El régimen de La Habana exhibe infraestructuras médicas de lujo en el extranjero y plantas farmacéuticas en Asia, mientras el sistema de salud pública en Cuba se desploma. Los hospitales de la Isla, sumidos en un deterioro infraestructural sin precedentes, dependen de donaciones internacionales para paliar la crisis, evidenciando una política de abandono deliberado hacia la población civil.
El régimen de La Habana mantiene desde hace más de una década un hospital de lujo en Qatar, además de una extensa red de clínicas privadas dispersas por el mundo, incluyendo instalaciones en Venezuela. Sin embargo, la cruda realidad interna obliga a depender de la caridad internacional. La India, un país con el que el gobierno cubano mantiene acuerdos de transferencia tecnológica, ha tenido que donar recientemente un hospital de campaña para paliar el colapso sanitario en la provincia de Granma. Esta crisis no es un fenómeno aislado, sino un síntoma de la descomposición del sistema de salud que se extiende por toda la Isla, donde los pacientes se ven obligados a dormir, y en muchos casos a morir, en los pisos y pasillos de instalaciones hospitalarias en estado de ruina.
La paradoja se profundiza al observar el accionar de BioCubaFarma, el conglomerado estatal de la industria biofarmacéutica. Mientras en Cuba escasean los antibióticos básicos, la entidad ha instalado múltiples plantas de producción de medicamentos en Asia. Recientemente se anunciaron acuerdos para la fabricación de fármacos y vacunas en China, y la inauguración de la empresa mixta Genfarma en Vietnam, encabezada por el propio Miguel Díaz-Canel. Estos complejos industriales operan con fines de lucro, comercializando sus productos en mercados extranjeros donde exista poder adquisitivo, dejando completamente desabastecido al sistema sanitario nacional.
La hipocresía institucional queda al descubierto con las constantes donaciones internacionales. Solo en el último año, han arribado a Cuba múltiples cargas de antibióticos, antipiréticos y analgésicos donados por la India, así como por otros gobiernos e instituciones internacionales. Estos actores de solidaridad global parecen ignorar la existencia del rentable Hospital Cubano en Qatar —señalado en múltiples ocasiones por denuncias de explotación laboral hacia el personal médico— y las fábricas farmacéuticas operadas en Asia. Tampoco consideran los acuerdos firmados en 2018 tras la visita del presidente indio Ram Nath Kovind al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en La Habana, acuerdos que en papel garantizaban soberanía tecnológica pero que en la práctica no han revertido la dependencia de la mendicidad internacional.
Ninguno de estos supuestos «avances» en materia de negocios biofarmacéuticos impacta de manera positiva en la economía nacional ni en la atención sanitaria de los cubanos. La población de la Isla sigue siendo rehén de la narrativa oficial que culpa al «bloqueo» estadounidense de la incapacidad del Estado para garantizar la salud. Durante décadas, se ha obligado a los cubanos a creer que el embargo es el culpable de que no puedan tratar sus enfermedades, acceder a cirugías o tener una muerte digna, ocultando que los recursos sí existen, pero están destinados a la exportación y al enriquecimiento de la cúpula militar.
La propaganda oficial choca violentamente con la realidad publicada incluso en sus propios medios. En el periódico Granma pueden leerse, en una misma página, noticias sobre el aumento de la exportación de plasma sanguíneo y derivados de la sangre humana —un renglón que le reporta al régimen ingresos anuales superiores a los 30 millones de dólares— y reportes sobre la labor de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en la captación de donantes de sangre. Lo que la prensa oficialista omite cuidadosamente es el tortuoso calvario que sufren los pacientes cubanos para acceder a una transfusión. En cirugías programadas, la búsqueda de sangre es obligatoria para el paciente; si no cuenta con familiares o amigos dispuestos a donar, debe salir a comprarla en el mercado negro a precios exorbitantes.
A esta tragedia se suma la indolencia hacia los propios donantes. En muchas ocasiones, tras la extracción de sangre, los donantes se desmayan al salir de la clínica porque el centro hospitalario ni siquiera cuenta con un vaso de agua con azúcar para reponer sus fuerzas. Mientras tanto, el régimen exporta derivados sanguíneos a precios internacionales. Esta misma lógica de despojo se aplica en el manejo de las epidemias. Ante el avance de los mosquitos transmisores de dengue y chikungunya —que según cifras oficiales, poco confiables, arrojaría un saldo de cerca de dos mil contagios diarios—, las autoridades recomiendan remedios caseros y la producción artesanal de formulaciones a base de Caña Santa.
