El exprisionero político Nilo Abrahantes Santiago, liberado el pasado 4 de julio tras cumplir cinco años de prisión por su participación en las protestas del 11J, denunció haber sido citado e intimidado por la Seguridad del Estado en Mayabeque. La acción evidencia la política de persecución continua de la dictadura contra los activistas que han logrado salir de la cárcel.
Abrahantes Santiago, de 45 años y natural del municipio Bejucal, recibió el 10 de julio una notificación para presentarse al día siguiente en la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de su localidad. El documento estaba firmado por el agente de la Seguridad del Estado identificado bajo el seudónimo de \»César\». Tras un tiempo de espera en la instalación sin que el oficial se presentara, el ciudadano decidió abandonar el lugar, reclamando que no volvieran a citarlo sin motivos justificados.
El repostero por cuenta propia había sido puesto en libertad apenas una semana antes de esta citación, después de haber cumplido por completo una sanción de cinco años de privación de libertad impuesta por el presunto delito de sabotaje. El régimen de La Habana rara vez concede beneficios penitenciarios o rebajas de condena a las personas procesadas por motivos políticos, obligándolos a cumplir sus sentencias hasta el último día como forma de escarmiento.
Traslados penitenciarios y vulneración sistemática de derechos
Durante su encierro, Abrahantes Santiago fue trasladado por diversos centros penitenciarios de máxima seguridad, incluyendo la prisión de Melena del Sur, Ivanov, El Pitirre y el Combinado del Este. El manifestante denunció en reiteradas ocasiones las violaciones de derechos humanos sufridas a manos de los uniformados, así como las precarias condiciones de cautiverio. El hacinamiento, la humedad, la escasez de alimentos y agua en mal estado, sumados a la falta de atención médica y medicamentos, provocaron severos cuadros de desnutrición y enfermedades durante su estancia en prisión.
El caso de Abrahantes Santiago está documentado y forma parte de la base de datos de Prisoners Defenders, organización internacional con sede en Madrid dedicada a la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad por motivos políticos en la isla. Su reciente excarcelación no ha significado el cese de la hostilidad estatal, una práctica habitual para mantener en la incertidumbre y el miedo a quienes se atreven a protestar.
El hostigamiento hacia este exprisionero de conciencia refleja la persistencia de un aparato represivo que busca silenciar cualquier intento de disidencia, incluso después de que los ciudadanos hayan satisfecho las condenas impuestas por la dictadura cubana. Esta dinámica de persecución constante agrava la crisis estructural de derechos humanos en el país y representa un desafío continuo para la comunidad internacional, que sigue documentando el acoso a los manifestantes del estallido social de 2021.
