Dos hechos delictivos ocurridos el mismo fin de semana en la localidad de Parada, a escasos tres kilómetros de Puerto Padre, exponen con crudeza el orden de prioridades del régimen cubano: mientras el asalto a mano armada contra una mujer que transitaba junto a una unidad militar permanece sin resolver, oficiales de la Contrainteligencia Militar y la Fiscalía Militar se movilizan para investigar la sustracción de un buey perteneciente a las Fuerzas Armadas.
El primer incidente tuvo lugar durante las primeras horas de la noche del sábado en las inmediaciones de una instalación del Ejército Oriental y a corta distancia de un punto de control de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que opera las veinticuatro horas del día. Una mujer que circulaba en su bicicleta eléctrica fue interceptada por un individuo enmascarado y armado con un cuchillo, quien la amenazó de muerte si no le entregaba el vehículo. Hasta el momento de la redacción de este reporte, no se habían reportado detenciones ni identificación de sospechosos.
El hecho, que podría encuadrarse en el delito de \»robo con violencia o intimidación en las personas\» previsto en el artículo 415 del Código Penal cubano, tendría la categoría de un asalto más de no ser por el lugar donde ocurrió: a metros de una unidad militar y bajo la supuesta vigilancia de un punto fijo policial. La ausencia de respuesta institucional frente a un delito violento que puso en riesgo la vida de una civil contrasta de manera elocuente con la celeridad con la que el aparato militar reaccionó ante la pérdida de uno de sus bienes patrimoniales.
La \»desaparición del buey militar\»
El segundo hecho ocurrió durante el mismo fin de semana, pero a diferencia del asalto, no en el límite de un área rotulada como \»Zona militar — No pase\», sino dentro de terrenos bajo control directo del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR). El animal sustraído pertenecía a una unidad agropecuaria militar destinada a la producción de alimentos para las tropas y se encontraba en una granja anteriormente denominada \»Plan Lechero MINFAR Uno\», hoy reconvertida al cultivo de viandas y otros frutos menores para el consumo de los soldados.
La investigación no está a cargo de la PNR, como correspondería a un delito común de hurto —tipificado en el artículo 410 del Código Penal—, sino que fue asumida por oficiales operativos de la Contrainteligencia Militar (CIM) y por instructores penales de la Fiscalía Militar. La sustracción del bovino, en términos estrictamente jurídicos, no difiere de cualquier otro acto de cuatrerismo que se denuncia a diario en el campo cubano. Sin embargo, la naturaleza del propietario —el MINFAR— activó un mecanismo de investigación de alto nivel que rara vez se observa cuando las víctimas son ciudadanos comunes.
Es importante señalar que, en los delitos contra los derechos patrimoniales, la naturaleza del hecho no varía según quién sea el propietario o usufructuario de los bienes sustraídos. La intervención de la CIM tampoco convierte automáticamente el caso en un delito de carácter político ni en un acto \»contrarrevolucionario\». Se trata, en esencia, de un hurto de ganado, una práctica que se ha multiplicado en el sector rural cubano como consecuencia directa de la profunda crisis económica que atraviesa el país.
Un orden de prioridades revelador
El contraste entre ambos casos resulta revelador de la lógica de funcionamiento del sistema cubano. Mientras un asalto violento en el que una mujer pudo perder la vida continúa sin detenciones conocidas —a pesar de haber ocurrido a escasos metros de un punto de control policial permanente—, el aparato de inteligencia militar se despliega para rastrear la desaparición de un animal destinado al consumo de las tropas. Que la seguridad de una ciudadana quede subordinada a la protección del patrimonio militar no es una anomalía, sino la manifestación cotidiana de cómo opera la dictadura cubana: el Estado y sus instituciones armadas siempre prevalecen sobre los derechos y la seguridad de la población civil.