La respuesta oficial a la plaga de mosquitos contrasta con el acaparamiento de repelentes efectivos. Los productos que han llegado al país mediante donativos internacionales, especialmente tras el paso de huracanes, son confiscados y guardados en la llamada «Reserva Estatal» bajo el pretexto de la «seguridad nacional». En realidad, estos insumos están destinados al uso exclusivo del ejército y de la alta dirigencia, quienes reciben los sprays de forma gratuita, o son comercializados en tiendas recaudadoras de divisas en dólares. Esta realidad de apartheid sanitario es celosamente ocultada por la prensa oficial.
El colapso ha generado una economía paralela dentro de los hospitales. Una cama, aunque esté sucia y ubicada en una sala en pésimas condiciones, puede costar «por la izquierda» hasta 20 mil pesos. Una inyección de un analgésico común ronda los 5 mil pesos, mientras que un simple suero de dextrosa o cloruro de sodio puede alcanzar los 10 mil pesos, cobrado por los propios médicos y enfermeras que buscan recaudar fondos para intentar salir de «misión» internacional. En un país donde el salario medio no supera los 7 mil pesos mensuales (menos de 20 dólares) y las pensiones apenas llegan a los 2 mil, acceder a estos servicios básicos es matemáticamente imposible para la mayoría, explicando las imágenes dantescas que circulan en redes sociales y que el régimen intenta desacreditar persiguiendo a quienes las graban, en lugar de investigar los hospitales donde fueron tomadas.
El contexto: La salud como rehén del modelo totalitario
El sistema de salud pública en Cuba fue durante décadas el principal escudo propagandístico del regimen de La Habana en foros internacionales. Sin embargo, la falta de mantenimiento de la infraestructura, la ausencia de incentivos para los profesionales y la prioridad de exportar servicios médicos por encima de atender la salud interna, han convertido los hospitales de la Isla en escenarios de miseria. La «diplomacia médica» no es más que un mecanismo de captación de divisas que esclaviza a los galenos y abandona a los pacientes locales, evidenciando que el modelo de salud gratuito es una falacia sostenida por la represión y el control de la información.
La crisis actual es la culminación de políticas de la dictadura que requieren de un estado de necesidad permanente para justificar el autoritarismo. Al mantener a la población en la pobreza y depender de la ayuda internacional, el gobierno cubano se exime de su responsabilidad de proveer bienestar. Una población envejecida y empobrecida es funcional al régimen, ya que no representa una fuerza laboral productiva que exija derechos, sino una masa que puede ser manipulada para mendigar auxilio global. La exportación de plasma y medicamentos mientras se carece de lo básico en la Isla demuestra que la salud del cubano no es una prioridad, sino un recurso explotable.
Además, la estructura de control estatal, materializada en los CDR y el aparato militar, garantiza que los recursos disponibles, por mínimos que sean, se distribuyan según la lealtad política y el poder adquisitivo en divisas. La «Reserva Estatal» es un eufemismo para el acaparamiento de la élite, una práctica común en regímenes autoritarios que anteponen la supervivencia de la cúpula a la vida de los ciudadanos. La crisis sanitaria cubana no es consecuencia de la incompetencia, sino de una perversidad sistémica que lucra con el sufrimiento y la muerte de su propia gente.
La situación sanitaria en Cuba trasciende la ineficiencia administrativa para consolidarse como una violación sistemática de los derechos humanos por parte de la dictadura. El régimen de La Habana ha diseñado un esquema donde la vida de los cubanos en la Isla es sacrificada en aras de la rentabilidad de sus negocios médicos en el extranjero. Mientras las élites militares y políticas garantizan su acceso a medicamentos y repelentes, el pueblo enfrenta la enfermedad en condiciones de absoluta indignidad, obligado a comprar sangre y sueros en el mercado negro para sobrevivir. No es abandono, es perversidad; es la prueba irrefutable de un Estado que ha transformado la salud pública en un mecanismo de extorsión y control, dejando a su población morir en los pasillos de hospitales en ruinas.
