Mientras las barbacoas de Europa disfrutan del codiciado carbón de marabú cubano, considerado un producto premium en el mercado internacional, las familias de la Isla se ven obligadas a desembolsar más de la mitad de sus salarios para encender fogones precarios. La política exportadora del régimen de La Habana prioriza la captación de divisas por encima del bienestar de su población, sumiendo a los cubanos en una crisis energética y alimentaria que obliga a miles a recurrir a mercados clandestinos y prácticas de supervivencia frente a la ineficiencia estatal y la represión.
En los intrincados laberintos del reparto Condado, en Santa Clara, la economía informal dicta las reglas de la supervivencia. Israel, un maestro de secundaria de 56 años, se ha convertido en un punto de referencia para las familias que no pueden permitirse comprar un saco entero de carbón. Su negocio consiste en fraccionar el producto en pequeñas jabas de nailon, vendiéndolas a 500 pesos cada una. Aunque a primera vista parece un acto de caridad, ocho de estas bolsas equivalen al precio mínimo de un saco en otros puntos de venta. La fragmentación del carbón responde a la asfixia económica de los trabajadores del Estado, quienes carecen de la capacidad adquisitiva para adquirir combustible para cocinar de forma convencional en un país donde el salario medio no cubre las necesidades básicas.
Desde hace varias semanas, el precio del carbón vegetal ha experimentado un aumento desproporcionado en el mercado informal a nivel nacional. Un saco de cinco latas, que anteriormente costaba alrededor de 2.000 pesos, ha duplicado su valor, alcanzando cifras que oscilan entre los 4.000 y 5.000 pesos en provincias como Villa Clara, Cienfuegos y Matanzas. En La Habana, el panorama no es muy distinto, con precios que rondan los 3.200 pesos. Esta escalada inflacionaria golpea directamente a los núcleos familiares más vulnerables, quienes destinan hasta el 70% de su salario mensual únicamente para asegurar la cocción de sus alimentos, en medio de una devaluación galopante de la moneda nacional.
La dependencia del carbón se ha agravado por el colapso estructural del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y la desaparición del gas licuado normado en varias provincias, como es el caso de Villa Clara, donde hace más de un año no se expende este combustible esencial. Los apagones que superan las 20 horas diarias han transformado al carbón en un artículo de primera necesidad. Durante las recientes desconexiones del SEN, la desesperación ciudadana alcanzó niveles críticos, con residentes dispuestos a pagar sobrecargas exorbitantes con tal de asegurar un saco de carbón. Un saco, utilizado para cocinar tres veces al día, apenas alcanza para medio mes, obligando a la población a implementar métodos de ahorro extremos, como humedecer las brasas para reavivarlas posteriormente.
Los vendedores informales coinciden en que la escasez y el encarecimiento no se originan en la falta de producción primaria, sino en la ineficiencia logística del régimen cubano. La imposibilidad de trasladar el carbón desde las zonas rurales hacia las cabeceras municipales genera una cadena de intermediarios que multiplica exponencialmente el precio final. Cuando el producto pasa de los fabricantes clandestinos a una segunda mano y luego a los transportistas, el costo se vuelve prohibitivo para el ciudadano común. La falta de combustible para el transporte estatal y privado, sumada a la mala infraestructura vial, evidencia la fractura entre la oferta rural y la demanda urbana en un sistema económico centralizado y fallido.
La crisis ha empujado a muchos cubanos a incursionar en la fabricación clandestina de carbón, una actividad fuertemente penalizada por las autoridades. Jóvenes como Julio, de 23 años, arriesgan su libertad montando pequeños hornos artesanales en descampados periféricos para consumo propio y venta a «gente confiable». Esta práctica, heredada de generaciones anteriores, se desarrolla bajo la constante amenaza de la delación y la represión estatal. La dictadura mantiene un cerco normativo que criminaliza la supervivencia, obligando a los productores informales a operar en la clandestinidad ante la imposibilidad de obtener licencias o acceder a canales formales de comercialización sin atravesar un laberinto burocrático corrupto.
