La decisión de las autoridades de la isla de modificar la estrategia de cortes de energía, pasando de la desconexión por bloques a la ejecución por circuitos, responde a una táctica de control social diseñada para fracturar la capacidad de movilización ciudadana. Ante el inminente colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y el creciente descontento popular, el gobierno cubano ha implementado un mecanismo que aísla a los vecinos, impidiendo que las quejas locales se transformen en estallidos sociales masivos, especialmente en fechas políticamente sensibles como el aniversario del 11 de julio.
Hasta hace unos meses, los apagones en la isla se ejecutaban por bloques, un método que, aunque gestionado a distancia, dejaba sin energía a grandes extensiones territoriales, abarcando casi la mitad de la provincia de La Habana en un solo corte. Sin embargo, en las semanas previas a la conmemoración de las protestas de 2021, el régimen de La Habana introdujo un cambio metodológico: el apagón por circuitos. Según la nota oficial emitida por la Empresa Eléctrica, esta modificación obedecía a razones estrictas de «operatividad». No obstante, la implementación de este sistema requiere el despliegue de decenas de brigadas directamente en las calles y un gasto adicional de combustible para el traslado del personal, un recurso profundamente escaso en la actual coyuntura, lo que descarta una motivación puramente técnica.
Trabajadores de la propia Empresa Eléctrica, consultados bajo condición de anonimato, han calificado la medida de arbitraria y absurda desde el punto de vista operativo. Según explican estos empleados, el nuevo sistema permite a la dictadura cubana aplicar un tratamiento diferenciado a las zonas de la ciudad. Los cortes no se distribuyen equitativamente según la demanda o la capacidad de generación, sino en función de la cercanía a objetivos económicos, emplazamientos militares, barrios residenciales de la élite y, fundamentalmente, el nivel de «peligrosidad» social asignado por los Consejos de Defensa municipal y provincial. Esta valoración no se basa en el potencial delictivo, sino en el grado de descontento percibido en cada barrio y la probabilidad de que derive en un foco de estallido social.
La lógica detrás de esta fragmentación es netamente policial y represiva. «Cuando antes apagabas un bloque, se arriesgaban a que miles de personas salieran a protestar al mismo tiempo», explicó un liniero en plena labor de desconexión. «Ahora, cuando se apaga por circuitos, el riesgo se reduce. Protesta el de la cuadra que está apagada, pero el de la otra no. Así logran que nadie se una en un mismo barrio, e incluso enfrentan a los que están satisfechos porque tienen luz con los que están enojados por el apagón». La estrategia busca evitar que cien personas reclamando electricidad a gritos se conviertan en miles, una cifra que, como reconocen los analistas, adquiere dimensiones de cambio político.
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El colapso estructural del Sistema Eléctrico Nacional
La manipulación de los cortes de luz se produce en un escenario de crisis terminal para la infraestructura energética del país. Las centrales térmicas operan en condiciones de precariedad extrema, afectadas por la falta de mantenimiento y la inexistencia de combustibles suficientes para garantizar la generación básica. A esto se suma un factor crítico denunciado por funcionarios del Ministerio de Energía y Minas: el acelerado éxodo de técnicos e ingenieros con años de experiencia. La pérdida de capital humano, motivada por los salarios de hambre, las malas condiciones laborales y las jornadas interminables para intentar paliar averías constantes, ha dejado a las plantas generadoras y a las brigadas de linieros en una situación de indefensión operativa.
Ante la incapacidad técnica de generar la electricidad suficiente para satisfacer la mínima demanda de la población, el ejecutivo cubano habría optado por una desconexión premeditada del SEN. Esta «desconexión total» no solo responde a la fragilidad del sistema, sino que se utiliza como un instrumento de aislamiento. Al dejar sin luz a amplios sectores de la población, el régimen logra incomunicar a los ciudadanos, dificultando la coordinación de protestas a través de redes sociales y limitando las acciones de rechazo, como el cacerolazo, a la escala de la cuadra, impidiendo su evolución hacia una protesta masiva en plazas públicas.
Una crisis que trasciende la energía
El colapso eléctrico es solo la punta del iceberg de una crisis estructural que asfixia a la isla. La hiperinflación, la caída del poder adquisitivo, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicamentos, y la ineficiencia de los servicios de agua y saneamiento han llevado a la olla de presión social a su punto de ebullición. La ciudadanía enfrenta el día a día con una rabia desbordada, viendo cómo las promesas oficiales de recuperación se diluyen en discursos vacíos mientras la calidad de vida se desploma a niveles no vistos en décadas, empujando a miles a la migración masiva.
Este panorama de desesperación es el combustible principal para el temor del gobierno cubano. El grado de frustración en las calles es tal que cualquier chispa podría desencadenar una movilización espontánea. Por ello, la dictadura ha echado mano de su extenso manual de represión, utilizando el apagón no solo como consecuencia de su ineficiencia, sino como un arma táctica para inducir una paz forzada, enviando al mundo una falsa imagen de tranquilidad ciudadana que contrasta dramáticamente con la realidad de los barrios oscurecidos.
Antecedentes de represión y promesas incumplidas
La estrategia de control social mediante la energía no es nueva, pero se ha perfeccionado en fechas críticas. Las protestas del 11 de julio surgieron en medio de un contexto similar de cortes de luz, escasez y represión. Aquella jornada, el régimen fue sorprendido por la magnitud del descontento. Para evitar una repetición, en los aniversarios posteriores, las autoridades de la isla han desplegado dispositivos de seguridad extremos. Apenas una semana antes del último colapso total del SEN, el gobierno había prometido en la televisión nacional que los nuevos parques fotovoltaicos, como el inaugurado en El Cotorro, en La Habana, aportarían robustez al sistema y harían historia a las caídas. La promesa resultó ser una cortina de humo que se desvaneció ante la realidad de un sistema colapsado.
El miedo a la movilización social ha llevado al régimen a extremar la vigilancia. En fechas sensibles, se han plantado represores frente a las viviendas de opositores y periodistas independientes, se han activado los Consejos de Defensa como órganos de delación y se han movilizado fuerzas militares en barrios estratégicos. La represión selectiva se combina con la represión masiva e indirecta a través de la falta de servicios básicos, buscando desgastar la voluntad de protesta de una población que debe enfocar su energía en sobrevivir el día a día.
Implicaciones futuras y respuesta ciudadana
El uso de los apagones por circuitos como herramienta de control político evidencia la profundidad de la crisis de legitimidad del gobierno cubano. Al fragmentar el malestar social, el régimen de La Habana gana tiempo, pero a costa de un deterioro irreversible en la infraestructura del país y en el tejido social. La estrategia de dividir a los vecinos entre los que tienen luz y los que no solo posterga el estallido, pero no resuelve las causas estructurales del descontento.
De cara al futuro, las consecuencias para la ciudadanía son devastadoras. La continuidad de estos colapsos técnicos, agravados por la falta de inversión y la fuga de talentos, amenaza con volver irreversibles las averías del SEN. Mientras tanto, la comunidad internacional mantiene una postura de observación frente a las sistemáticas violaciones de derechos humanos, incluido el acceso a servicios básicos utilizados como arma política. La paz forzada que la dictadura cubana intenta proyectar es frágil y el riesgo de que la acumulación de presiones sociales derive en un nuevo estallido se mantiene latente en cada circuito que se apaga en la isla.
