La contundente victoria de la candidata derechista Laura Fernández en las elecciones presidenciales de Costa Rica no solo marca un punto de inflexión en la política interna del país centroamericano, sino que proyecta una sombra ineludible sobre la realidad cubana. Mientras los costarricenses castigan en las urnas la ineficacia de las corrientes progresistas frente a la inseguridad y el crimen organizado, consolidando un proyecto de «mano dura», la dictadura cubana sigue negando a su pueblo el más básico de los derechos democráticos: la capacidad de elegir y destituir a sus gobernantes mediante el voto libre, secreto y plural.
El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica ha confirmado lo que los primeros escrutinios ya anticipaban: Laura Fernández, abanderada del Partido Pueblo Soberano, ha alcanzado la presidencia en una primera vuelta histórica. Con más del cincuenta por ciento de los sufragios válidos, la nueva mandataria superó ampliamente el umbral del cuarenta por ciento exigido por la legislación local para evitar una segunda ronda. Su contendiente más cercano, Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional, se quedó con apenas un tercio del respaldo popular, evidenciando una fragmentación opositora incapaz de detener el empuje conservador.
Este resultado no es un fenómeno aislado, sino la ratificación clara del proyecto político impulsado durante la administración del presidente saliente, Rodrigo Chaves. El electorado costarricense ha optado por la continuidad de un modelo que promete orden, control institucional y una respuesta enérgica frente al avance del crimen organizado. El desplazamiento de las corrientes progresistas y de izquierda en el país centroamericano responde a un hartazgo ciudadano ante la ineficacia demostrada por estas formaciones para canalizar el creciente malestar social y la preocupación por la seguridad pública, un síntoma que se replica en diversas latitudes de América Latina.
Durante su campaña, Fernández articuló un discurso que conectó de manera directa con los sectores de la sociedad que demandan resultados concretos. Su propuesta central se basó en un enfoque de «mano dura» contra el narcotráfico, el fortalecimiento sustancial de las fuerzas de seguridad y una serie de reformas institucionales diseñadas para reducir el tamaño y el poder del aparato estatal. Esta promesa de achicamiento del Estado y empoderamiento de la ciudadanía choca frontalmente con las doctrinas que imperan en la isla caribeña, donde el régimen de La Habana ha hipertrofiado la burocracia para sostener su control absoluto sobre la vida económica y social.
La legitimidad de este giro conservador está respaldada por una masiva participación ciudadana, que rondó el setenta por ciento del padrón electoral. Este indicador es fundamental para entender la fortaleza institucional de Costa Rica, un país donde el voto es un mecanismo real de transformación social y donde la ciudadanía confía en que sus decisiones serán respetadas. Al conocer su victoria, Fernández anunció el inicio de lo que denominó la «tercera república», un concepto con el que busca cerrar definitivamente el ciclo político tradicional y profundizar las reformas desde una perspectiva de derechas.
Observar este ejercicio democrático desde la perspectiva cubana resulta, cuando menos, aleccionador. La diferencia entre la realidad costarricense y la isla es abismal y dolorosa. En Costa Rica, el fracaso de la izquierda para garantizar la seguridad ciudadana se penaliza con la pérdida del poder de forma pacífica y constitucional. En Cuba, en cambio, la dictadura no permite la disidencia, y cualquier intento de exigir rendición de cuentas es sofocado con la represión policial, el encarcelamiento arbitrario, las intimidaciones y el hostigamiento sistemático a una sociedad civil que se atreve a levantar la voz.
Resulta paradójico y trágico que el electorado costarricense castigue a la izquierda por la inseguridad, cuando en Cuba, bajo un sistema totalitario de izquierda, la inseguridad ciudadana ha alcanzado cotas inéditas. El régimen de La Habana presume falsamente de ser un paraíso de «seguridad social», pero la realidad es que el cubano de a pie sufre el azote de la delincuencia, el mercado negro, la violencia machista, el desplome total del orden público en numerosos barrios y la corrupción galopante de las autoridades. La diferencia radica en que los cubanos no pueden acudir a las urnas para exigir un cambio de rumbo o una «mano dura» contra los culpables de su empobrecimiento, porque los principales responsables del desastre se sientan en el gobierno y controlan el aparato represivo.
