El gobierno cubano ha decretado un aumento cercano al 100 % en las tarifas del gas licuado de petróleo (GLP) y el gas manufacturado, mientras avanza en la creación de un circuito comercial paralelo que exigirá el pago en dólares estadounidenses para determinados consumidores. La medida, publicada en la Gaceta Oficial, refleja el agotamiento del modelo económico estatal y descarga el costo de la crisis sobre una ciudadanía sumida en la pobreza estructural.
Mediante las resoluciones 155 y 156 del Ministerio de Finanzas y Precios, las autoridades de la isla elevaron el precio del cilindro de 10 kilogramos de GLP, conocido popularmente como «balita», de 180 a 350 pesos cubanos, lo que representa un incremento del 94,4 %. De igual forma, la tarifa general del gas manufacturado prácticamente se duplicó al pasar de 2,50 a 4,97 pesos por metro cúbico, un alza del 98,8 % que entró en vigor de inmediato.
El encarecimiento de un servicio tan esencial para la alimentación cotidiana no viene solo. El ejecutivo cubano anunció la implementación de un proyecto escalonado, a cargo de la estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET), para vender cilindros de gas en dólares estadounidenses. Aunque el comunicado oficial omitió detalles cruciales como la fecha de inicio, el precio en divisas o los territorios seleccionados, la medida consolida una política de dolarización que segmenta a la sociedad entre quienes tienen acceso a moneda fuerte y la inmensa mayoría que sobrevive con el depreciado peso cubano.
El pretexto del embargo y el fracaso de la centralización
Para justificar el drástico incremento, el Ministerio de Finanzas y Precios recurrió a la retórica habitual y atribuyó la decisión a la «compleja realidad de cerco energético», haciendo alusión al embargo estadounidense. El régimen de La Habana sostiene que los precios vigentes desde 2021 ya no cubren los costos reales de importación, distribución y comercialización, y reconoce que las limitaciones de divisas impiden abastecer la demanda nacional.
Sin embargo, la narrativa oficial oculta la responsabilidad directa de la dictadura cubana en el colapso del sector energético. La falta de combustibles y la imposibilidad de importar petróleo no son consecuencia exclusiva de las sanciones externas, sino del agotamiento de un sistema económico centralizado e ineficiente, incapaz de generar riqueza propia y dependiente de subsidios externos que hoy escasean. La admisión oficial de que el Estado ya no puede asumir los subsidios es un reconocimiento del fracaso de su modelo de gestión.
Las cifras divulgadas por el propio ministerio exponen la magnitud del impacto. Cuba cuenta con 1.707.763 clientes de GLP, de los cuales el 26 % se concentra en La Habana y otro 37 % en provincias como Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba. En el caso del gas manufacturado, distribuido exclusivamente en la capital, existen más de 280.000 clientes residenciales. Para esta base de consumidores, el nuevo precio representa un golpe demoledor a sus ya mermados ingresos.
Dolarización y desigualdad social institucionalizada
La estrategia de vender gas en dólares es presentada por el gobierno como un mecanismo para financiar las entregas en pesos cubanos. No obstante, la realidad es que se impone un sistema de apartheid comercial. Mientras un sector de la población, beneficiado por remesas o negocios privados, podrá acceder al combustible en moneda extranjera, la mayoría quedará relegada a un circuito en pesos sometido a la escasez, la incertidumbre y los apagones.
El ministerio también autorizó a la Empresa de Gas Manufacturado a pactar precios superiores, incluso en dólares, con clientes que utilicen el combustible para actividades productivas o de servicios. Esta disposición, carente de tablas tarifarias claras en la Gaceta Oficial, otorga un margen de discrecionalidad alarmante a las empresas estatales, en un entorno donde la corrupción y la falta de transparencia administrativa son endémicas.
Para mitigar el impacto social, el régimen anunció que el presupuesto del Estado cubrirá el incremento de las facturas a más de 55.000 núcleos beneficiarios de la asistencia social (15.000 de gas manufacturado y 40.000 de GLP). También estableció una tarifa bonificada de cuatro pesos por metro cúbico para hospitales y hogares de ancianos. Sin embargo, estos parches asistenciales no resuelven el problema de fondo para la clase trabajadora, que verá cómo una porción significativa de su salario se evapora solo para poder cocinar.
Contexto: Una crisis estructural que asfixia a la población
El aumento del gas no es un hecho aislado, sino una nueva manifestación de la crisis estructural que atraviesa la isla. La economía cubana se encuentra inmersa en una hiperinflación galopante que ha devaluado drásticamente el poder adquisitivo del peso. Con salarios promedio que apenas superan los 4.000 pesos mensuales, el hecho de destinar 350 pesos a una sola balita de gas implica un porcentaje altísimo del ingreso familiar, dejando en evidencia la imposibilidad de cubrir las necesidades básicas.
El colapso del sector energético es el mismo que ha mantenido a la isla sumida en apagones prolongados durante los últimos años. La falta de combustible para la generación eléctrica obligó a muchas familias a recurrir a cocinas eléctricas, lo que sobrecargó el ya frágil sistema electroenergético nacional. Ahora, con el gas por las nubes, la población se encuentra atrapada en un círculo vicioso: sin energía eléctrica estable y sin capacidad económica para adquirir combustibles alternativos.
Este escenario de asfixia económica es el principal motor del éxodo migratorio sin precedentes que ha vaciado a Cuba de su fuerza joven y productiva. La imposibilidad de acceder a servicios básicos, sumada a la represión política y la ausencia de libertades, ha empujado a cientos de miles a abandonar el país. Las medidas económicas del régimen, lejos de ofrecer soluciones, actúan como aceleradores de la fuga de talento y capital humano.
Antecedentes y consecuencias a futuro
Hay que recordar que el precio de la «balita» había sido fijado en 180 pesos durante el llamado «Ordenamiento Monetario» de 2021, una fallida reforma que pretendía unificar las monedas pero que desató una espiral inflacionaria insostenible. Aquella política, al igual que las actuales, fue implementada sin un respaldo productivo real, confiando en que la simple emisión de decretos resolvería los desequilibrios macroeconómicos. Cuatro años después, el régimen reconoce tácitamente el fracaso de aquella reforma con este nuevo e injustificado aumento.
El panorama a futuro se presenta sombrío. La decisión de la dictadura cubana de dolarizar aún más los servicios básicos no hará más que profundizar la fractura social y el descontento popular. Aunque el régimen cuenta con un aparato represivo eficiente para sofocar cualquier intento de protesta, la presión económica acumulada en los hogares cubanos es insostenible. La falta de respuestas estructurales y la persistencia en culpar a factores externos auguran que la crisis de subsistencia continuará degradando la calidad de vida en la isla.
La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben prestar atención a cómo estas políticas económicas arbitrarias constituyen, en la práctica, una violación sistemática del derecho a una vida digna. El cobro en dólares para servicios que deberían ser universales, en un país donde el Estado controla el 90 % de la economía y prohíbe la libre empresa en sectores estratégicos, no es más que una medida desesperada de un sistema autoritario para captar divisas a cualquier costo, sacrificando el bienestar de sus ciudadanos en el proceso.
