La Cuban Electric Company presentó una demanda ante un tribunal federal en Washington contra la Unión Eléctrica (UNE) y Energas S.A. por la explotación comercial durante décadas de centrales eléctricas, redes de transmisión e instalaciones de gas que fueron confiscadas sin compensación en 1960. La compañía solicita que la justicia estadounidense triplique la indemnización base certificada en más de 267 millones de dólares, lo que elevaría la reclamación a unos 802,7 millones de dólares, más intereses y costas judiciales.
El recurso legal fue presentado el 29 de julio ante el Tribunal Federal para el Distrito de Columbia bajo el nombre de Cuban Electric Company v. Unión Eléctrica et al. Aunque la demanda se encuentra en su etapa inicial y aún no existe una resolución sobre el fondo del litigio, representa un nuevo frente legal contra las empresas estatales cubanas que operan infraestructuras expropiadas tras el triunfo de la revolución. La demandante fundamenta su caso en el tráfico de propiedades confiscadas, un delito civil contemplado en la legislación estadounidense.
La cuantía principal de la reclamación asciende a 267.568.413,62 dólares por daños efectivos. Este monto no fue calculado de manera unilateral, sino que fue certificado por la Comisión para la Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos en una decisión final emitida en agosto de 1970. La entidad reconoció la pérdida sufrida por Cuban Electric Company tras la nacionalización de sus propiedades y estableció un interés anual del 6% desde el 6 de agosto de 1960 hasta un eventual acuerdo o pago. La demanda actual exige la triplicación de ese principal, intereses previos y posteriores al fallo, y el reembolso de los honorarios de abogados.
Cuban Electric Company fue constituida en Florida en 1927 y un año después comenzó a adquirir pequeñas empresas de servicios públicos en la isla. Durante las tres décadas posteriores, la compañía más que duplicó la capacidad de generación de sus instalaciones. Para 1960, producía más del 90% de la electricidad vendida en Cuba y suministraba gas manufacturado en La Habana. La confiscación ordenada por el régimen de La Habana incluyó 12 centrales eléctricas, más de 6.600 millas de líneas de transmisión, el sistema de gas de la capital, subestaciones, terrenos, edificios, talleres, almacenes, vehículos y el Centro de Servicios de Capdevila, donde operaban las oficinas generales.
La demanda sostiene que una parte sustancial de esos bienes continúa incorporada al sistema energético estatal actual, lo que demuestra la dependencia estructural de la infraestructura cubana respecto a los activos expropiados. El escrito identifica la antigua central de Tallapiedra, en La Habana, donde funciona una subestación vinculada a la red soterrada de La Habana Vieja; la central de Regla, utilizada como punto de atraque de una patana de generación eléctrica; y Rincón de Melones, convertido en una subestación y complejo gasífero. Asimismo, señala que la antigua central O’Bourke, en la bahía de Cienfuegos, ocupa el terreno de la actual Central Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, y que la vieja red de transmisión se convirtió en la base de la infraestructura eléctrica nacional.
El amparo de la Ley Helms-Burton y el papel de Energas
La acción judicial se ampara en el Título III de la Ley Helms-Burton, una normativa que responsabiliza a quienes administren, utilicen, posean o desarrollen actividades comerciales con propiedades confiscadas en Cuba sin la autorización de sus legítimos propietarios. El recurso afirma que \»los demandados han traficado y continúan traficando con la propiedad confiscada\», atribuyendo a la UNE y a Energas beneficios económicos derivados de la generación, transmisión y venta de electricidad y gas.
En el caso específico de Energas S.A., la demanda la describe como una empresa mixta controlada en dos terceras partes por la UNE y la estatal Unión Cubapetróleo (CUPET), mientras que el tercio restante pertenece a la corporación canadiense Sherritt International. Los estados financieros de Sherritt confirman esa distribución y señalan que Energas dispone de 506 megavatios de capacidad instalada, lo que representa cerca del 10% de la capacidad de generación nacional. CUPET le suministra el gas de forma gratuita y la UNE compra toda la electricidad producida mediante contratos a largo plazo, un esquema que garantiza ingresos a las entidades estatales a partir de activos confiscados.
El litigio se produce en un momento de incertidumbre para las inversiones extranjeras en la isla. Sherritt International anunció el 15 de mayo su decisión de entregar su participación en Energas y notificar la disolución de la sociedad, tras suspender su intervención directa en negocios conjuntos con el gobierno cubano debido a las nuevas sanciones estadounidenses. Aunque la empresa canadiense recibió 26 millones de dólares canadienses en dividendos durante 2025, advirtió que el proceso de desvinculación podría tardar meses o años, dejando al ejecutivo cubano sin uno de sus principales socios energéticos.
Antecedentes legales y crisis estructural del sistema energético
Esta demanda llega poco más de un mes después de que la Corte Suprema de Estados Unidos facilitara este tipo de acciones legales contra empresas estatales cubanas. En un fallo de seis votos contra tres, emitido el 23 de junio en el caso de Exxon Mobil contra CIMEX y CUPET, la mayoría concluyó que \»la Ley Helms-Burton por sí misma abroga la inmunidad soberana de las agencias e instrumentalidades cubanas\». Esto significa que los demandantes no necesitan demostrar una excepción adicional bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, allanando el camino para que el régimen cubano rinda cuentas en tribunales estadounidenses.
El Título III de la Ley Helms-Burton fue aprobado en 1996, pero el derecho a demandar permaneció suspendido por sucesivos gobiernos estadounidenses hasta mayo de 2019. La activación de esta cláusula ha generado un creciente riesgo legal para cualquier empresa extranjera que opere en Cuba utilizando propiedades nacionalizadas. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el país mantiene 5.913 reclamaciones certificadas contra Cuba, con un principal conjunto superior a 1.900 millones de dólares, aunque no existe un fondo de pago ni un acuerdo bilateral que las haya liquidado.
El colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que sufre hoy la ciudadanía cubana no es ajeno a esta historia de expropiaciones y gestión estatal ineficiente. Al arrebatar la infraestructura a sus legítimos propietarios en 1960, la dictadura cubana eliminó los incentivos para la inversión, el mantenimiento y la modernización tecnológica. Las centrales heredadas, muchas de las cuales son objeto de esta demanda, han sido operadas durante décadas sin los estándares mínimos de eficiencia, sufriendo un deterioro acelerado por la falta de capital y la planificación centralizada.
La crisis energética actual, marcada por apagones prolongados que superan las 10 y 12 horas diarias en gran parte del territorio nacional, es la consecuencia directa de un modelo económico fundamentado en la confiscación y el control absoluto del Estado. La obsolescencia de las termoeléctricas, la incapacidad para asegurar el suministro de combustible y la dependencia de aliados geopolíticos que hoy reducen su apoyo, evidencian el fracaso de la gestión gubernamental sobre los activos que un día pertenecieron a empresas como Cuban Electric Company.
El panorama que dibuja esta demanda judicial es desalentador para las aspiraciones del régimen de La Habana de atraer capital extranjero. Con la inmunidad soberana revocada por la Corte Suprema y el endurecimiento de las sanciones, las empresas internacionales enfrentan un riesgo insostenible al asociarse con entidades estatales cubanas. Mientras las autoridades de la isla intentan eludir responsabilidades legales y mantener el control sobre una infraestructura colapsada, la población continúa siendo la principal víctima de un sistema que prioriza la supervivencia política del poder sobre el bienestar y los derechos básicos de la sociedad.
