El Congreso de los Diputados de España rechazó una proposición no de ley que buscaba condenar la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que declaró una emergencia nacional respecto a Cuba y amenazaba con gravar a los países suministradores de petróleo a la isla. La iniciativa fue derrotada con 170 votos en contra, 163 a favor y 13 abstenciones, en una votación donde la decisión de los partidos nacionalistas catalanes y vascos de abstenerse resultó determinante para el fracaso de la medida.
La cámara baja española dividió sus votos de manera clara según el espectro político. El Partido Popular (PP), Vox y la Unión del Pueblo Navarro (UPN) votaron en contra de la iniciativa. Por su parte, el bloque parlamentario formado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Sumar, Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu, Podemos, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Compromís respaldó el texto. Sin embargo, los siete diputados de Junts, los cinco del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, optaron por la abstención, restándole a la iniciativa los apoyos necesarios para su aprobación.
El texto sometido a votación, que incorporaba una enmienda del grupo socialista, pedía al ejecutivo español expresar su rechazo absoluto a la declaratoria de emergencia nacional y a las medidas arancelarias contempladas en la orden estadounidense. Asimismo, instaba al gobierno a liderar en la Unión Europea una posición firme contra lo que consideraban una agresión, reafirmar los principios de la Carta de las Naciones Unidas y reforzar la cooperación con el gobierno cubano en los sectores energético, alimentario y farmacéutico. La enmienda del PSOE, no obstante, eliminó de la versión original la exigencia de un levantamiento \»inmediato, total e incondicional\» del embargo comercial.
La Orden Ejecutiva 14380, firmada por Washington a inicios de año, declaró la emergencia nacional bajo el argumento de que las autoridades de la isla representan una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. Esta medida creó un marco legal para imponer aranceles a las importaciones de cualquier nación que vendiera o suministrara combustible a Cuba. Aunque la orden no establecía tasas fijas, facultaba al secretario de Comercio para identificar a los proveedores y reservaba la decisión final al presidente. Posteriormente, la Orden Ejecutiva 14389 suspendió la aplicación de estos aranceles adicionales, pero dejó vigente la declaratoria de emergencia nacional, manteniendo intacta la presión diplomática y jurídica sobre el régimen de La Habana.
Un debate polarizado entre el embargo y la represión interna
El debate parlamentario puso de manifiesto las profundas divergencias sobre cómo abordar la realidad cubana desde Europa. Desde las filas de Sumar, su secretario general, Enrique Santiago, minimizó la capacidad de Cuba para amenazar a la superpotencia norteamericana y calificó las políticas de Washington como un \»lento genocidio\», llegando a comparar la situación con una \»Gaza silenciosa\». Estas declaraciones obviaron el papel fundamental que ha jugado el modelo económico centralizado en el colapso productivo de la isla, atribuyendo exclusivamente al exterior el sufrimiento de la población.
A pesar de la defensa de la iniciativa, desde el propio PSOE surgieron voces críticas hacia el gobierno cubano. La diputada Rafaela Romero defendió la soberanía de los Estados y el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales, pero advirtió que defender al pueblo cubano frente al bloqueo no equivale a defender al gobierno cubano frente a sus ciudadanos. Romero citó los informes de Amnistía Internacional que documentan la represión sistemática contra activistas, artistas, intelectuales, estudiantes y defensores de los derechos humanos, señalando que forzar el sufrimiento civil para provocar un cambio de gobierno resulta \»humanitariamente repugnante\».
La derecha española, por el contrario, centró su ataque en la omisión del carácter autoritario del sistema político cubano en el texto de la proposición. La diputada popular Belén Hoyo reprochó que el documento no calificara explícitamente de dictadura al régimen cubano, calificativo que consideró innegable. Por su parte, el representante de Vox, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, acusó a las fuerzas de izquierda de utilizar el discurso del derecho internacional para otorgar un \»salvavidas político\» a lo que consideró la dictadura más longeva y cruel de Hispanoamérica, argumentando que la crisis humanitaria es producto directo del comunismo y no de las políticas comerciales de Estados Unidos.