El régimen de La Habana ampara su accionar represivo en un marco legal restrictivo. La Ley Forestal 85/1998 y la Resolución 365/2024 establecen controles estrictos sobre la tala, el traslado y la comercialización de productos forestales. Sin embargo, estas normativas se aplican con mayor rigor sobre los pequeños productores informales que intentan sobrevivir, mientras que las empresas estatales y las mipymes vinculadas al poder operan con total impunidad. Esta doble moral institucional es la marca registrada de la dictadura, que ahoga las iniciativas populares pero cede el control de los recursos a redes de influencia y corrupción interna.
El oficio del carbonero ilegal es uno de los más duros y peligrosos en el panorama laboral cubano. La falta de motosierras obliga a la tala manual bajo sol abrasador, seguida de noches enteras vigilando los hornos para evitar fugas de calor. El polvo negro resultante de la quema afecta gravemente la salud respiratoria de estos trabajadores. A esta precariedad física se suman las represalias legales: las multas por producción no autorizada superan frecuentemente los 30.000 pesos, una cifra que aniquula cualquier margen de ganancia y empuja a estas familias a la indigencia. La dictadura prefiere multar y decomisar antes que regularizar e integrar a estos trabajadores a una economía que tanto lo necesita.
El marabú: De plaga invasora a negocio de exportación del régimen
El marabú, o aroma, es un arbusto espinoso originario de África introducido en Cuba en el siglo XIX como planta ornamental. Durante la crisis de los años noventa, la falta de inversión, la ineficiencia del modelo agrario socialista y el abandono de las tierras cultivables permitieron que esta planta invadiera más de 1,5 millones de hectáreas. Su raíz profunda y su resistencia a la sequía lo convirtieron en una plaga difícil de erradicar, símbolo del fracaso productivo del gobierno cubano. Sin embargo, la ingeniería de la necesidad encontró en el marabú un recurso: una vez convertido en carbón, produce brasas duraderas, con alto poder calorífico y una combustión limpia, libre de chispas y humo.
Hoy, el carbón de marabú cubano es considerado un artículo premium en las barbacoas europeas, valorado por arder más tiempo y respetar el sabor original de las carnes. Medios internacionales e incluso publicaciones oficiales reconocen que Cuba ocupa el tercer lugar mundial en la exportación de este producto, generando una «generosa retribución en divisas» para la asfixiada economía del régimen. El gobierno cubano produce cerca de 40.000 toneladas anuales, priorizando su venta en el extranjero a través de un centenar de mipymes privadas y empresas estatales intermediarias, que concentran los beneficios mientras el pueblo carece del producto.
Mientras tanto, en las calles de Santa Clara y otras provincias, abundan los carteles que anuncian «No hay carbón». La producción destinada al consumo nacional es deficiente, de mala calidad y a precios inalcanzables. Los cubanos se ven obligados a cocinar con maderas blandas, cartones de huevo y bolsas de nailon, inhalando humos tóxicos, mientras el régimen se jacta de sus cifras de exportación. El portal del Gobierno provincial de Villa Clara ha celebrado la producción agroforestal con «destino al consumo nacional y a la exportación», pero los ciudadanos, a través de redes sociales, cuestionan con indignación dónde se encuentra ese carbón prometido que nunca llega a sus fogones.
Una cocina a dos fuegos: divisas para el Estado, miseria para el pueblo
La paradoja del carbón en Cuba sintetiza la esencia del modelo económico y político de la Isla. La dictadura ha perfeccionado el arte de extraer riquezas de la naturaleza para beneficiar sus arcas en divisas, ignorando el drama cotidiano de la población. La exportación del marabú enriquece a intermediarios y al aparato estatal, mientras que la base trabajadora enfrenta multas, represión y penurias para encender un fogón. El Estado actúa como un monopolio insaciable que extrae el valor del trabajo campesino y de los recursos naturales para sostener una maquinaria burocrática ineficiente y represiva.
El carbón se ha convertido en el termómetro de la decadencia cubana. Mientras los europeos asan sus carnes a fuego lento con un producto cubano de alta gama, las familias isleñas intentan salvar un picadillo en medio de apagones interminables, utilizando sobras de madera y plásticos como combustible. El régimen de La Habana demuestra, una vez más, que su prioridad absoluta no es el bienestar de los cubanos, sino la supervivencia de su estructura de poder, financiada con los recursos de una tierra que, bajo el discurso de la «propiedad socialista», ha sido despojada de quienes la trabajan y sufren sus consecuencias.
