La agudización de la crisis alimentaria, el colapso energético y el deterioro sanitario definen un periodo donde el 89% de la población sobrevive en situación de indigencia, mientras la dictadura refuerza su maquinaria represiva y el gobierno cubano intenta maquillar su ineficacia con medidas económicas tardías, opacas y profundamente desconectadas de la realidad nacional.
El cierre del ejercicio encuentra a la isla sumida en una parálisis productiva sin precedentes, agravada por una dependencia insostenible de las importaciones de alimentos y combustibles. El costo de la vida ha escalado hasta cotas inasumibles, situándose en torno a los 40 mil pesos mensuales para una familia promedio, una cifra que representa casi siete veces el salario medio del país. Este abismo entre los ingresos y el costo real de la canasta básica ha provocado que, según parámetros internacionales, el 89% de los cubanos vivan en condiciones de indigencia. La incapacidad del régimen de La Habana para articular una economía funcional se traduce en apagones kilométricos que paralizan la ya mermada producción y en una escasez crónica de recursos básicos como el gas licuado y el agua potable, empujando a miles de familias a cocinar con leña, carbón o aserrín para poder alimentarse.
La precarización ha calado hasta los cimientos de la sociedad, visibilizada en el rostro de los menores que piden dinero o alimentos en las calles, o que se ven obligados a abandonar las aulas para trabajar y contribuir a la subsistencia de sus hogares. Pocas son las familias que pueden permitirse tres comidas diarias, y la desnutrición comienza a asomar en sectores vulnerables. Ante esta realidad, la cúpula del poder ha demostrado una desconexión palmaria con el sufrimiento ciudadano. Un ejemplo flagrante fue la declaración de la entonces ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, quien llegó a afirmar que en Cuba no existían mendigos, sino personas «disfrazadas de indigentes» para ganar dinero fácil. Aunque la presión popular y el despotismo de sus palabras la obligaron a renunciar bajo una lluvia de críticas, el aplauso inicial que recibió en la Asamblea Nacional revela la insensibilidad estructural del gobierno cubano ante la tragedia social que ellos mismos han provocado.
En el ámbito de la alta política, el año estuvo marcado por el terremoto judicial que culminó con la condena a cadena perpetua del exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, por delitos de espionaje, corrupción y lavado de activos. Sin embargo, el hermetismo que envolvió el proceso levantó profundas sospechas dentro y fuera de la isla. El régimen omitió detalles cruciales, como la identidad de los destinatarios del espionaje, la magnitud real de los esquemas de corrupción o la red de cómplices que necesariamente operaron en la sombra. Todo apunta a que Gil fue utilizado como un chivo expiatorio, una táctica recurrente de la dictadura para acallar escándalos que probablemente involucran a otros altos mandos del aparato estatal, sacrificando a una figura para proteger la impunidad sistémica de la cúpula militar y civil que controla el país.
La desconexión y el autoritarismo del régimen con las nuevas generaciones quedó patente durante las protestas universitarias, desatadas por el tarifazo impuesto por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), que dolarizó y encareció drásticamente el acceso a internet. Estudiantes de la Universidad de La Habana y de facultades de varias provincias convocaron un cese de actividades lectivas, tachando la medida de excluyente y abusiva, en un acto de rebeldía inédito en los últimos años. La respuesta del gobierno de Díaz-Canel fue la habitual: hostigamiento policial, amenazas de expulsión y una simulación de negociación con representantes afines al poder. El tarifazo se mantuvo, pero la forma en que fue sofocada la protesta refrendó el carácter antipopular del régimen y su fracaso rotundo para ganarse el respaldo de una juventud que no tiene miedo a exigir sus derechos.
Paralelamente a la crisis económica y social, el país enfrenta un colapso sanitario de proporciones epidémicas que las autoridades se empeñaron en minimizar. Un brote viral iniciado en la provincia de Matanzas se propagó a nivel nacional, facilitado por la acumulación de inmundicia, un sistema de salud desbordado, farmacias vacías y la ausencia de recursos logísticos para campañas de fumigación. La coexistencia de enfermedades como Chikungunya, Fiebre de Oropouche, influenza y múltiples serotipos de dengue ha generado una crisis sanitaria incontrolable. Aunque las autoridades intentaron maquillar el panorama, los casos superan los 47 mil, con al menos 55 fallecidos admitidos oficialmente, en su inmensa mayoría menores de edad. Miles de cubanos sufren una convalecencia paralizante que les impide retomar sus vidas en medio de la lucha diaria por la supervivencia.
