Nuria Silva, residente en el reparto Altamira de Santiago de Cuba, logró localizar a su hijo Runeldis Tamayo Silva tras tres meses de paradero desconocido, pero ahora enfrenta el abandono institucional para traerlo de vuelta a casa. El joven, diagnosticado con esquizofrenia paranoide y con una tendencia crónica a deambular, se encuentra en el cuerpo de guardia del Hospital Provincial de Camagüey, a cientos de kilómetros de su domicilio. Las autoridades de la isla han eludido su responsabilidad de brindar un traslado especializado, evidenciando una vez más el colapso del sistema de salud y asistencia social en el país.
La angustia de esta familia comenzó hace aproximadamente tres meses, cuando Runeldis salió de su hogar y desapareció. La incertidumbre duró semanas hasta que una trabajadora social notificó que había sido hallado en Camagüey. Sin embargo, el alivio del reencuentro frustrado se ha transformado en una pesadilla burocrática. Según relató la madre a medios independientes, el joven no ha sido ingresado oficialmente y permanece en la sala de espera del hospital, lo que mantiene a la familia en un estado de alerta permanente ante el riesgo de que vuelva a fugarse.
El nudo del problema no radica únicamente en la distancia, sino en la inoperancia y desidia del gobierno cubano. Nuria ha recorrido múltiples instituciones en busca de una solución logística y humanitaria. Se ha presentado en la Segunda Unidad de la Policía, conocida como \»El Palacete\»; en el Puesto de Mando de Salud Mental; en Ciudadanía; e incluso en la oficina de Atención a la Población de la gobernadora de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia. En todos estos espacios, la respuesta ha sido la misma y refleja la descomposición del aparato estatal: el Gobierno provincial no dispone de recursos para trasladar al paciente y corresponde a la familia asumir la gestión por sus propios medios.
\»Quieren que coja un transporte y me lance a la deriva, sin dinero y siendo una persona enferma\», denunció Silva, quien padece una colecistopatía crónica y trastornos vertebrales que le provocan fuertes mareos. Su estado de salud es tan precario que no puede permanecer mucho tiempo sentada sin presentar cianosis. A pesar de este cuadro clínico, el régimen de La Habana exige que sea ella quien realice un viaje de larga distancia para buscar a su hijo, ignorando por completo sus limitaciones físicas y la vulnerabilidad del paciente que debe ser repatriado.
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Madre santiaguera pide ayuda para llevar a su hijo con esquizofrenia de vuelta a casa
El traslado de Runeldis requiere condiciones especiales que el sistema de transporte nacional, sumido en el caos, no puede garantizar. Por experiencias anteriores, la familia sabe que durante los viajes intenta bajarse en las diferentes paradas, lo que hace inviable usar ómnibus convencionales. La opción lógica sería una ambulancia con supervisión médica, pero las autoridades sanitarias han ignorado esta petición. En su lugar, la madre se ve obligada a buscar alternativas en el sector privado, donde la crisis económica ha disparado los precios hasta niveles inalcanzables para el cubano promedio.
El mercado del transporte privado en Cuba no ofrece rutas directas entre Santiago de Cuba y Camagüey. Los vehículos disponibles suelen tener como destino final La Habana, con tarifas que superan los 20.000 pesos por persona. Esto obligaría a la familia a pagar el trayecto completo aunque se bajaran a mitad de camino. Sumando el viaje de ida y vuelta, así como los gastos asociados, Nuria calcula que necesitaría alrededor de 100.000 pesos. Una cifra astronómica para un hogar donde la única fuente de ingresos proviene de los trabajos particulares de su hijo menor, Ariel Silva, quien además presenta problemas de salud pero ha sido catalogado por la asistencia social como \»familiar obligado\» para sostener a siete personas.
