En medio de la profunda crisis económica que asola la isla, un creciente número de jóvenes cubanas en Santiago de Cuba ha recurrido al trabajo sexual virtual a través de plataformas digitales para garantizar su subsistencia. Bajo la fachada de agencias en línea, adolescentes y estudiantes universitarias operan como «streamers» en aplicaciones de videollamadas para adultos, enfrentando explotación, falta de protecciones legales y el riesgo de exposición, en un fenómeno que refleja el desespero social impulsado por el colapso del modelo económico cubano.
El caso de Daniela*, estudiante de quinto año de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba, ilustra esta nueva modalidad de precariedad laboral. Buscando alternativas frente a la imposibilidad de sobrevivir con los ingresos estatales, la joven fue contactada por conocidos que le prometieron ganancias rápidas mediante el uso de una aplicación. La premisa parecía sencilla: descargar un software, crear una cuenta y mantener conversaciones en línea, con la condición de prolongar las llamadas el mayor tiempo posible. Sin embargo, la realidad de este «trabajo fácil» dista mucho de ser inofensiva.
Durante su primera intervención, Daniela se topó con la cruda naturaleza de la plataforma. Del otro lado de la pantalla, un hombre adulto se encontraba desnudo y realizando actos sexuales, exigiéndole que hiciera lo mismo. La joven, paralizada y con la prohibición expresa de cortar la comunicación impuesta por las reglas de la agencia, experimentó en primera persona la explotación que se esconde tras la promesa de la dolarización fácil. Este tipo de relatos se repite en cibercafés y hogares santiagueros, donde la desesperación económica silencia las barreras morales y personales.
La maquinaria de las agencias digitales
En diciembre de 2024, para ingresar a este mercado, Daniela contactó a una gestora de la Dreams Agency, una entidad que administra varias plataformas de videollamadas para adultos como Waha, Hily y Sela. El proceso de registro, aunque ágil, requiere evadir las restricciones geográficas impuestas por las propias aplicaciones. Utilizando redes privadas virtuales (VPN), las jóvenes enmascaran su ubicación real y se registran como ciudadanas colombianas, un país donde esta modalidad ha proliferado y cuenta con un marco regulatorio en discusión, lo que evita el bloqueo automático de cuentas por sospechas de trata de personas o explotación laboral.
Las nuevas “streamers”: trabajo sexual desde call centers en Santiago de Cuba
La gestora, que nunca reveló su identidad, guio a la estudiante de medicina a través de audios para completar el perfil en la aplicación Sela Anchor. Una vez verificada la cuenta con una foto real, las administradoras recomiendan a las jóvenes sustituir las imágenes por fotos de mujeres desconocidas y utilizar datos falsos, supuestamente para proteger su identidad. No obstante, expertos en seguridad digital advierten que esta práctica responde más a la falta de regulación y al anonimato bajo el cual operan los verdaderos dueños de las plataformas, quienes se ubican en el exterior y manejan los pagos a su antojo, sin rendir cuentas a las trabajadoras.
El sistema de remuneración está diseñado para maximizar el tiempo de exposición y la explicitud del contenido. Las streamers acumulan monedas virtuales según el servicio prestado. Las videollamadas privadas, que son el contenido mejor pagado, generan entre 240 y 1.020 monedas por minuto, dependiendo del nivel de «popularidad» de la usuaria. Los mensajes de texto reportan entre dos y ocho monedas, y las fotos privadas, 100. Para alcanzar un dólar, se requieren 6.667 monedas. El mínimo de retiro está fijado en 70.000 monedas, equivalentes a 10,50 dólares o MLC (Moneda Libremente Convertible), la única forma en que estas jóvenes pueden recibir sus ingresos en la isla.
La presión por mantener a los usuarios en línea es extrema y punitiva. Si el algoritmo de la plataforma detecta que el 60 por ciento de las videollamadas de una streamer son demasiado cortas —lo que suele ocurrir cuando las jóvenes se niegan a mostrar contenido explícito—, la cuenta es bloqueada de manera automática. Daniela, que se ha limitado a mostrar su rostro y conversar, ha sufrido esta penalización en un par de ocasiones, teniendo que rogar a los administradores para que reactiven su perfil. En poco más de un mes, y tras sortear estas dificultades, logró retirar apenas 22 MLC, una cifra que en cualquier otro contexto sería irrisoria, pero que resulta vital para la subsistencia en el Cuba actual.
