El gobierno cubano ha modificado su metodología de cortes de energía eléctrica, pasando de desconexiones por bloques a apagones por circuitos, una medida que trabajadores del sector y ciudadanos consideran premeditada para fragmentar a la población en fechas políticamente sensibles. La decisión, que exige un mayor despliegue logístico y gasto de combustible, contrasta con la aguda crisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y parece responder más a intereses de control social que a necesidades operativas.
La Empresa Eléctrica justificó el cambio de táctica argumentando razones de \»operatividad\». Sin embargo, este nuevo sistema requiere el envío de brigadas directamente a las calles y el uso de vehículos para el traslado hacia las zonas afectadas, lo que implica un consumo adicional de combustible en una nación que sufre una escasez crónica de recursos. Empleados del sector han calificado la medida de arbitraria, señalando que evidencia un tratamiento diferenciado que prioriza la protección de zonas militares, residenciales de la élite y emplazamientos económicos, en detrimento de los barrios con mayor descontento social.
La implementación de este método coincidió de manera sospechosa con la proximidad del 11 de julio, fecha que conmemora las protestas históricas de 2021. La dictadura cubana habría optado por fragmentar las desconexiones para impedir la coordinación ciudadana, aislando a los vecinos en sus cuadras para evitar que el reclamo social escalara de cacerolazos locales a manifestaciones masivas. Sin luz, sin agua y con una crisis económica galopante, el objetivo del ejecutivo parece ser la contención del descontento a través del aislamiento técnico.
Colapso estructural y fuga de talento
El estado del Sistema Eléctrico Nacional refleja la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. Fuentes del Ministerio de Energía y Minas indican que la precariedad de las instalaciones generadoras y la falta de combustible se ven agravadas por el éxodo masivo de técnicos e ingenieros. Estos profesionales abandonan el sector ante las deplorables condiciones laborales, los salarios devaluados por la inflación y las jornadas interminables impuestas por las constantes averías. El régimen de La Habana se enfrenta a un sistema al borde del colapso irreversible, profundizado por la pérdida de capital humano especializado.
La estrategia de desconexión por circuitos contradice directamente las promesas realizadas por las autoridades de la isla apenas días antes. En ese entonces, la televisión nacional presentó la inauguración de un nuevo parque fotovoltaico en El Cotorro, La Habana, como prueba de que los apagones serían historia gracias a la supuesta robustez aportada por los sistemas de baterías. La rápida reversión de esta narrativa oficial evidencia una falta de planificación o, lo que es más probable, la priorización del control político sobre las soluciones técnicas reales.
La manipulación del suministro eléctrico como herramienta de control social profundiza el deterioro de la calidad de vida de los cubanos y augura un periodo de alta tensión social. Mientras la falta de libertades y el colapso de los servicios públicos empujan a más ciudadanos a la indigencia o al exilio migratorio, la respuesta del poder se centra en la represión y el silenciamiento. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben permanecer atentas a estas tácticas, que utilizan la infraestructura básica de la isla como mecanismo de contención política, con severas consecuencias para el bienestar de la población civil.
