El gobierno cubano cifró en 8.083,3 millones de dólares los daños que atribuye al embargo estadounidense en el último año, una cuenta que presentará ante la Asamblea General de Naciones Unidas en medio de una notable pérdida de apoyo diplomático internacional. La resolución contra las sanciones de Washington pasó de 187 votos a favor en 2024 a 165 en 2025, reflejando un creciente escepticismo global ante la narrativa oficial de la isla.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, presentó ante la prensa nacional y extranjera el informe que las autoridades de la isla rinden anualmente al secretario general de las Naciones Unidas. En su comparecencia, el canciller intentó dotar al documento de un tono humano bajo la consigna de que \»detrás de cada cifra hay un rostro humano\», argumentando que las sanciones \»no castigan a un gobierno, castigan la vida cotidiana de un pueblo\». Sin embargo, el régimen de La Habana ha utilizado históricamente esta narrativa para eludir su propia responsabilidad en el colapso sistémico del país.
Según la metodología defendida por la Cancillería cubana, que asegura basarse en estándares internacionales y en una supuesta auditoría de una comisión del Congreso de Estados Unidos sin precisar fechas, el aumento declarado este año es del 7%. Este incremento representa unos 527 millones más respecto al periodo anterior, cuando el gobierno cubano había reportado un salto del 49%. Los daños acumulados históricos ascienden, según este documento, a 178.700,5 millones de dólares a precios corrientes. Además, el informe introduce una controvertida contabilidad calculada frente al valor del oro, que arroja un acumulado de casi 3,9 billones de dólares, un cálculo que se infla artificialmente por la variación del precio del metal precioso frente al dólar sin que medie ninguna nueva sanción real.
El grueso de la presentación se centró en la profunda crisis energética que asfixia a la nación. Rodríguez Parrilla atribuyó el colapso del suministro de combustible a una orden ejecutiva de Donald Trump, afirmando que esta impide los suministros mediante amenazas a navieras y aseguradoras. El informe cuantifica en 2.667.800 toneladas el déficit de combustibles y estima en 1.400 megavatios la potencia que no genera electricidad por esta causa. No obstante, la realidad de los apagones diarios en Cuba responde también a la falta de mantenimiento y a la obsolescencia de la infraestructura termoeléctrica nacional, donde 11 de las 15 unidades del país se encuentran fuera del ciclo de mantenimiento capital, un fallo de gestión inherente al modelo centralizado del Estado.
En el ámbito de la salud, el documento oficial consigna una dramática lista de espera quirúrgica que supera los 100.000 pacientes, de los cuales 12.000 son niños, junto con dificultades para atender a casi 3.000 pacientes de hemodiálisis. El canciller destacó un aumento de la mortalidad infantil, que pasó de 4 por cada 1.000 nacidos vivos en 2018 a 9,9 en 2025, atribuyendo estas muertes exclusivamente a la privación de recursos por el embargo. Sin embargo, el propio Ministerio de Salud Pública de Cuba, al divulgar estos datos a inicios de año, enumeró una serie de causas mucho más amplias que el régimen prefiere omitir, incluyendo la difícil situación económica interna, la circulación de arbovirosis, el impacto de fenómenos meteorológicos y, crucialmente, \»el no completamiento de los recursos humanos\» en los servicios médicos, una consecuencia directa del masivo éxodo de profesionales de la salud.
Friction diplomática y ayuda humanitaria
La comparecencia también estuvo marcada por el cruce de acusaciones sobre la ayuda humanitaria. Preguntado por los 100 millones de dólares en ayuda anunciados por Washington, el canciller respondió categóricamente que \»ellos mienten constantemente\». Detalló que, tras aceptar tres millones por daños del huracán Melissa, Estados Unidos ofreció nueve millones adicionales, de los cuales se ha ejecutado poco más de un millón. De los 100 millones anunciados posteriormente, las autoridades de la isla reconocen haber recibido apenas un módulo de alimentos y productos de aseo para 700 familias. Este rechazo a la asistencia ha sido criticado desde el exterior; el embajador estadounidense ante la ONU, Michael Waltz, cuestionó recientemente cómo puede haber escasez de combustible para los hospitales mientras existe para \»el avión privado de la familia Castro\».