Las abstenciones también estuvieron marcadas por el reproche a la falta de libertades en la isla. La diputada del PNV, Maribel Vaquero, advirtió que la crisis económica y el embargo no pueden utilizarse como pretexto para ignorar las violaciones de los derechos civiles y políticos en Cuba. Vaquero propuso que cualquier ayuda humanitaria se canalizara directamente al pueblo y a empresas independientes, evitando que los recursos engrosaran las arcas de un sistema totalitario. En la misma línea, Isidre Gavin, de Junts, rechazó las injerencias extraterritoriales de Washington pero atribuyó la pobreza, la miseria y la represión en primer lugar a la naturaleza dictatorial del gobierno, negándose a avalar una iniciativa que, a su juicio, blanqueaba al régimen.
Contexto sistemico: El colapso estructural y el uso del embargo como coartada
El debate en el Congreso español refleja una disyuntiva internacional recurrente. Si bien el embargo estadounidense ha sido condenado de manera casi unánime por la Asamblea General de la ONU en 33 ocasiones —la última con 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones—, el régimen de La Habana ha instrumentalizado históricamente esta sanción para justificar su ineficiencia productiva y su negativa a abrir espacios democráticos. La crisis estructural que sufre la isla hoy se manifiesta en una inflación galopante, desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, apagones prolongados y un éxodo migratorio sin precedentes, consecuencias directas de la falta de incentivos y la mala gestión de las autoridades de la isla.
La dependencia energética de Cuba la sitúa en una posición de extrema vulnerabilidad frente a medidas como las contempladas en la orden ejecutiva de Trump. El sistema eléctrico nacional se encuentra al borde del colapso debido a la falta de mantenimiento de sus termoeléctricas y a la interrupción frecuente de los suministros de combustible por parte de aliados como Venezuela y Rusia. Ante esta emergencia, el gobierno cubano ha optado por profundizar los mecanismos de control social en lugar de implementar reformas estructurales que alivien la carga económica sobre la población civil.
En este escenario de crisis multifactorial, la represión se ha consolidado como la principal herramienta de contención social de la dictadura. Las políticas de detenciones arbitrarias, los juicios sumarios, el exilio forzado y la vigilancia sistemática a través de plataformas de censura digital han silenciado el descontento popular tras las protestas del 11 de julio de 2021. Organizaciones internacionales han alertado sobre el deterioro de las garantías procesales y el uso del Código Penal para criminalizar la disidencia, una realidad que a menudo queda eclipsada en los debates parlamentarios europeos por el foco en las políticas de Washington.
Implicaciones y consecuencias a futuro
El resultado de la votación en Madrid no altera la situación jurídica ni diplomática impuesta por la orden ejecutiva estadounidense. Los aranceles sobre el petróleo siguen revocados, pero la emergencia nacional sobre Cuba permanece vigente, lo que permite a Washington reactivar las sanciones en cualquier momento si considera que sus intereses de seguridad nacional se ven comprometidos. Para el ejecutivo español, este rechazo parlamentario significa no tener que adoptar una posición oficial de condena frontal a la medida de Trump, manteniendo una línea de relación bilateral con Estados Unidos que evita roces innecesarios.
Para la ciudadanía cubana, este tipo de debates geopolíticos ocurren en un plano alejado de sus necesidades más urgentes. Mientras los parlamentos internacionales discuten sobre el embargo o las sanciones unilaterales, los cubanos continúan enfrentando el día a día bajo un sistema que limita sus libertades fundamentales y su capacidad de desarrollo económico. La falta de una condena unánime en España subraya la complejidad de articular una política exterior hacia Cuba que logre equilibrar el rechazo a las medidas extraterritoriales con la exigencia ineludible de un apertura democrática y el cese de la represión por parte de la dictadura.
