El gobierno cubano publicó nuevas disposiciones en la Gaceta Oficial que amplían las operaciones en moneda extranjera para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y trabajadores por cuenta propia, aunque mantiene un estricto control sobre la captación y administración de esos ingresos. Las resoluciones 102/2026 y 103/2026, emitidas por el Banco Central de Cuba y el Ministerio de Economía y Planificación, eliminan ciertas trabas burocráticas pero consolidan un esquema de retención que beneficia las arcas del Estado en medio de una profunda crisis económica.
Mediante la Gaceta Oficial Ordinaria número 76, publicada el pasado 10 de septiembre, las autoridades de la isla introdujeron modificaciones sustanciales en el manejo de divisas por parte de los actores económicos no estatales. Las nuevas normativas, que sustituyen regulaciones aprobadas apenas nueve meses antes en diciembre de 2025, reflejan la urgencia del ejecutivo cubano por inyectar liquidez a una economía asfixiada, sin ceder el monopolio sobre la gestión de la moneda extranjera.
La Resolución 102/2026 del Banco Central de Cuba (BCC) elimina el requisito de obtener una autorización previa de la institución para abrir cuentas bancarias en divisas. A partir de esta disposición, los empresarios privados podrán recibir ingresos provenientes de exportaciones, comercio electrónico, transferencias desde el exterior y otras fuentes autorizadas. Asimismo, estas cuentas habilitan la realización de pagos internacionales y transferencias, una herramienta vital para la importación de insumos y mercancías que el Estado es incapaz de proveer.
Control cambiario y retención obligatoria de divisas
Sin embargo, esta aparente apertura no constituye una liberalización real del mercado de divisas. La Resolución 103/2026 del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) establece un mecanismo de retención que condiciona el acceso pleno a los ingresos en moneda extranjera. Los actores económicos que no cuenten con un coeficiente de retención previamente aprobado deberán ceder el 20% de determinados ingresos, los cuales serán acreditados en moneda nacional (pesos cubanos) al tipo de cambio del segmento en el que operen.
Este esquema de confiscación parcial se aplica de manera específica a los ingresos obtenidos por exportaciones de bienes y servicios, transacciones de comercio electrónico, ventas dirigidas a la Zona Especial de Desarrollo del Mariel y diversas operaciones mayoristas. De este modo, el régimen de La Habana se asegura una porción directa de las divisas generadas por el sector privado, utilizando un tipo de cambio oficial que históricamente ha perjudicado al tenedor de moneda nacional frente a la inflación galopante del mercado real.
En cuanto al manejo de efectivo, las nuevas disposiciones permiten que los negocios privados acepten moneda extranjera directamente del cliente, siempre y cuando este decida pagar de esa forma. No obstante, la normativa obliga a depositar íntegramente ese efectivo en las cuentas fiscales correspondientes. Por su parte, el comercio minorista seguirá atado al peso cubano como moneda de curso legal forzoso, salvo en aquellas operaciones en divisas que el gobierno cubano haya autorizado de manera expresa y restrictiva.
La normativa también faculta al sector no estatal para efectuar pagos al exterior destinados a la importación de bienes y servicios, así como para cubrir financiamientos y gastos operativos. Pese a esto, el acceso físico al efectivo en moneda extranjera continúa sin garantías. Las extracciones estarán supeditadas a la disponibilidad de billetes en las arcas bancarias y a la política comercial discrecional de cada entidad bancaria, un problema crónico en la isla donde el desabastecimiento de caja es la norma.
Contexto: Dolarización forzosa y crisis estructural
Estas medidas se inscriben en un contexto de colapso sistémico de la economía cubana, marcado por una inflación descontrolada, el fracaso del llamado Ordenamiento Monetario de 2021 y una escasez crónica de productos básicos. La dictadura cubana ha tenido que tolerar una dolarización parcial de hecho en las calles, ante la incapacidad del peso cubano para cumplir sus funciones de reserva de valor y medio de pago. Sin embargo, cada paso hacia la dolarización oficial va acompañado de mecanismos de control que aseguran la supervivencia del aparato estatal.
La retención del 20% de las divisas y su conversión forzosa a pesos cubanos expone la contradicción fundamental de la política económica del régimen. Mientras el gobierno cubano presentaba públicamente la recuperación del peso cubano como el objetivo central de su política monetaria, en la práctica ha profundizado la dependencia del dólar estadounidense. Esta dualidad penaliza a los emprendedores, quienes ven diluida su capacidad adquisitiva real al recibir una moneda devaluada que apenas tiene utilidad en el mercado mayorista estatal.
Antecedentes de la asfixia económica al sector privado
Desde la implementación de las mipymes en 2021, el sector privado ha demostrado una capacidad de generación de riqueza y dinamismo muy superior al sector estatal, que sigue lastrado por ineficiencia y corrupción. A pesar de representar una tabla de salvación para la economía nacional, el sector no estatal ha enfrentado constantes trabas, inspecciones punitivas y campañas de descrédito orquestadas desde la prensa oficial. Las regulaciones de diciembre de 2025, ahora sustituidas, ya habían generado incertidumbre, y estas nuevas resoluciones reflejan el ensayo y error de una burocracia que intenta extraer recursos sin ahogar por completo a su única fuente de divisas legítimas.
La falta de un marco jurídico estable y la constante sujeción a la discrecionalidad del Estado han sido factores determinantes en el cierre de miles de negocios privados y en el éxodo migratorio masivo de jóvenes y profesionales. Los actores económicos no estatales operan en un limbo legal donde cualquier éxito comercial es visto con recelo por el aparato ideológico. La retención de divisas no es más que una extensión de la política extractiva que ha caracterizado al sistema, trasladando el costo de la ineficiencia estatal hacia los ciudadanos que intentan generar soluciones desde la base.
Implicaciones y perspectivas futuras
El impacto de estas nuevas disposiciones recaerá directamente sobre los consumidores finales y la viabilidad del emprendimiento en Cuba. Al obligar a las mipymes a ceder una quinta parte de sus ingresos en divisas, el régimen de La Habana empujará a los empresarios a trasladar ese costo al precio final de los productos, exacerbando aún más la inflación y reduciendo el poder adquisitivo de la población que no tiene acceso a moneda extranjera. La promesa de flexibilización se revela, una vez más, como una trampa de control.
A mediano plazo, la continuidad de este modelo híbrido de dolarización controlada evidencia la bancarrota del sistema económico socialista. Mientras la comunidad internacional observa la transición económica de la isla, la realidad demuestra que no existe voluntad real de apertura. El gobierno cubano seguirá instrumentalizando el sector privado como una válvula de escape para captar remesas y divisas, sin ceder un ápice de su poder monopólico. La verdadera recuperación económica seguirá siendo imposible mientras la dictadura mantenga el secuestro de la soberanía económica de sus ciudadanos.
