Cuatro personas perdieron la vida, entre ellas una niña de siete años, tras el desplome de dos edificaciones en los municipios capitalinos de La Habana Vieja y Diez de Octubre. Los siniestros vuelven a exponer de manera trágica la profunda crisis estructural del fondo habitacional cubano y la inoperancia de las autoridades de la isla para garantizar la seguridad ciudadana frente a un parque inmobiliario que se deteriora a pasos agigantados.
Los derrumbes ocurridos en Santos Suárez y en el centro histórico de la capital han dejado al descubierto no solo la fragilidad de las infraestructuras, sino también la dramática situación de marginalidad que viven cientos de cubanos obligados a habitar en ruinas. El régimen de La Habana ha catalogado oficialmente a estos ciudadanos como «deambulantes» o «ilegales», invisibilizando una realidad que la propia ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, describió recientemente con el despectivo término de «vagos disfrazados de mendigos».
Para quienes se ven obligados a pernoctar en estas edificaciones colapsadas, dormir se ha convertido en una alerta constante. El temor a que el techo ceda, a ser atravesado por cabillas sueltas, a sufrir fracturas por las hendiduras en los pisos o a caer por escaleras sin peldaños define la cotidianidad en barrios como Luyanó, Centro Habana y Santos Suárez. Estas zonas, afectadas por décadas de abandono, funcionan hoy como laberintos de inseguridad donde la indigencia es la única alternativa para muchos.
La liturgia oficial ante la tragedia
Tras cada desastre, la respuesta del gobierno cubano sigue un guion repetido. Funcionarios del Partido Comunista, bomberos, brigadas de demolición y delegados de circunscripción hacen su aparición en los lugares del siniestro para ofrecer promesas de acompañamiento a los damnificados. Las autoridades de la isla reiteran el viejo eslogan de que «ningún cubano quedará abandonado a su suerte», una frase que contrasta de forma cruda con la desidia previa que permite que los inmuebles lleguen al punto de colapso.
El discurso de la ministra VS la realidad de las calles
Esta teatralización de la preocupación institucional ha sido una constante en la historia reciente del país. Basta recordar lo ocurrido en junio de 2016, cuando siete derrumbes sacudieron a La Habana tras intensas lluvias. Uno de los más graves fue el desplome parcial de un edificio en la calle Villegas esquina a Muralla, que dejó tres personas heridas, incluida una embarazada. La tragedia ocurrió apenas un día después de que la capital fuera declarada «Ciudad Maravilla» por la organización suiza Wonders7World, en una ironía que reflejó la brecha entre la imagen que el régimen proyecta al exterior y la realidad que sufren sus ciudadanos.
Antecedentes de una tragedia anunciada
La incapacidad de respuesta burocrática ante el deterioro urbano quedó patente en mayo de 2018, cuando el huracán Alberto provocó 100 derrumbes parciales y totales en la capital. Sin embargo, las catástrofes no siempre requieren fenómenos meteorológicos. La caída de balcones, techos y paredes es un suceso que ocurre casi a diario, agravado por la falta de mantenimiento y la ausencia de inspecciones rigurosas por parte del ejecutivo cubano.
Uno de los episodios más dolorosos de esta crisis se registró el 28 de enero de 2019, en La Habana Vieja. Tres niñas de 11 y 12 años murieron aplastadas al desprenderse el balcón de un edificio mientras se preparaban para homenajear a José Martí en el aniversario de su natalicio. Pese a que la tarde del siniestro había un sol radiante, la tragedia no fue accidental: los vecinos habían advertido a las autoridades durante meses sobre el peligro inminente de esa estructura, pero sus reclamos fueron ignorados por la insensibilidad y la inoperancia oficial.
Contexto sistemico: Hoteles versus viviendas
El estado de decrepitud del fondo habitacional cubano no es únicamente consecuencia de las lluvias o del paso del tiempo. Responde a una política de Estado que ha priorizado la construcción indiscriminada de hoteles para el turismo internacional en detrimento de la edificación y reparación de viviendas para la población. Mientras el régimen destina cuantiosos recursos a infraestructura hotelera para generar divisas, los ciudadanos de a pie deben vivir en inmuebles en riesgo de desplome, lo que constituye una violación sistemática del derecho a la vivienda adecuada.
Esta crisis habitacional se entrelaza con el colapso generalizado de la economía cubana. La hiperinflación, la depreciación del salario real y el desabastecimiento crónico de materiales de construcción hacen imposible para las familias mantener sus hogares en condiciones mínimas de seguridad. A esto se suma el masivo éxodo migratorio que ha dejado miles de viviendas abandonadas o ocupadas irregularmente, profundizando el caos urbanístico y la marginalidad en barrios tradicionalmente populosos.
La falta de libertades y el control absoluto sobre la propiedad y la gestión urbana impiden cualquier iniciativa ciudadana real para revertir esta situación. La dictadura cubana mantiene un monopolio sobre la planificación y ejecución de obras, lo que se traduce en una burocracia paralizante que condena a la población a vivir bajo el riesgo constante de muerte. Cualquier intento de organización independiente para exigir mejoras en el hábitat es rápidamente neutralizado por la represión política y la vigilancia estatal.
Consecuencias y futuro inmediato
Ante los más recientes derrumbes en Santos Suárez y La Habana Vieja, la dirigencia gubernamental ha vuelto a desplegar su retórica habitual: fotos de condolencia, promesas de reubicación y la posterior desaparición del mapa mediático. Esta dinámica deja a las víctimas en un limbo legal y material, obligadas a sobrevivir en refugios precarios o a integrarse a la lista interminable de necesitados de vivienda, cuyas esperanzas de solución se diluyen en el tiempo.
Las implicaciones políticas de esta crisis son claras: la incapacidad del régimen para garantizar la seguridad física de sus ciudadanos erosiona aún más su legitimidad. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúan documentando estas vulneraciones, aunque la impunidad del gobierno cubano persiste. Mientras no exista un cambio estructural que priorice la vida y el bienestar de la población sobre el lucro turístico y el control político, los derrumbes seguirán segando vidas en una isla donde la ruina no solo es arquitectónica, sino también institucional.