La inseguridad ciudadana, un fenómeno en ascenso debido a la descomposición social, también dejó su huella con la tragedia de agosto en el municipio de Centro Habana. Un ciudadano italiano residente en Cuba, Mario Pontolillo, fue señalado como responsable de la muerte de una mujer de 35 años y lesiones a otras ocho personas tras un atropellamiento masivo. Pese a la gravedad y singularidad del suceso, que dejó huérfanos a dos menores, las autoridades han mantenido un silencio absoluto sobre el proceso penal y las posibles compensaciones a las víctimas. Esta opacidad evidencia la falta de transparencia institucional y el desamparo legal al que está sometida la población civil ante hechos que no encajan en la narrativa oficial.
En el frente de los derechos humanos, la dictadura mantuvo su cruzada implacable contra el activismo político. Tras meses de incesante presión y hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado, el preso político José Daniel Ferrer García accedió a salir al exilio para proteger a su familia. Desde la cárcel, el líder de la Unión Patriótica de Cuba denunció el acoso sistemático para obligarlo a abandonar el país o renunciar a su labor opositora, en un momento de especial vulnerabilidad del régimen. Desde el exterior, Ferrer continúa su labor para cohesionar a los cubanos y propiciar el golpe definitivo que ponga fin a la dictadura, demostrando que el destierro no silencia la resistencia.
El impacto de fenómenos naturales agravó aún más la delicada situación estructural de la isla. El huracán Melissa azotó el oriente cubano dejando millones de damnificados y devastando centenares de infraestructuras y hectáreas de cultivos, lo que profundizó la ya crítica escasez alimentaria. Aunque la solidaridad internacional movilizó ayudas millonarias desde varios países y organizaciones, la distribución estuvo viciada bajo el estricto control del estado cubano. La ciudadanía denunció reiteradamente demoras, irregularidades y desvío de insumos, poniendo de manifiesto cómo el régimen instrumentaliza la ayuda humanitaria, sometiéndola a la burocracia y al oportunismo de los cuadros locales, en lugar de garantizar un reparto equitativo y urgente para los afectados.
Como intento desesperado por recuperar el control de las remesas y la circulación de capital, el régimen de La Habana desplegó una arremetida contra el mercado informal de divisas, creando un mercado cambiario oficial con tasas fijas y una flotante ligeramente inferior a la del circuito no estatal. Sin embargo, la medida no incluye la venta libre de divisas en entidades estatales, garantizando la supervivencia del mercado negro. Con el turismo en caída libre y la inversión extranjera retraída por la nula seguridad jurídica y financiera que ofrecen las instituciones cubanas, esta maniobra económica no hace más que maquillar temporalmente una crisis profunda. Los precios en el mercado negro continuarán marcando los récords de la inflación, agravando el hambre y la desesperación popular.
Contexto histórico y agotamiento del modelo
Para comprender la magnitud del colapso actual, es imperativo situarlo en el contexto de un modelo político y económico impuesto hace más de seis décadas. El régimen de La Habana ha mantenido un control absoluto sobre los medios de producción y la distribución, ahogando cualquier iniciativa privada o autonomía ciudadana mediante la centralización planificada. La dependencia histórica de subsidios externos —primero de la Unión Soviética y posteriormente de Venezuela— enmascaró durante años la ineficiencia inherente del sistema socialista cubano. Al evaporarse estos apoyos geopolíticos, la economía nacional ha quedado al descubierto, revelando una infraestructura obsoleta, una agricultura estancada por la falta de incentivos y una industria inexistente. La falta de libertades económicas y políticas no es una coyuntura pasajera, sino el diseño mismo de una dictadura que prioriza la permanencia en el poder de su élite militar sobre el bienestar y el desarrollo de la nación.
La urgencia de un cambio radical
El balance de este periodo es una radiografía inapelable del fracaso del sistema. Hambre, epidemias, apagones prolongados, precarización extrema, desamparo institucional y persecución política conforman el paisaje cotidiano de una nación exhausta. El éxodo masivo, que ha vaciado al país de su fuerza laboral y de su juventud, junto al aumento de la criminalidad, son síntomas directos de la asfixia social promovida por el gobierno cubano. El evidente blindaje del régimen para perpetuarse en el poder, incluso a costa de sacrificar el futuro de sus ciudadanos, subraya la urgencia de articular una oposición unida y una presión ciudadana que conduzca a una transición democrática. La realidad impone un desafío colectivo: tomar las riendas del destino nacional e impulsar el cambio radical que Cuba demanda para recuperar su soberanía, su prosperidad y su dignidad.