La inacción policial frente al asalto de Puerto Padre no es un caso aislado. En los últimos años, la inseguridad ciudadana se ha disparado en toda la isla, con un incremento sostenido de robos con violencia, asaltos en vía pública y homicidios. Las fuerzas del orden, debilitadas por la propia crisis institucional y material que afecta a todas las estructuras del Estado, muestran una creciente incapacidad para garantizar la seguridad pública. Sin embargo, cuando los bienes afectados pertenecen a las Fuerzas Armadas o a las altas esferas del poder, la respuesta es inmediata y contundente.
Contexto: cuatrerismo y crisis rural en Cuba
El robo de ganado, conocido popularmente como cuatrerismo, se ha convertido en una práctica extendida en el campo cubano como consecuencia de la agudización de la crisis económica. La escasez de alimentos, la inflación galopante y el deterioro de los salarios reales han empujado a numerosos sectores de la población a mecanismos de subsistencia que en muchos casos cruzan la línea de la ilegalidad. El sacrificio clandestino de reses y la venta de carne en el mercado negro se han generalizado en provincias como Las Tunas, Holguín, Camagüey y Santiago de Cuba, donde la actividad ganadera era tradicionalmente un pilar de la economía local.
Las autoridades de la isla han respondido a este fenómeno con un endurecimiento penal, particularmente a través del nuevo Código Penal vigente desde 2022, que elevó las penas para delitos contra la propiedad, incluyendo el hurto de ganado mayor. Sin embargo, la represión penal no ha logrado contener el fenómeno, que responde a causas estructurales mucho más profundas: el fracaso del modelo económico centralizado, la falta de incentivos para los productores, el deterioro de la infraestructura agropecuaria y la incapacidad del Estado para garantizar el abastecimiento básico de la población.
En este contexto, que el régimen de La Habana movilice a la Contrainteligencia Militar para investigar el robo de un buey mientras los ciudadanos son asaltados a metros de un puesto policial sin que se produzca ninguna respuesta institucional es un síntoma inequívoco de la descomposición del pacto social. El gobierno cubano ha demostrado reiteradamente que su prioridad no es la protección de la ciudadanía, sino la preservación de sus propias estructuras de poder y de los privilegios de la cúpula militar que controla los resortes del Estado.
Antecedentes: la militarización de la economía y la seguridad
La intervención de la Contrainteligencia Militar en lo que no es más que un hurto de ganado encaja dentro de un patrón más amplio de militarización de la vida pública cubana. Desde la década de 1990, y de manera acelerada en los últimos años, el MINFAR ha ampliado su control sobre amplios sectores de la economía civil, incluyendo el turismo, el comercio, la construcción y la producción agropecuaria. Las empresas militares GAESA, gestionadas por el holding empresarial de las Fuerzas Armadas, controlan una porción significativa de la economía del país, y los recursos materiales bajo administración militar —desde ganado hasta combustible y equipos— gozan de un nivel de protección que los ciudadanos comunes nunca reciben.
Esta asimetría se ha profundizado en el contexto de la crisis sistémica que atraviesa Cuba desde 2021. El colapso de la producción nacional, la caída de los ingresos por turismo y remesas, la inflación descontrolada y el deterioro acelerado de los servicios públicos han generado un escenario de creciente tensión social. La respuesta del ejecutivo cubano ha sido incrementar la represión, la vigilancia y el control social, en lugar de abordar las causas estructurales de la crisis. En este marco, la seguridad de los bienes militares se ha convertido en una prioridad absoluta, mientras la inseguridad ciudadana se agrava sin que las autoridades asuman responsabilidad política alguna.
El caso de Puerto Padre, en su aparente pequeñez, condensa con claridad la esencia del problema. Un régimen que protege con sus aparatos de inteligencia militar a un buey de su propiedad, pero que no es capaz de garantizar la integridad física de una mujer asaltada a la vista de un puesto policial, ha perdido cualquier vestigio de legitimidad como garante del bien común. Las consecuencias de este desequilibrio son previsibles: una creciente pérdida de confianza ciudadana en las instituciones, un deterioro aún mayor del tejido social y la profundización de la brecha entre el Estado y la población, que ya no espera protección de unas autoridades que la han abandonado a su suerte.
