Una investigación periodística europea ha revelado que Oemis Romagoza Durruthy, un profesor de salsa y bachata nacido en Camagüey y radicado en Rusia, actuó como coordinador logístico y reclutador de una red de sabotaje vinculada a la inteligencia rusa. La trama, dirigida contra instalaciones estratégicas en Polonia, República Checa, Rumanía y Lituania, utilizaba a latinoamericanos desesperados por empleo para ejecutar ataques contra el apoyo europeo a Ucrania.
Romagoza Durruthy, quien llevaba al menos siete años residiendo en territorio ruso y obtuvo la nacionalidad tras casarse en 2022, ocultaba su actividad paralela detrás de los alias \»Dios\», \»Adrian Zans\», \»Ismael Zans\» y \»Roma Martinelli\». Según la indagación conjunta de Deutsche Welle, RTVE, la radiotelevisión lituana LRT y la Televisión Checa, el camagüeyano captaba a sus ejecutores mediante grupos de Facebook como \»Latinos en Polonia\», \»Cubanos en Rusia\» o espacios dedicados al alistamiento de extranjeros en las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Los periodistas reconstruyeron el funcionamiento de la red mediante expedientes judiciales, investigaciones policiales, entrevistas con funcionarios, datos filtrados y registros de viajes, alojamientos y transportes. Nacido en Camagüey, Romagoza desarrollaba públicamente una carrera como instructor en la academia \»Made in Cuba\» en Petrozavodsk. Sin embargo, la documentación disponible lo sitúa en una posición de coordinación logística, reservando alojamientos, encargando taxis y organizando los viajes de los ejecutores materiales hacia sus objetivos en Europa del Este.
El mecanismo de captación comenzaba con encargos aparentemente inofensivos, como fotografiar instalaciones o vigilar entradas. Una vez aceptado el trabajo, que ofrecía pagos iniciales de 1.500 dólares más bonificaciones por operación, la comunicación migraba a Telegram. Allí, los reclutas recibían instrucciones detalladas que escalaban rápidamente hasta la entrega de materiales inflamables y la orden de documentar incendios contra infraestructuras críticas, siempre bajo la promesa de remuneración en divisas.
Operaciones frustradas y condenas en Europa del Este
Uno de los casos más graves reconstruidos por la Red de Periodismo de Investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ocurrió en Rumanía. El colombiano Luis Alfonso Murillo Diosa, exmilitar, fue contactado por \»Adrian Zans\» cuando buscaba unirse al ejército ucraniano. Tras viajar a Bucarest el 28 de julio de 2024, recibió la orden de vigilar una planta de reciclaje e instalaciones gasísticas en Bragadiru. El Servicio Rumano de Inteligencia (SRI) lo detuvo el 30 de julio antes de que pudiera ejecutar el sabotaje, que habría afectado el suministro de casi 25.000 clientes, incluidos centros educativos. Murillo fue condenado a seis años de prisión en 2025.
Tras la detención de Murillo, canales prorrusos aprovecharon un incendio fortuito provocado por un cortocircuito en otra localidad del mismo nombre para difundir desinformación, afirmando falsamente que una resistencia ucraniana había destruido un centro logístico donde se almacenaba combustible destinado a Kiev. Meses antes, la misma red había operado en Polonia y República Checa. Otro colombiano, Andrés Alfonso de la Hoz de la Cruz, incendió almacenes de materiales de construcción en Varsovia y Radom en mayo de 2024, y posteriormente atacó autobuses en un depósito de Praga el 6 de junio.
De la Hoz, quien recibió instrucciones por Telegram a cambio de 3.000 dólares, fue condenado a ocho años de cárcel en República Checa. Aunque la conexión directa con Moscú no fue probada en su juicio, el patrón de operación coincide exactamente con la estructura coordinada por Romagoza. La intervención en Lituania tuvo como objetivo a la empresa TVC Solutions, en Šiauliai, que almacenaba estaciones móviles para detectar drones destinadas a Ucrania, con un valor cercano a 1,5 millones de euros. Tras dos intentos fallidos en septiembre de 2024, las autoridades lituanas desarticularon la célula.
