La presidenta de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular, Iliana Gómez Guerra, detalló ante la televisión oficial las severas sanciones que se aplicarán a quienes sustraigan aceite de transformadores eléctricos. Las penas oscilan entre siete y 30 años de privación de libertad, e incluso incluyen la cadena perpetua o la pena de muerte si concurren agravantes. La medida se inscribe en un contexto de apagones superiores a las 20 horas diarias y una profunda crisis energética que atraviesa la isla.
La magistrada intervino en el programa televisivo para desglosar la escala punitiva contra lo que el ejecutivo cubano califica como sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Según el Dictamen 475 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, emitido en mayo de 2025, los tribunales de instancia están obligados a aplicar el rigor máximo ante hechos vandálicos contra infraestructuras críticas, incluyendo el transporte público, las líneas férreas, los grupos electrógenos, los parques fotovoltaicos y las telecomunicaciones.
El Código Penal vigente respalda esta ofensiva judicial. El artículo 125 establece penas de siete a 15 años para quienes destruyan, alteren o dañen fuentes energéticas y vías de transmisión con el propósito de obstaculizar su funcionamiento. Por su parte, el artículo 126 eleva drásticamente la condena a un rango de 10 a 30 años, privación perpetua de libertad o pena de muerte en cinco supuestos específicos. Entre estos se incluyen la causación de lesiones graves o muerte, el uso de explosivos, la generación de consecuencias graves, el peligro para la seguridad colectiva o la afectación de las reservas materiales del Estado, supuestos estos últimos que no exigen la existencia de violencia ni de víctimas directas.
Hasta el momento, las autoridades de la isla han mantenido las sanciones en una franja intermedia. Gómez Guerra situó las condenas dictadas hasta agosto entre nueve y 20 años de privación de libertad. La Fiscalía General de la República informó que el 87% de los imputados en estos procesos se encuentra bajo prisión provisional. Como parte de la estrategia represiva, el teniente coronel Carlos Martínez González, segundo jefe del Departamento del Órgano de Instrucción de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, anunció la implementación de peritajes técnico-científicos en puntos de control de carretera para detectar la mezcla de aceite dieléctrico con el diésel en los depósitos de los vehículos.
Estos operativos han comenzado a ejecutarse con fuerza en provincias como Matanzas. En una sola demarcación no identificada por tratarse de procesos en curso, se pesquisaron 105 vehículos, de los cuales 21 dieron positivo en las pruebas y 18 fueron ocupados por las fuerzas del orden. El oficial señaló directamente a los transportistas del sector privado como los principales receptadores del aceite robado, aunque matizó que no se generaliza a todo el gremio. La fiscal Moraima Velázquez Romero confirmó que el decomiso del vehículo procede como sanción accesoria cuando se acredita la participación o el conocimiento del propietario.
El fenómeno de la sustracción de componentes eléctricos ha alcanzado a 97 municipios y a todas las provincias del país. Entre 2025 y el primer semestre de 2026, se iniciaron más de 460 investigaciones penales por sabotaje, daños, robo con fuerza, hurto y receptación vinculados al SEN. Solo la sustracción de aceite acumuló más de 300 denuncias, con una mayor incidencia en Matanzas, Ciego de Ávila, Mayabeque, Santiago de Cuba y Artemisa. Matanzas concentra el 60% de los robos a nivel nacional, con más de 90 transformadores dañados y pérdidas que superan el medio millón de dólares únicamente en la reposición del lubricante.
Las consecuencias de estas sustracciones para la ya maltrecha red eléctrica son inmediatas. En el consejo popular Marcos, en Matanzas, el robo de unos 1.000 litros de aceite dejó a la comunidad sin electricidad por más de 30 días. En el municipio de Calimete, 12 personas afectaron 23 transformadores en un periodo de tres meses. En La Habana, nueve transformadores fueron impactados recientemente, incluyendo los que abastecen la fuente Paso Seco en Arroyo Naranjo. Además, la desesperación ha cobrado vidas: dos hombres de 40 y 31 años murieron electrocutados en Santiago de Cuba mientras intentaban manipular estos equipos de alta tensión.
El mercado negro y el colapso estructural del sistema energético
El robo de aceite dieléctrico no es un simple acto de vandalismo, sino una manifestación directa de la profunda crisis económica que atraviesa Cuba. En un país donde el desabastecimiento de combustibles y lubricantes es la norma, el aceite robado se vende en el mercado informal entre 500 y 2.500 pesos cubanos por litro. Esta cifra contrasta con el precio en el mercado mundial, que oscila entre 2,80 y 3,50 dólares. La dependencia externa es otro factor crítico: Cuba solo produce este lubricante en la refinería Sergio Soto, en Cabaiguán, y exclusivamente para transformadores de hasta 33 kilovoltios, lo que obliga al régimen de La Habana a importar el resto para mantener operativa su infraestructura.
Mientras el gobierno cubano endurece su discurso punitivo contra la ciudadanía, los apagones se mantienen por encima de las 20 horas diarias en gran parte del territorio nacional. La Unión Eléctrica pronosticó para el horario de máxima demanda una disponibilidad de apenas 1.060 megavatios (MW), frente a una afectación estimada de 2.220 MW. Incluso el conductor del programa estatal, Humberto López, se vio obligado a admitir que los delitos contra el SEN agravan la situación, pero no son la causa principal de los apagones, atribuyendo la crisis al embargo estadounidense, en un intento recurrente de desviar la atención de la ineficiencia y falta de inversión estructural del modelo estatal.
La sombra de la pena de muerte en la isla
La mención explícita de la pena de muerte por parte del Tribunal Supremo resuena con fuerza en la historia reciente del país. Aunque la dictadura cubana mantiene una moratoria de facto desde hace más de dos décadas, la legislación nacional conserva el castigo capital. Las últimas ejecuciones documentadas por Amnistía Internacional se remontan al 11 de abril de 2003, cuando Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac fueron fusilados tras un juicio sumario por el secuestro de una lancha de pasajeros ocurrido nueve días antes.
Aquellas ejecuciones, según denunciaron organizaciones internacionales de derechos humanos, pusieron fin a una moratoria y marcaron un retroceso grave en el historial de la isla. En la actualidad, la amenaza de aplicar la pena de muerte o la cadena perpetua por delitos vinculados al robo de infraestructura eléctrica evidencia la prioridad del régimen de La Habana de proteger sus activos por encima de las condiciones de vida de la población. La criminalización de la supervivencia, en un contexto donde la inflación galopante, el éxodo migratorio masivo y la falta de libertades ahogan a la sociedad civil, configura un escenario de alta tensión social.
La escalada judicial y policial contra la sustracción de aceite dieléctrico refleja la asimetría entre un Estado dispuesto a usar el máximo rigor penal y una ciudadanía sumida en la precariedad. Mientras las autoridades de la isla apuntan a los transportistas privados y a las comunidades desesperadas como responsables del colapso eléctrico, la falta de una estrategia real de recuperación energética y la persistencia del modelo centralizado auguran que la crisis continuará profundizándose. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos mantienen su vigilancia ante el endurecimiento del aparato represivo, que ahora utiliza la crisis energética como pretexto para imponer castigos extremos.