El concepto de una «tercera república» propuesto por la presidenta electa de Costa Rica resuena con especial fuerza en el imaginario de la oposición cubana. Mientras en el país centroamericano se busca cerrar un ciclo para modernizar el Estado y optimizar su funcionamiento, en Cuba la urgencia de una nueva república implica el desmantelamiento total de la dictadura. La isla sigue secuestrada por una élite militar que se aferra al poder bajo el disfraz de un sistema de partido único, negando la soberanía popular que en Costa Rica se ejerce con total normalidad y civilidad.
Contexto regional: El declive de los modelos estatistas y el silencio impuesto en Cuba
El triunfo de la derecha en Costa Rica se inscribe en una coyuntura regional donde los modelos estatistas y progresistas comienzan a mostrar su agotamiento estructural. Los ciudadanos de la región han experimentado en sus propias carnes las consecuencias de políticas fiscales irresponsables, el paternalismo estatal y la permisividad ante el crimen. La respuesta electoral en Costa Rica es un termómetro de ese descontento generalizado. Sin embargo, el gobierno cubano, que históricamente ha exportado su modelo autoritario y ha financiado y apoyado logísticamente a movimientos de izquierda en América Latina, se mantiene impermeable a la voluntad popular, blindándose tras un sistema represivo sin precedentes.
El régimen de La Habana ve con profundo recelo estos procesos democráticos en la región, pues evidencian lo que le niegan a su propia población: la alternabilidad en el poder y la libertad de elección. La dictadura cubana sobrevive gracias al monopolio de la violencia y al control asfixiante de la información. Mientras los costarricenses debaten abiertamente en plazas y medios de comunicación sobre el tamaño del Estado, la economía y la seguridad, en Cuba cualquier intento de debate público sobre la gestión gubernamental es tipificado inmediatamente como un delito contra la seguridad del Estado, acarreando penas draconianas para los que osen criticar al generalato.
El llamado a reducir el tamaño del aparato estatal hecho por Fernández en Costa Rica es exactamente lo contrario a lo que hace el gobierno cubano, que mantiene a millones de personas atadas a un aparato burocrático improductivo con el único fin de asegurar su lealtad política y controlar la distribución de los escasos recursos disponibles. La hiperinflación, el desabastecimiento crónico, la crisis energética y la postración productiva en la isla son el resultado directo de un modelo centralista que Costa Rica ha decidido rechazar de manera contundente en las urnas, apostando por la libertad económica y la responsabilidad fiscal.
El espejo democrático que La Habana teme
La victoria de Laura Fernández es, ante todo, una victoria de la institucionalidad democrática y la madurez cívica. Demuestra que cuando los mecanismos electorales funcionan con transparencia y respeto a la ley, la sociedad tiene la capacidad de corregir el rumbo del país sin necesidad de rupturas violentas o traumas institucionales. Para el pueblo cubano, observador obligado y silenciado de estas dinámicas regionales, el ejemplo costarricense es un recordatorio cruel de la privación de sus derechos civiles y políticos fundamentales.
La dictadura en Cuba sabe perfectamente que un proceso electoral libre, similar al de Costa Rica, significaría su fin inmediato y definitivo. El nivel de rechazo popular hacia el régimen de La Habana es absoluto, evidenciado por la constante migración masiva, la protesta social reprimida a sangre y fuego, y el repudio silencioso de millones en las calles. Si los cubanos pudieran votar en unas elecciones verdaderamente libres y con observación internacional, el resultado sería un repudio contundente al modelo comunista, muy superior al que la derecha obtuvo en Costa Rica contra la ineficacia progresista.
En definitiva, mientras Costa Rica se prepara para inaugurar una nueva etapa bajo el liderazgo de Fernández con altas tasas de participación, institucionalidad sólida y legitimidad indiscutible, Cuba permanece anclada en un pasado autoritario que asfixia a su gente. La «tercera república» que necesita la isla no es una reforma cosmética ni una sucesión disfrazada dentro de la misma élite, sino la liberación definitiva del yugo de una dictadura que, a diferencia de las izquierdas derrotadas en las urnas centroamericanas, se niega a soltar el poder y prefiere ahogar a su pueblo en la miseria antes que aceptar la voluntad democrática y la soberanía real de los cubanos.
