El anuncio de un nuevo fondo de Naciones Unidas y la Cooperación Francesa para actores económicos no estatales en Cuba reaviva la sospecha sobre el destino real de la ayuda internacional. Bajo la fachada del desarrollo territorial, el régimen de La Habana ha consolidado un mecanismo de captación de divisas que beneficia casi exclusivamente a la cúpula militar y política, mientras ahoga al verdadero sector privado.
En el marco de la reciente Feria Internacional ExpoCaribe, celebrada en Santiago de Cuba, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzó una convocatoria para financiar proyectos agroalimentarios de los denominados «nuevos actores económicos» en el oriente del país. La iniciativa, que promete aportes de hasta 40.000 dólares por proyecto y se expandirá hacia el centro de la isla, es financiada con fondos franceses y gestionada a través de la Plataforma Articulada para el Desarrollo Territorial Integrado (PADIT). Sin embargo, la profunda crisis económica que asola la nación y los antecedentes de fraude institucionalizado generan una profunda escepticismo sobre quiénes serán los verdaderos beneficiarios de estos recursos extranjeros.
La experiencia reciente demuestra que la ayuda externa bajo el pretexto del «desarrollo» rara vez llega a los emprendedores que carecen de respaldo político. Un caso paradigmático ocurrió hace unos años, cuando el Banco Central de Cuba anunció un fondo multimillonario para el desarrollo agrícola, coordinado a través de PADIT con dinero proveniente de China, Alemania, España, Suiza y el propio PNUD. Aunque se prometió que los recursos irían a empresas seleccionadas por su impacto en producciones de primera necesidad, la realidad fue radicalmente distinta. Menos de la mitad de los fondos llegaron a entidades estatales del Ministerio de Agricultura, y un único proyecto privado se llevó una suma desproporcionada, dejando en evidencia el carácter amañado del proceso.
Ese privilegiado fue Agroindustrial Media Luna S.R.L., una empresa radicada en Ciego de Ávila que recibió cerca de 40 millones de dólares. Su propietario, Fernando Javier Albán Torres, no es un emprendedor común, sino un hombre fuertemente vinculado a la red de corrupción que envolvió al exministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, destituido recientemente por presuntos delitos de peculado. Albán Torres, quien fuera dirigente estudiantil y uno de los principales represores encargados de expulsar a estudiantes firmantes del Proyecto Varela en Camagüey, operaba como testaferro de Gil desde sus años en la comercializadora Río Zaza, propiedad del empresario chileno Max Marambio, quien posteriormente fue expropiado y expulsado de la isla por la dictadura.
Según fuentes anónimas del propio Banco Central y del Instituto de Investigaciones de la Economía Cubana, la convocatoria pública fue un mero formalismo exigido por los donantes internacionales para mantener la apariencia de transparencia. Cientos de proyectos cumplieron los requisitos, pero la decisión ya estaba tomada desde la cúpula del poder. El dinero no solo sirvió para enriquecer a los favoritos del régimen, sino que se utilizó para maquillar ingresos por exportaciones y extraer divisas de la isla bajo el pretexto de importaciones, principalmente hacia Estados Unidos. El PNUD y otras agencias limitan su supervisión a los informes emitidos por los gobiernos locales, controlados a su vez por el Partido Comunista, creando una estructura de impunidad absoluta.
Mientras tanto, el emprendedorismo genuino sufre el acoso sistemático del gobierno cubano. Es el caso de productores como Lázaro V., dueño de una próspera empresa de piensos animales en Ciego de Ávila, quien a pesar de generar empleo y producción vital para su comunidad, nunca ha recibido un centavo de los fondos internacionales. Su negocio no tiene la clasificación de «Proyecto de Desarrollo Local» (PDL), un estatus vital para acceder a PADIT. En su lugar, ha enfrentado inspecciones constantes y multas injustificadas que buscan asfixiar su iniciativa, demostrando que la tolerancia hacia la propiedad privada se reserva únicamente para los afines al poder.
El contraste es obsceno y revela la naturaleza mafiosa del sistema. Lázaro ha denunciado cómo un general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) instaló una granja colindante llena de maleza, trabajada por militares vestidos de civil, y en menos de un mes obtuvo la codiciada categoría de PDL con financiamiento italiano. Estos «proyectos» son meras fachadas montadas para recibir la visita de Miguel Díaz-Canel, justificar el flujo de dinero extranjero hacia el aparato militar y simular una actividad productiva inexistente, todo bajo la complicidad de las autoridades locales que aprueban estos privilegios a dedo.
La trama de enriquecimiento detrás de PADIT se extiende a los hijos y familiares de los históricos de la dictadura. La Fundación Antonio Núñez Jiménez (FANJ), gestionada como un negocio personal por la hija del comandante y explorador, opera desde mansiones confiscadas en el exclusivo barrio de Siboney, dedicadas a la renta de lujo a extranjeros y negocios de perfumería. Incluso la antigua residencia de Max Marambio, vinculada ahora a la familia Núñez Véliz y a altos oficiales del Ministerio del Interior, forma parte de este entramado que se nutre de la cooperación internacional mientras el pueblo carece de vivienda digna.
El nepotismo es la regla de oro del régimen de La Habana. Empresas como Gaia S.U.R.L., registrada por la nieta de Raúl Castro, o los emprendimientos gestionados por Cristina Lage Codorniú —hermana de un consultor del PNUD en Cuba e hija del exvicepresidente Carlos Lage Dávila—, gozan de la clasificación PDL. De igual forma, la Oficina del Historiador de La Habana, ahora bajo control militar y dirigida por Perla Rosales, hija del general Ulises Rosales del Toro, y las empresas Flora y Fauna, controladas por el comandante Guillermo García Frías, se aseguran una porción gigantesca de los fondos destinados a la conservación ambiental y el desarrollo.
El contexto del ahogo económico y el control totalitario
Cuba atraviesa la peor crisis estructural de su historia reciente, con una hiperinflación galopante, el colapso total del sector agropecuario, apagones prolongados y una masiva emigración que vacía al país de su fuerza laboral. Ante el fracaso rotundo del modelo colectivista, el régimen aprobó la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) como una válvula de escape para aliviar la presión social. Sin embargo, la dictadura no ha renunciado al monopolio de la economía ni al control de las divisas. De las más de 11.000 mipymes registradas, apenas 140 poseen el estatus de PDL. Esta distinción, otorgada arbitrariamente por las autoridades bajo la égida del Partido Comunista, es la llave maestra para acceder a la cooperación internacional. El sistema está diseñado meticulosamente para que el dinero extranjero jamás escape del control de la élite castrense y política, utilizando a los actores no estatales como simples testaferros o fachadas de legitimidad.
Un llamado a la responsabilidad de los donantes internacionales
La tragedia de la cooperación internacional en Cuba es que, bajo el noble propósito del desarrollo y la asistencia humanitaria, se ha convertido en un oxígeno financiero para la maquinaria represiva de la dictadura. Mientras los organismos multilaterales y las ONG confían ciegamente en informes redactados por funcionarios corruptos, el pueblo cubano continúa sumido en la pobreza extrema y el desabastecimiento. Es imperativo que la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea y las agencias de la ONU, auditen de forma independiente y exhaustiva el destino de cada dólar entregado al régimen. Continuar inyectando fondos a través de estructuras controladas por el Partido Comunista no es fomentar el desarrollo; es ser cómplice de la consolidación de una mafia estatal que secuestra el futuro y la riqueza de la nación cubana.
