas, el gobierno cubano ha guardado un silencio cómplice. Ni el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), ni la Fiscalía General, ni los medios de comunicación oficialistas han emitido pronunciamiento alguno sobre el caso. La dictadura cubana, que habitualmente despliega una retórica beligerante frente a cualquier política de Washington, ha omitido por completo exigir explicaciones a los gobiernos implicados, incluyendo a su principal aliado en Caracas. Tampoco ha ofrecido apoyo público a los familiares de Elisa y Maritza, demostrando una vez más que la vida de los ciudadanos comunes carece de valor real para el aparato estatal.
Este caso refleja no solo la frialdad institucional del ejecutivo cubano frente a la tragedia de sus nacionales en el extranjero, sino también cómo la geopolítica y los intereses de las cúpulas en la región priman sobre la justicia y los derechos humanos. La liberación de Ortiz deja un saldo de profunda impunidad y frustración para quienes esperaban que los 30 años de condena se cumplieran. Mientras tanto, las familias de las víctimas enfrentan el desamparo total, evidenciando que la crisis estructural de la isla también se manifiesta en la total indefensión de sus ciudadanos frente a los abusos del poder y los acuerdos diplomáticos a puerta cerrada.