Mensajes intercambiados entre las ‘streamers’ (Infografía: CubaNet)
La negación del trabajo sexual y la vulnerabilidad
A pesar de la naturaleza explícita de las interacciones, la mayoría de las jóvenes involucradas en estos «call centers sexuales» rechazan la etiqueta de trabajadoras sexuales. Estudiantes como Liliana*, quien sí se muestra totalmente desnuda ante la cámara en la aplicación Waha, argumentan que al no existir contacto físico, su actividad se limita a la «creación de contenidos» para una agencia en línea. Sin embargo, especialistas en sociología y derechos laborales coinciden en que el uso del cuerpo como vehículo para la obtención de capital a través de la sexualidad, incluso en el entorno virtual, constituye una forma de trabajo sexual, agravado en este caso por la total ausencia de contratos, protecciones legales y privacidad garantizada.
Contexto: El fracaso económico como catalizador
El auge de estas prácticas en Santiago de Cuba no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa del colapso estructural de la economía nacional. El régimen de La Habana ha demostrado una incapacidad absoluta para garantizar condiciones de vida dignas para su población. Con salarios estatales que no alcanzan para cubrir ni una fracción de la canasta básica de alimentos y una inflación galopante que devalúa constantemente la moneda nacional, las jóvenes se ven empujadas a la economía informal y a la explotación digital. El hecho de que estudiantes de Medicina —profesionales vitales para el desmantelado sistema de salud del país— tengan que recurrir a la prostitución virtual para sobrevivir evidencia el rotundo fracaso del modelo socioeconómico impuesto por el gobierno cubano.
Esta realidad se entrelaza con la profunda crisis migratoria y la represión social que experimenta la isla. Ante la falta de libertades y el asfixiante control estatal, muchos jóvenes optan por el exilio. Los que permanecen en el país buscan refugio en el internet, un espacio que la dictadura cubana intenta vigilar, fragmentar y censurar constantemente, pero que se ha convertido en la única vía de escape económico. La dependencia de remesas y de plataformas digitales foráneas demuestra la desconexión total entre las autoridades de la isla y las necesidades reales de la ciudadanía, que sobrevive al margen de las promesas oficiales y de un sistema productivo inexistente.
(Ilustración: CubaNet)
Históricamente, el fenómeno de la prostitución en Cuba ha sido manipulado por el discurso oficial. En las décadas de 1960 y 1970, el ejecutivo cubano presumió de haber erradicado el trabajo sexual, presentándolo como un vestigio del capitalismo. Sin embargo, tras la crisis de los años noventa conocida como Período Especial, la prostitución resurgió con fuerza, adaptándose a las necesidades del turismo extranjero. Hoy, en pleno siglo XXI, la modalidad ha mutado hacia el ciberespacio. Las «streamers» son la versión digital de las jineteras de los noventa, pero con un nivel de vulnerabilidad mayor, al estar expuestas a redes internacionales de explotación sin el amparo de ninguna legislación laboral ni la protección del Estado, que prefiere mirar hacia otro lado mientras ingresan divisas al país.
La consolidación de estos centros de explotación virtual en territorio cubano plantea un escenario sombrío para el futuro de la juventud. Mientras el gobierno cubano mantenga su política de inmovilidad y se niegue a implementar reformas económicas reales que permitan el emprendimiento privado y la generación de riqueza lícita, un sector creciente de la población seguirá cayendo en la trampa de la explotación digital. La comunidad internacional y las plataformas tecnológicas deberán prestar atención a este uso fraudulento de sus sistemas, pero la verdadera responsabilidad recae sobre la dictadura cubana, que con su ineficiencia, censura y falta de oportunidades ha orillado a sus jóvenes profesionales a vender su intimidad en la red para poder comer.