A pesar de la retórica confrontativa, el ejecutivo cubano reconoció que existen contactos con el Departamento de Estado estadounidense. Rodríguez Parrilla admitió que \»ha habido conversaciones\» y se mantienen comunicaciones, aunque precisó que estas no muestran avances debido a la \»falta de voluntad\» de Washington, zanjando que no existen negociaciones, acuerdos ni hojas de ruta. Esta postura inmovilista se mantiene mientras la población civil enfrenta la peor crisis de abastecimiento de las últimas décadas.
Contexto: Erosión del respaldo internacional y crisis sistémica
La presentación del informe llega siete semanas antes de una votación en la Asamblea General que el gobierno cubano afronta con un respaldo internacional en evidente retroceso. En octubre de 2025, la resolución contra el bloqueo se aprobó con 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones, una caída drástica frente a los 187 votos a favor logrados en 2024. Países como Argentina, Costa Rica, Chequia, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania votaron en contra, señalando un cambio de paradigma en la política exterior hacia la isla.
Esta erosión diplomática se confirmó en una sesión reciente donde Cuba logró reabrir el debate con 136 votos a favor, pero con un bloque de 30 abstenciones, cuatro veces mayor que el registrado anteriormente. La Unión Europea, que tradicionalmente respalda la resolución, acompañó su voto de una advertencia directa: reconoció el impacto humanitario del embargo, pero sostuvo que \»la nefasta situación del pueblo cubano no se debe únicamente al embargo\». En el mismo sentido, el embajador de Haití, en nombre de la Comunidad del Caribe, exigió el fin de las sanciones estadounidenses pero, en un inusual giro diplomático, llamó a las autoridades cubanas a aplicar medidas internas que alivien el sufrimiento de su propia población.
El reclamo de la comunidad internacional refleja una realidad innegable: la dictadura cubana ha instrumentalizado el embargo como coartada perfecta para justificar el fracaso de su modelo económico y la represión social. Mientras el régimen de La Habana calcula supuestos daños multimillonarios, la ciudadanía enfrenta una inflación galopante, un desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y una crisis migratoria sin precedentes que ha vaciado al país de su fuerza laboral. La falta de libertades políticas y económicas, sumada al control absoluto del Estado sobre los recursos, impide cualquier iniciativa privada que pudiera paliar la crisis.
Antecedentes y consecuencias a futuro
Desde la desaparición de los subsidios soviéticos en los años noventa y posteriormente los venezolanos en la última década, la economía cubana ha demostrado una incapacidad estructural para sostenerse. La dependencia de remesas, el turismo de bajo rendimiento y la exportación de servicios médicos han sido las únicas fuentes de ingresos reales, todas afectadas por la mala gestión y la falta de credibilidad institucional. En lugar de implementar reformas estructurales que permitan la libre empresa y la inversión extranjera directa, las autoridades de la isla han optado por endurecer el control político y aumentar la represión contra quienes disienten o intentan prosperar al margen del Estado.
De cara al futuro, las implicaciones de este escenario son críticas para la ciudadanía. Si la comunidad internacional continúa exigiendo rendición de cuentas interna a cambio de su respaldo diplomático, el régimen de La Habana podría enfrentarse a un aislamiento creciente, no solo de Washington, sino de sus aliados tradicionales. Mientras tanto, los cubanos seguirán soportando las consecuencias de un sistema autoritario que prioriza la supervivencia del poder sobre el bienestar de la población, atrapados entre las sanciones externas y la ineficiencia, corrupción y represión de su propio gobierno.