La preocupación de Nuria se ha intensificado tras recibir una fotografía de Runeldis en la que se aprecian lesiones en la piel. Al indagar sobre su estado, el hospital camagüeyano alegó la falta de medicamentos para tratarlo, trasladando la responsabilidad de conseguir los fármacos a una familia que ni siquiera tiene cómo llegar hasta allí. \»He escuchado de casos de pacientes psiquiátricos que están muriendo en condiciones extrañas. No sé si por falta de alimentación o por sobredosis de medicamentos\», expresó la madre, reflejando el terror que sienten los familiares ante el deterioro de los centros hospitalarios en la isla.
Vivienda, desastres naturales y abandono estatal
A la tragedia humanitaria y médica se suma la crisis habitacional que sufre esta familia. En la pequeña casa del reparto Altamira residen actualmente seis personas, incluyendo tres menores de edad. Las características de la enfermedad de Runeldis y su tendencia a deambular hacen compleja su convivencia en un espacio reducido, generando problemas de higiene que la madre no puede mitigar. Como alternativa, la familia había construido un cuarto de madera en el patio para el joven, pero este refugio quedó completamente destruido durante un deslizamiento de tierra provocado por el huracán Melissa en octubre de 2025. La tierra sepultó la cama y las escasas pertenencias del paciente.
Desde entonces, Nuria intenta reconstruir el cuarto con materiales reciclados, al carecer de dinero para comprar cemento o madera. La falta de respuesta ante los desastres naturales es una constante en la gestión del ejecutivo cubano, que destina recursos a otras prioridades mientras deja a su población en la indigencia tras cada evento meteorológico. La situación de precariedad es tan extrema que Nuria ha tenido que enfrentarse incluso a los juicios de los funcionarios, quienes han llegado a tildarla de \»mala madre\» por no poder mantener a su hijo encerrado. \»Eso no significa que no quiera a mi hijo\», lamentó, desmintiendo cualquier acusación de abandono familiar.
El contexto de una crisis estructural y sistémica
El caso de Runeldis Tamayo Silva no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de la crisis estructural que atraviesa Cuba. La dictadura cubana ha desmantelado durante décadas los protocolos de atención a pacientes con discapacidades cognitivas y enfermedades mentales severas. El cierre de centros de día, la falta de medicamentos antipsicóticos en las farmacias y la ausencia de programas de seguimiento comunitario han dejado a los pacientes psiquiátricos a la deriva, convirtiendo a sus familiares en rehenes de un sistema que no ofrece soluciones.
La hiperinflación y la devaluación del salario real han agravado este panorama. Que una familia necesite 100.000 pesos para repatriar a un enfermo mental es un reflejo del fracaso del modelo económico impuesto por el régimen. Mientras las autoridades de la isla aseguran no tener recursos para una ambulancia o un traslado institucional, mantienen un aparato represivo costoso y subsidios a otras áreas prioritarias para el control político. El abandono de los sectores más vulnerables demuestra que la política social del gobierno cubano es una fachada que colapsa ante el mínimo escrutinio de la realidad.
Antecedentes de este caso muestran que Runeldis ya había deambulado anteriormente hasta municipios como Contramaestre y Holguín, lo que indica una falta absoluta de contención estatal ante las reiteradas fugas de pacientes con su diagnóstico. La ausencia de un sistema de alerta temprana y de redes de protección social eficaces obliga a madres como Nuria a depender de la casualidad o de la solidaridad ciudadana para saber si sus familiares están vivos.
Por ahora, Nuria Silva continúa buscando una respuesta que no llega y apela a la solidaridad de la sociedad civil para reunir los fondos necesarios para viajar junto a su hijo Ariel y traer a Runeldis de regreso. \»Como madre, sufro mucho por no poder ir a buscar a mi hijo. Por eso les pido a las personas de buena voluntad que se sientan conmovidas por mi caso que me ayuden, ya que el Gobierno no quiere hacerlo\», concluyó. Esta denuncia pone de manifiesto las implicaciones políticas de un Estado que falla en su deber más básico de protección a sus ciudadanos, dejando a los más desprotegidos a expensas de la caridad pública en medio de la mayor crisis sistémica de las últimas décadas.
