Un comité de académicos y activistas convocado por la Universidad de Harvard sostiene que la profunda crisis sistémica que atraviesa la isla no tiene solución sin una apertura democrática inmediata. El informe exige al régimen de La Habana la liberación incondicional de los presos políticos y la derogación de normativas represivas como primer paso hacia un gobierno de transición que sea percibido como legítimo por la ciudadanía.
Un grupo de trabajo conformado por 14 destacados académicos, investigadores y activistas ha presentado un exhaustivo documento de 21 páginas titulado \»Informe. Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba\». El texto, promovido por el Programa de Estudios de Cuba del David Rockefeller Center for Latin American Studies y el Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas de la misma universidad, traza un diagnóstico demoledor de la realidad nacional y propone una hoja de ruta para una salida pacífica al colapso institucional, económico y social que sufre la nación.
Entre los firmantes, quienes participan a título personal, figuran intelectuales de la talla de Tania Bruguera, Alejandro de la Fuente, Jeffrey DeLaurentis, Rafael Rojas, Ana Covarrubias, Roberta Lajous, Omar Everleny, Mayra Espina, Juan Carlos Albizu-Campos, Michael Bustamante, Víctor Deupi, Paloma Duong, Julio Antonio Fernández Estrada y el activista socialdemócrata Manuel Cuesta Morúa. Los autores definen la propuesta como un \»documento vivo, en construcción\», abierto a revisiones tras un proceso de consulta de seis meses que dio origen al análisis.
La exigencia de amnistía y el desmantelamiento del aparato represivo
La premisa central del informe es contundente: no existe solución viable a las múltiples crisis que azotan al país sin cambios políticos inmediatos que, como mínimo, restablezcan el Estado de derecho inscrito en la Constitución vigente. En este sentido, el documento plantea una exigencia directa a la dictadura cubana: que tome la iniciativa para facilitar una transición pacífica. Aunque los autores reconocen que esta postura no es compartida por todos los actores políticos dentro y fuera de la isla, insisten en que la salida requiere el concurso de todos los sectores y el abandono de las prácticas de violencia estatal.
El primer paso demandado es la excarcelación incondicional de todos los presos políticos. El texto reclama una amnistía general de carácter expedito y enorme valor simbólico para quienes fueron encarcelados por ejercer derechos amparados en los artículos 54 y 56 de la propia Constitución. \»Esta no es una demanda imperial americana: este es un reclamo de la ciudadanía cubana\», subraya el informe, que hace suyos los datos de la organización Prisoners Defenders. Según el recuento de esta entidad, a cierre de agosto se registraba un récord de 1.339 presos políticos, una cifra escalofriante que incluye a 155 mujeres y a 463 reclusos que padecen patologías médicas graves debido a la negligencia institucional en las prisiones.
A la amnistía le debe seguir, según el grupo de expertos, la derogación inmediata de los Decretos Leyes 349, 370 y 35, considerados instrumentos represivos y probablemente inconstitucionales. Asimismo, exigen la eliminación de sanciones extralegales como la figura de los \»regulados\», mediante la cual el gobierno cubano prohíbe arbitrariamente la entrada o salida del país a ciudadanos críticos. El documento menciona explícitamente los casos de la investigadora Omara Ruiz Urquiola y la curadora Anamely Ramos González, a quienes se les negó el derecho al retorno, enfatizando que cualquier cubano que lo desee debe poder salir y regresar a su tierra.
Propuestas económicas y exigencias a la comunidad internacional
El informe también dirige su atención hacia Washington, solicitando una respuesta inmediata, positiva y contundente ante eventuales gestos de apertura por parte de las autoridades de la isla. Esto implicaría, en una primera fase, el levantamiento de las sanciones a los suministros de combustible y el aporte de recursos para estabilizar la maltrecha economía nacional. A mediano y largo plazo, la propuesta contempla la convocatoria a una nueva asamblea constituyente que siente las bases de un sistema democrático y plural, la transición hacia una economía social de mercado con pleno reconocimiento de la propiedad privada, y la reincorporación de Cuba a organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID y la CAF.
