El activista y reportero independiente Guillermo del Sol Pérez ha alcanzado el día 55 de huelga de hambre en Santa Clara, presentando un severo deterioro físico que pone su vida en riesgo inminente. La protesta, dirigida a exigir la excarcelación de 17 opositores y manifestantes del 11J, ha generado un llamado urgente de organizaciones de derechos humanos a la comunidad internacional ante la absoluta pasividad y negligencia médica de las autoridades de la isla.
La situación del opositor ha entrado en una fase de máxima alerta tras sufrir un desvanecimiento en su vivienda que obligó a su traslado de emergencia al Hospital Provincial Universitario \»Arnaldo Milián Castro\». Según informó su hijo, Adrián del Sol Alfonso, a la plataforma Cuba Decide, al ingresar al centro asistencial, Del Sol Pérez presentaba niveles de glucemia en tres y una presión arterial descompensada con lecturas de 130/100, acompañadas de una frecuencia cardíaca alarmantemente alta. El cuadro clínico evidencia el extremo desgaste de casi ocho semanas sin ingerir alimentos sólidos.
El personal médico del hospital le administró dos frascos de solución salina por vía intravenosa, logrando una estabilización temporal de sus signos vitales. Sin embargo, en un acto que ha sido denunciado como negligencia institucional, la especialista de guardia decidió darle el alta argumentando que su estado de salud era producto de una \»decisión personal\» y no de una patología orgánica. El Centro de Denuncias Defensa CD ha calificado esta actuación de \»sumamente preocupante\», recordando que el Estado tiene la obligación ineludible de garantizar atención médica adecuada y proteger la integridad física del ciudadano, independientemente de la naturaleza de su protesta.
De vuelta en su hogar, el activista confirmó que la hidratación logró elevar su glucosa a niveles de cuatro, aunque la presión arterial continuó descompensada debido al volumen de líquido inoculado. El riesgo del ayuno se multiplica exponencialmente debido a los padecimientos previos del opositor, quien sufre de diabetes tipo 2, hipertensión severa, asma crónica, cardiopatía y antecedentes de trombosis. A pesar de reconocer la gravedad del momento y su extrema debilidad corporal, Del Sol Pérez reiteró su determinación de continuar el ayuno hasta que el régimen de La Habana acceda a liberar a los 17 prisioneros de conciencia por los que inició la protesta.
Una exigencia por la libertad de los presos del 11J
La huelga comenzó con la demanda de excarcelación de 18 personas vinculadas a las manifestaciones antigubernamentales. La lista incluía al adolescente Jonathan David Muir Burgos, quien fue liberado a los pocos días del inicio de la protesta, aunque mantiene abierta una causa penal por \»sabotaje\» y continúa bajo estrictas restricciones de movilidad. Ante esta liberación parcial, el activista ha mantenido su ayuno por los otros 17 prisioneros, cuyos nombres figuran en los registros de organizaciones como Defensa CD y Cuba Decide.
Entre los ciudadanos por quienes Del Sol Pérez arriesga su vida se encuentran Leonel Tristá García, Mayelín Rodríguez Prado, Donaida Pérez Paseiro, Saylí Navarro Álvarez, Lizandra Góngora Espinoza, María Cristina Garrido Rodríguez, Miguel Díaz Bauzá, Loreto Hernández García, Félix Navarro Rodríguez, José Gabriel Barrenechea Chávez y los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo. Muchos de ellos fueron sometidos a juicios sumarios y condenados a penas desproporcionadas por el mero hecho de ejercer el derecho a la protesta pacífica.
Uno de los principales detonantes de esta medida extrema fue el reingreso a prisión de Leonel Tristá García, un manifestante procesado por los hechos del 11 de julio de 2021 y condenado a ocho años. Aunque había sido excarcelado bajo ciertas condiciones en 2025, las autoridades revocaron arbitrariamente el beneficio y lo devolvieron a la prisión de Guamajal, en Villa Clara, para que cumpliera el resto de la sanción. A esto se sumó el acoso directo de la Seguridad del Estado contra Del Sol Pérez, quien fue detenido durante varias horas bajo la falsa acusación de robo de una motorina, un hecho que el activista demostró poder refutar con documentos legales que acreditaban su propiedad.
La respuesta de la comunidad internacional
Ante la gravedad de la situación y la negativa del sistema de salud cubano a internar al huelguista, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un pronunciamiento expresando su profunda preocupación por la salud del opositor. Este accionar se produjo tras una petición formal de Defensa CD, que solicitó medidas cautelares urgentes para garantizar atención médica independiente, el respeto al consentimiento informado del paciente y el cese inmediato del hostigamiento contra él, su familia y quienes lo asisten en su domicilio.
Guillermo del Sol Pérez, director de la agencia independiente Santa Clara Visión y promotor de la iniciativa Cuba Decide, no es un desconocido para la disidencia en la isla. La organización internacional Memory of Nations ha documentado 14 huelgas de hambre anteriores lideradas por él a lo largo de los años. En 2019, sostuvo un ayuno de 55 días para protestar por las restricciones de viaje impuestas por el gobierno cubano a opositores y periodistas independientes, luego de que a su hijo le fuera impedido salir del país. Su trayectoria lo consolida como una figura incómoda para el aparato represivo del Estado.
Contexto: Asfixia social, crisis estructural y represión
El caso de Del Sol Pérez no es un hecho aislado, sino el reflejo de la profundización de las políticas represivas de la dictadura cubana frente a cualquier manifestación de disidencia. Desde las protestas masivas del 11J, el aparato estatal ha endurecido sus tácticas para neutralizar a la sociedad civil, combinando encarcelamientos masivos, penalidades elevadas para delitos de \»conciencia\» y la constante intimidación de activistas a través de la Seguridad del Estado. La judicialización de la protesta social ha convertido a las prisiones de la isla en centros de castigo político, donde los reclusos enfrentan condiciones infrahumanas, falta de atención médica y aislamiento.
La radicalización de las protestas, incluyendo huelgas de hambre que ponen en riesgo la vida de los activistas, ocurre en un escenario de colapso estructural sin precedentes. El régimen de La Habana atraviesa una de sus peores crisis económicas, caracterizada por una inflación galopante que destruye el poder adquisitivo de los salarios, apagones prolongados que afectan la vida cotidiana y un desabastecimiento crónico de productos básicos, incluyendo medicinas. Esta situación ha generado un éxodo migratorio masivo, mientras que quienes deciden quedarse a exigir cambios se enfrentan a un sistema judicial carente de independencia y a la negación de atención médica como forma de presión política.
Implicaciones y futuro
El silencio oficial del ejecutivo cubano frente a la exigencia de Del Sol Pérez evidencia la intransigencia del sistema ante el drama humano que se desarrolla en Santa Clara. La negativa a dialogar o a ceder en la liberación de los presos políticos demuestra que la prioridad del gobierno es mantener el control a cualquier costo, incluso por encima de la vida de sus ciudadanos. A medida que los días avanzan y la salud del activista se aproxima a un punto sin retorno, la presión recae sobre la comunidad internacional y los organismos defensores de derechos humanos para que no permitan un desenlace fatal.
La respuesta de la diplomacia global y las instituciones democráticas será crucial en las próximas horas. De producirse una tragedia, el régimen cubano deberá enfrentar las consecuencias de su negligencia deliberada y su política de endurecimiento. Mientras tanto, la sociedad civil en la isla continúa resistiendo bajo el peso de un aparato represivo que no tolera la disidencia, utilizando el cuerpo de sus activistas como último reducto de exigencia de libertades en un país donde la voz de los ciudadanos ha sido sistemáticamente silenciada.
