El Ministerio del Interior de la dictadura cubana ha anunciado el supuesto desmantelamiento de una red de tráfico de divisas y remesas operada desde Estados Unidos, en un claro intento por recuperar el control de los flujos financieros que evaden las arcas estatales. La operación policial, presentada con gran despliegue propagandístico, expone la profunda crisis del modelo de dolarización parcial y la desesperación del gobierno cubano por captar un dólar que cada vez menos llega a sus bancos.
El jefe del Departamento de Delitos Económicos del Órgano de Instrucción del MININT, Yisnel Rivero Crespo, presentó ante la prensa oficialista el expediente de fase preparatoria número 121/2025. Según la versión oficial, esta investigación reveló una presunta estructura criminal dirigida desde territorio norteamericano por el ciudadano cubano Humberto Julio Mora Caballero. El relato construido por las autoridades señala que Mora Caballero captaba fondos en divisas en el extranjero y, valiéndose de una compleja red de testaferros, abrió más de treinta cuentas bancarias para movilizar el dinero y efectuar pagos a proveedores, burlando así el estricto cerco cambiario impuesto por La Habana.
La trama descrita por el funcionario incluye una base operativa establecida en la provincia de Camagüey, donde un grupo de subordinados se encargaba de recolectar, de manera semanal, voluminosas sumas de moneda nacional en efectivo. Estos fondos provenían de las denominadas formas de gestión no estatal, es decir, del sector privado y emprendedor que ha surgido por necesidad ante el fracaso del modelo económico estatal. Posteriormente, este capital en pesos cubanos era distribuido entre las familias en la Isla como contrapartida de las remesas enviadas desde el exterior, mientras que la moneda dura permanecía fuera de las fronteras nacionales.
Las cifras manejadas por el régimen de La Habana son elocuentes respecto a la magnitud de la economía sumergida. Durante el período investigado, esta red logró movilizar más de mil millones de pesos cubanos y aproximadamente un cuarto de millón de dólares estadounidenses. Estos volúmenes no solo evidencian la capacidad de operación de los actores no estatales, sino que subrayan la absoluta ineficacia del aparato financiero estatal para canalizar las necesidades legítimas de la población, empujando a los ciudadanos a buscar alternativas informales para sostener a sus familias y mantener a flote sus negocios.
Actualmente, más de una decena de implicados se encuentran bajo medidas cautelares, mientras que los organismos represivos de la dictadura continúan la investigación sobre cuatro actores no estatales vinculados a esta red. Sin embargo, como es habitual en el oscurantismo informativo que caracteriza al Estado cubano, los partes oficiales omiten deliberadamente datos esenciales. No se ha ofrecido información transparente sobre el paradero de los demás implicados, las presuntas víctimas de fraude ni, lo que es más crítico, la responsabilidad institucional que tiene el propio gobierno al generar las condiciones que propician estos esquemas de supervivencia.
Detrás de este espectacular operativo policial se esconde una realidad ineludible: el reconocimiento tácito por parte del régimen de la caída estrepitosa de las remesas hacia la Isla y su pérdida de control sobre las divisas que circulan internamente. Rivero Crespo admitió que el país recibe actualmente menos del diez por ciento de lo que ingresaba en épocas anteriores. Esta alarmante disminución de los flujos financieros es un golpe mortal para una economía que depende de manera parasitaria de las remesas para sostener su frágil balanza de pagos y abastecer un mercado interno en ruinas.
El discurso oficial, carente de autocrítica, ha atribuido este desplome al embargo estadounidense y a las supuestas nuevas modalidades delictivas que retienen el dinero fuera de las fronteras. La dictadura ignora que su propia política de dolarización parcial, implementada sin garantías ni respaldo, ha generado una profunda desconfianza en la población. Los cubanos y sus familiares en el extranjero prefieren utilizar canales paralelos antes que depositar divisas en bancos estatales que no garantizan la liquidez, que imponen comisiones exorbitantes y que históricamente han congelado o confiscado los ahorros de la ciudadanía.