En la operación lituana aparecen otros nombres de la diáspora cubana: Mayra Eukaris de la Lastra Nistal, con nacionalidades cubana y española, quien grabó las instalaciones y fue arrestada en Panamá a petición de Lituania; Yexenia López Cabrera, detenida en Lituania tras viajar para comprobar los resultados del ataque fallido; y Alexeis Pecora, otro intermediario que operaba desde San Petersburgo y se encargaba de pagar taxis y suministrar códigos de acceso a los saboteadores.
El contexto de vulnerabilidad y la crisis migratoria cubana
El caso de Romagoza y los ciudadanos cubanos implicados en estas redes de espionaje no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa de la crisis estructural que atraviesa la isla. La profunda crisis económica, caracterizada por una inflación galopante que destruye el poder adquisitivo, el colapso total del sistema eléctrico y sanitario, y un desabastecimiento crónico de bienes básicos, ha empujado a cientos de miles de cubanos a emigrar desesperadamente. Esta fuga masiva, ignorada por las autoridades de la isla, deja a los emigrantes en una situación de precariedad que los hace blancos perfectos para operaciones ilícitas internacionales.
La falta de libertades y la constante represión social en Cuba también contribuyen a este fenómeno. La dictadura cubana no ofrece canales institucionales legítimos para el progreso ciudadano, obligando a muchos a buscar alternativas fuera de la legalidad para sobrevivir. Al mismo tiempo, la histórica dependencia del régimen de La Habana respecto a Moscú crea un entorno de complicidad. Desde la época soviética, los servicios de inteligencia cubanos han mantenido estrechos vínculos con sus homólogos rusos, facilitando que ciudadanos de la isla sean cooptados o utilizados en operaciones de guerra híbrida contra Occidente.
Históricamente, Cuba ha sido un punto de encuentro y entrenamiento para servicios de inteligencia de países adversarios a Occidente. El ejecutivo cubano ha permitido la presencia de estaciones de escucha rusas en territorio nacional, consolidando una alianza geopolítica incondicional. Este alineamiento automático de La Habana con los intereses del Kremlin hace que la implicación de cubanos en sabotajes europeos no sea una anomalía, sino una extensión lógica de la política exterior del gobierno cubano, que prioriza la supervivencia de su élite sobre la seguridad y el bienestar de su pueblo.
Implicaciones políticas y respuesta internacional
La exposición de esta red genera una alerta máxima en las agencias de inteligencia europeas y en la comunidad cubana en el exilio. La Fiscalía polaca ya acusa formalmente a Romagoza de actuar en nombre de un servicio de inteligencia extranjero, dirigir un grupo organizado destinado a cometer delitos terroristas, instigar un incendio y financiar actividades terroristas. La utilización de inmigrantes como \»agentes desechables\» amenaza con estigmatizar a una diáspora que en su inmensa mayoría huye del autoritarismo en busca de refugio y oportunidades laborales honestas.
Para el futuro, este escándalo podría endurecer las políticas migratorias y de control fronterizo hacia ciudadanos latinoamericanos en la Unión Europea. Asimismo, coloca al régimen de La Habana ante el escrutinio internacional, al quedar expuesta la permeabilidad de su población hacia operaciones hostiles orquestadas por Rusia. La impunidad con la que operaba Romagoza desde San Petersburgo demuestra que Moscú ha encontrado en la vulnerabilidad migratoria una herramienta de agresión de bajo costo. La respuesta de las democracias occidentales deberá traducirse en una mayor cooperación penal, intercambio de inteligencia y un firme cuestionamiento a las autoridades cubanas por su rol pasivo y cómplice en la instrumentalización de su diáspora hacia el conflicto ucraniano.