El diagnóstico económico que sustenta estas dramáticas propuestas revela la magnitud del desastre de gestión del ejecutivo cubano. Entre 2019 y 2024, el Producto Interno Bruto experimentó una caída del 11%, acompañada por un desplome del 58% en la producción agrícola, 42% en el sector manufacturero y un alarmante 87% en la producción azucarera, otrora orgullo y motor de la economía nacional. El desabastecimiento alimentario es igualmente crítico: entre 2017 y 2024 se desplomaron los insumos básicos de la dieta, con reducciones de hasta 97% en la carne de cerdo, 80% en frijoles, 75% en arroz y 56% en leche. Actualmente, la isla importa más del 70% de los alimentos que consume, incluyendo productos tan identitarios como el azúcar y el café.
Contexto sistemico: El fracaso del modelo y el vaciamiento demográfico
La responsabilidad de este colapso recae directamente en la cúpula del poder. El informe señala de manera específica que la administración de Miguel Díaz-Canel no ha logrado dar los pasos necesarios para impedir la crisis ni ha ofrecido un manejo mínimamente adecuado de los retos nacionales. El texto recuerda que el 11 de julio de 2021, frente a protestas mayoritariamente pacíficas, el gobernante respondió con una \»orden de combate\» que desató una brutal ola represiva. Al desmantelar sistemáticamente a la sociedad civil independiente, el régimen de La Habana eliminó a los interlocutores que necesitaría hoy para canalizar el descontento y construir consensos.
El documento también arroja luz sobre la distorsión estructural de las inversiones. Entre 2014 y 2024, el sector turístico absorbió entre el 25% y el 50% de la inversión total del país, cifra que en 2024 fue catorce veces superior a la destinada al sector agropecuario y once veces mayor que la asignada a salud, asistencia social y educación juntas. Esta priorización de un sector de servicios sobre la producción de bienes y el bienestar social ha sido un factor determinante en la precariedad actual y en la incapacidad de garantizar la soberanía alimentaria.
Otro aspecto crítico del análisis es el papel de GAESA, el conglomerado militar-empresarial que opera al margen de cualquier control institucional, funcionando como un \»estado dentro del Estado\». Según el informe, esta entidad, sancionada por el Departamento de Estado de EE. UU. como el \»corazón del sistema cleptocrático comunista cubano\», manejaría cifras cercanas a los 20.000 millones de dólares, una cantidad 14 veces mayor que el presupuesto nacional proyectado, lo que evidencia la enorme desigualdad y falta de transparencia en la gestión de los recursos del país.
El contexto de crisis estructural se completa con un éxodo migratorio sin precedentes que amenaza la viabilidad futura de la nación. Los autores cifran en más de tres millones el saldo migratorio acumulado entre 2013 y 2024, lo que representa cerca del 30% de la población registrada en el censo de 2012. \»El vaciamiento de la Isla no es solo demográfico\», advierten, señalando la fuga de talentos, el envejecimiento poblacional y la desesperanza que ha empujado a la fuerza laboral y a las nuevas generaciones a abandonar el país ante la falta de oportunidades y la asfixia política.
Resistencia civil y rechazos a la propuesta
A pesar de su intención conciliadora, la propuesta académica ha encontrado objeciones dentro del propio activismo, evidenciando las profundas heridas dejadas por décadas de autoritarismo. El activista Ariel Ruiz Urquiola criticó duramente la iniciativa, argumentando que negociar sin alterar previamente la correlación de fuerzas equivale a sentar como iguales a opresores y oprimidos. \»Una mesa puede ser redonda y, sin embargo, la relación de poder alrededor de ella ser profundamente vertical\», apuntó.
Ruiz Urquiola rechazó categóricamente que la excarcelación funcione como una moneda de cambio, señalando que \»los presos políticos no constituyen capital político del ‘Estado’ que los encarceló\». Asimismo, advirtió sobre los riesgos de una transición que no garantice democratización real, recordando que un régimen también puede transformarse superficialmente para sobrevivir. En su crítica, enfatizó que Cuba \»necesita diálogo, pero no la ficción de igualdad entre represor y reprimido; reconciliación, pero no amnesia; garantías, pero no impunidad\».
Los autores del informe de Harvard son conscientes de que construir un consenso en medio de la polarización y el trauma \»no será fácil\». Sin embargo, mantienen que la voluntad compartida entre el gobierno de la isla, la administración estadounidense, la diáspora, la comunidad internacional, la oposición y la sociedad civil es indispensable. La conclusión del análisis es una advertencia final que resuena con fuerza: sin estos cambios urgentes, el statu quo es insostenible y el deterioro de la nación continuará su curso hacia el abismo, con consecuencias devastadoras para la ciudadanía y para la estabilidad de la región en su conjunto.
