Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió la madrugada del sábado la provincia de Granada y otras zonas de Andalucía, en España, en una semana marcada además por devastadores sismos en Colombia e Indonesia. La cadena de eventos telúricos reaviva una pregunta urgente para los cubanos: ¿qué ocurriría si un terremoto de gran magnitud golpeara una isla cuyo sistema de alerta, infraestructura y capacidad de respuesta han sido sistemáticamente desmantelados por décadas de negligencia institucional?
El sismo en territorio español ocurrió poco después de la 1:00 de la madrugada, hora local, y tuvo como referencia la zona situada entre los municipios de Alhendín y Otura, en la provincia de Granada. Según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la magnitud se calculó en 5,2 con una profundidad aproximada de 10 kilómetros, mientras que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España registró inicialmente una magnitud inferior, de 4,8, ubicando el epicentro al noroeste de Alhendín.
La sacudida fue percibida en un amplio radio que abarcó las provincias andaluzas de Málaga, Córdoba, Cádiz y Sevilla, generando escenas de preocupación entre la población durante las primeras horas de la jornada. Las diferencias entre las mediciones del USGS y el IGN responden a los análisis que realizan ambos organismos a partir de sus respectivas redes de observación sismológica, cuyos parámetros pueden ser ajustados conforme se incorporen nuevos registros y se refine la información disponible.
De acuerdo con el reporte del USGS, el punto de máxima intensidad se localizó aproximadamente un kilómetro al suroeste de Otura. El organismo fijó la hora del fenómeno en las 23:04:40 GMT del viernes, correspondiente a las 01:04:40 del sábado en España. Las autoridades españolas permanecen atentas a la evolución de la actividad sísmica en la región, mientras continúan las evaluaciones para determinar el alcance de los posibles daños materiales reportados tras el temblor.
Una semana sísmica devastadora en el mundo
El sismo de Granada se produce en un contexto de intensa actividad telúrica global. En Colombia, un movimiento de magnitud 7,4 golpeó el noroeste del país el pasado lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó. El terremoto dejó un elevado número de víctimas, daños considerables en viviendas e infraestructura, y fue seguido por múltiples réplicas que mantuvieron en alerta a las zonas más afectadas.
Horas antes del terremoto registrado en España, otro potente sismo de magnitud 7,7 sacudió la región de Flores, en el este de Indonesia. El movimiento provocó el colapso de edificios y viviendas, deslizamientos de tierra y una alerta de tsunami que posteriormente fue levantada. El balance preliminar ascendió a al menos 38 fallecidos, mientras más de 2.000 personas fueron evacuadas de sus hogares y los equipos de emergencia continuaban las labores de rescate en las zonas más impactadas.
Cuba: entre la amenaza sísmica y el colapso institucional
La sucesión de terremotos en distintas latitudes pone sobre la mesa una realidad que las autoridades de la isla prefieren omitir: Cuba es un país sísmicamente activo, especialmente en su región oriental, y la vulnerabilidad de su infraestructura ante un evento de gran magnitud es extremadamente alta. La provincia de Santiago de Cuba, junto a Guantánamo y Granma, se encuentra en una zona de alto riesgo geológico, donde históricamente se han registrado sismos de intensidad considerable, como el terremoto de 1932 que devastó la ciudad de Santiago con una magnitud estimada de 6,7.
Sin embargo, la capacidad de respuesta del gobierno cubano ante una catástrofe natural de gran escala ha sido progresivamente erosionada por el deterioro estructural del país. El sistema de alerta temprana, dependiente del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS), opera con recursos limitados, equipos obsoletos y un personal técnicamente capacitado pero crónicamente subfinanciado. La falta de inversión sostenida en infraestructura de monitoreo geológico contrasta con los presupuestos millonarios destinados al aparato represivo y de control social del régimen.
El colapso del sistema de vivienda en Cuba agrava dramáticamente el escenario. Según datos del propio ejecutivo cubano, más del 60% del fondo habitacional del país se encuentra en regular o mal estado, con cientos de miles de viviendas en riesgo de derrumbe incluso sin la ocurrencia de un sismo. En Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada de la isla, decenas de inmuebles coloniales y republicanos se mantienen en pie por inercia, sin obras de reforzamiento estructural desde hace décadas. Un terremoto de magnitud 6 o superior en esa zona podría provocar un número de víctimas imposible de gestionar para un sistema de salud que ya opera al borde del colapso.
