El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, respondió este lunes desde La Habana a través de un hilo en la red social X al informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, acusando a Washington de intentar «criminalizar a quienes cuestionen su política». En su declaración, el ejecutivo cubano desvió la atención hacia supuestos actos de agresión histórica de EE. UU. contra la isla, evitando abordar directamente las acusaciones de espionaje y sabotaje señaladas por el gobierno norteamericano.
En su respuesta, Díaz-Canel dirigió ataques personales contra el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio, a quien calificó como «uno de los funcionarios más corruptos» y vinculó con «narcotraficantes y terroristas». Asimismo, el mandatario recurrió a narrativas recurrentes del oficialismo, mencionando sin aportar pruebas verificables la supuesta introducción de plagas y enfermedades como el dengue hemorrágico de 1981, así como la explosión del vuelo de Barbados y otros actos violentos del pasado, para justificar la postura confrontacional de La Habana.
El informe del Departamento de Estado señala a Cuba de articular un modelo de «larga guerra de desgaste» basado en el espionaje, la infiltración y el uso de agentes encubiertos para enfrentar a Estados Unidos desde su propia infraestructura. Frente a esto, las autoridades de la isla alegaron que Washington destina partidas millonarias —ascendentes a 75 millones de dólares este año— a programas de «cambio de régimen» y subversión a través de entidades como la Fundación Nacional para la Democracia (NED). Díaz-Canel argumentó que la actuación de La Habana ha sido meramente defensiva ante lo que calificó como un embargo de «dimensión genocida» y un cerco energético.
Desvío de la crisis interna y represión sistemática
La diatriba del gobernante cubano se produce en un contexto de profunda crisis estructural que atraviesa la isla, caracterizada por una inflación galopante, el colapso del sistema eléctrico, el desabastecimiento generalizado y un éxodo migratorio sin precedentes. Al atribuir exclusivamente la responsabilidad de la deteriorada situación socioeconómica al embargo estadounidense, el gobierno cubano intenta invisibilizar la ineficiencia de su modelo económico centralizado y la falta de libertades que ha mantenido a la población sumida en la pobreza.
Mientras el régimen de La Habana reclama supuestos actos de legítima defensa en el exterior, la dictadura cubana continúa ejerciendo una férrea represión política y censura contra la sociedad civil en el interior del país. Bajo el pretexto de proteger la soberanía nacional, el poder ejecutivo criminaliza cualquier intento de disidencia, persigue a activistas y mantiene un control absoluto sobre la prensa, negando a los ciudadanos el derecho a la protesta y a la libre asociación.
Las declaraciones de Díaz-Canel, enmarcadas en lo que él mismo describió como un creciente «neo-macartismo» en EE. UU., evidencian una estrategia de tensión diplomática que, a futuro, podría traducirse en un mayor aislamiento de la isla y un endurecimiento de las medidas restrictivas. Esta dinámica de confrontación externa, utilizada como válvula de escape para la insatisfacción interna, amenaza con agravar aún más la crisis económica y social que sufre la población cubana, sin visos de solución a la falta de libertades y al colapso de los servicios básicos.