La queja principal del gobierno cubano se centra en que los dólares no llegan a sus arcas bancarias, a pesar de que las personas en Cuba reciben el equivalente en moneda nacional de lo que sus allegados les envían. El MININT ha denunciado que la moneda dura se queda en el exterior para pagar importaciones o alimentar esquemas ilícitos, ignorando que estos esquemas son la única vía viable para que muchos productos e insumos lleguen al país. Al criminalizar a figuras como el imputado Mora Caballero, a quien la propaganda ha bautizado como «financista» y nuevo némesis de la economía castrista, el régimen busca desviar la atención de su propia incapacidad para gestionar la economía nacional.
Las amenazas de Rivero Crespo sobre la ejecución de más operativos y la implementación de nuevas medidas para la regulación financiera y la supervisión tributaria auguran un recrudecimiento de la represión económica. La dictadura pretende sofocar el mercado informal de divisas con el mismo aparato policial que utiliza para reprimir la disidencia política. Esta estrategia demuestra una vez más que, ante la incapacidad de generar riqueza y estabilidad, el régimen de La Habana recurre a la criminalización de la iniciativa privada y al endurecimiento de su control sobre la sociedad civil.
El contexto económico y la crisis del modelo financiero en Cuba
Para comprender la magnitud de este conflicto, es necesario observar la estructura económica de Cuba tras el fracaso del llamado «Ordenamiento Monetario». La decisión del gobierno cubano de eliminar la circulación del dólar en el circuito estatal y luego intentar una dolarización parcial mediante tarjetas magnéticas fue un parche ineficiente ante la inflación galopante. Al no existir una convertibilidad real del peso cubano y al mantenerse un tipo de cambio oficial divorciado de la realidad del mercado informal, la ciudadanía se vio obligada a operar en la clandestinidad cambiaria.
Las remesas han sido, durante décadas, el principal oxígeno de la economía familiar en Cuba y un sostén silencioso del propio régimen, que se beneficia de la circulación de divisas en el mercado negro. Sin embargo, la crisis migratoria sin precedentes y el empobrecimiento extremo han alterado estos flujos. La diáspora cubana, enfrentada a sus propias dificultades económicas en el extranjero, ha reducido el envío de dinero en efectivo y ha optado por enviar alimentos o utilizar plataformas que operan fuera del radar estatal, dejando a las arcas castristas sin su tradicional fuente de captación de divisas frescas.
La persecución de los «financistas» no es más que una guerra sucia por el control de los dólares disponibles. El régimen necesita con urgencia captar divisas para pagar sus deudas externas, comprar combustible y mantener operativa su maquinaria represiva y burocrática. Al no lograrlo a través de la confianza o el incentivo, recurre a la coerción y al etiquetamiento penal de quienes facilitan transacciones que, en cualquier economía normal, serían parte del libre mercado de servicios financieros.
A esto se suma la asfixia bancaria impuesta al sector privado. El gobierno cubano obliga a los empresarios a depositar sus ingresos en efectivo en el banco, pero luego les impide retirar divisas para realizar sus importaciones, argumentando la falta de liquidez. Esta trampa financiera obliga a los propietarios de pequeñas y medianas empresas a buscar dólares en el mercado informal o a recurrir a redes externas, creando el caldo de cultivo perfecto para que operen estructuras como la liderada supuestamente por Mora Caballero. El Estado crea el problema y luego lo persigue como delito.
La represión como única respuesta ante el fracaso económico
En definitiva, el supuesto desmantelamiento de esta red de remesas no representa una victoria contra el crimen, sino una muestra más de la asfixia económica que padece la Isla. La dictadura cubana se encuentra acorralada por sus propios errores de gestión y por la pérdida de apoyo financiero de aliados internacionales. Mientras el Estado continúe tratando a sus ciudadanos como sospechosos y a la iniciativa privada como una amenaza a su monopolio del poder, el mercado informal seguirá floreciendo por la simple ley de la supervivencia.
El verdadero némesis de las arcas castristas no es un «financista» operando desde el exilio, sino la ineficiencia, la corrupción estructural y la falta de libertades que definen al propio régimen. La criminalización de la supervivencia económica solo profundizará la desconfianza institucional y alejará aún más cualquier posibilidad de recuperación para un país que se hunde bajo el peso de su propio autoritarismo.