Antecedentes: la respuesta oficial ante desastres naturales
Los antecedentes de gestión de desastres naturales por parte del régimen de La Habana no ofrecen tranquilidad. Durante el paso del huracán Sandy por Santiago de Cuba en 2012, las autoridades fueron incapaces de coordinar una respuesta eficiente, y la distribución de materiales de construcción para reparar los daños se vio envuelta en escándalos de desvío y corrupción. Más recientemente, el huracán Ian en 2022 dejó al descubierto la absoluta indefensión de la población occidental ante la destrucción de viviendas, con cientos de familias que pasaron meses sin techo mientras la burocracia estatal demoraba la entrega de recursos mínimos.
La diferencia entre la respuesta institucional observada en España, donde organismos especializados como el IGN mantienen redes de monitoreo operativas y las autoridades coordinan evaluaciones inmediatas de daños, y la realidad cubana es abismal. En la isla, cualquier evento sísmico de consideración encontraría a una población ya agobiada por la escasez de alimentos, medicinas y combustible, con un sistema eléctrico en colapso permanente y una red de comunicaciones que frecuentemente se interrumpe sin causa aparente. La dictadura cubana no ha demostrado capacidad para proteger a la ciudadanía ni siquiera en escenarios de crisis cotidianas, mucho menos ante una emergencia de proporciones catastróficas.
El contexto estructural que agrava todo riesgo
La crisis estructural que atraviesa Cuba convierte cualquier amenaza natural en una potencial catástrofe humanitaria. La economía del país se encuentra en recesión crónica, con una inflación descontrolada que ha destruido el poder adquisitivo de los salarios y ha empujado a millones de cubanos a la emigración. El éxodo migratorio, que ha superado el medio millón de personas en los últimos años, ha privado al país de profesionales clave, incluidos ingenieros civiles, arquitectos y técnicos especializados cuya labor sería indispensable en cualquier escenario de reconstrucción post-sismo.
Además, el desabastecimiento crónico de materiales de construcción —cemento, acero, madera— hace impensable una respuesta rápida de reconstrucción. Las propias autoridades de la isla han reconocido en informes oficiales que la producción nacional de materiales de construcción ha caído drásticamente, y las importaciones son imposibles ante la falta de divisas. En un escenario post-terremoto, la población cubana quedaría abandonada a su suerte, dependiendo exclusivamente de la solidaridad internacional y de las remesas enviadas por familiares desde el extranjero.
La represión como única respuesta eficaz del Estado
Paradójicamente, mientras el Estado cubano demuestra una y otra vez su incapacidad para garantizar servicios básicos, mantener la infraestructura urbana o responder a emergencias ambientales, sí ha demostrado una eficiencia operativa sin igual en el control social, la vigilancia ciudadana y la represión de cualquier forma de disidencia. Los recursos materiales y humanos destinados al aparato de seguridad del Estado, incluyendo la policía política, los Comités de Defensa de la Revolución y el sistema penitenciario, contrastan con el abandono absoluto de las capacidades civiles de protección ante desastres.
La comunidad internacional, particularmente los organismos especializados en gestión de riesgos y desastres, debería prestar mayor atención a la vulnerabilidad sísmica de Cuba. La falta de transparencia del régimen sobre el estado real de la infraestructura, las condiciones del fondo habitacional y la capacidad operativa del sistema de alerta impide una evaluación rigurosa del riesgo. En un país donde la información es controlada y manipulada por el poder, la ciudadanía permanece en la ignorancia sobre los peligros que acechan y sobre los protocolos —si es que existen— de evacuación y respuesta ante un sismo de gran magnitud.
Los terremotos de esta semana en Colombia, Indonesia y España son un recordatorio de que la actividad sísmica no respalda fronteras ni sistemas políticos. Pero mientras los países con instituciones funcionales pueden mitigar el impacto de estos fenómenos mediante inversión en infraestructura, sistemas de alerta y protocolos de respuesta probados, Cuba se encuentra en una posición de vulnerabilidad extrema. La responsabilidad última de esta situación recae en un régimen que ha priorizado el control político sobre la seguridad y el bienestar de su población, dejando a millones de cubanos expuestos no solo a la pobreza y la represión, sino también a la furia impredecible de la naturaleza.
