La dictadura cubana orquesta un terremoto político mediático con la imputación del exministro de Economía, Alejandro Gil, mientras las provincias orientales se encuentran sumidas en una devastación sin precedentes tras el paso del huracán. La maniobra de distracción busca desviar la atención de una población hambrienta y enfurecida que exige respuestas a una crisis sistémica que el propio gobierno ha generado y perpetuado durante décadas.
La realidad de la isla cubana se encuentra fracturada entre dos tragedias simultáneas, una natural y otra estrictamente política. Mientras las provincias de Oriente permanecen bajo las aguas desbordadas del río Cauto y otras cuencas, sufriendo la pérdida de miles de viviendas y el colapso de la ya precaria infraestructura local, el régimen de La Habana ha decidido encender un fuego fatuo en la capital. La orden de purgar públicamente a Alejandro Gil, exministro de Economía yPlanning, ha sido ejecutada con la clara intención de monopolizar la atención nacional, ocultando así la absoluta inoperancia del Estado frente al desastre meteorológico y la hambruna que se avecina.
Lo que ocurre en el oriente del país es de una gravedad inenarrable. Las imágenes que logran filtrar el cerco informativo muestran a comunidades enteras aisladas, sin techo, sin alimentos y expuestas a un riesgo epidemiológico exponencial debido a las inundaciones. Sin embargo, el gobierno cubano, carente de capacidad de respuesta y de recursos logísticos básicos, ha preferido montar un sainete judicial. Sacrificar a una figura de la talla de Gil, quien hasta hace muy poco era uno de los arquitectos de la maltrecha economía nacional, es un acto de cinismo calculado para que la candela mediática no permita ver el desastre real que padecen los cubanos de a pie.
El llamado «Affaire Gil» estalla con una letanía de cargos tan severos que resulta imposible no cuestionar la narrativa oficial. La Fiscalía General de la República lo acusa de espionaje, malversación, lavado de activos, falsificación, tráfico de influencias y evasión fiscal. La pregunta inmediata que se impone es cómo un individuo pudo cometer delitos de tal magnitud, de forma continuada, bajo la nariz del aparato estatal. La respuesta es clara y condenatoria: la justicia cubana responde a los mismos intereses de quienes conocían, encubrían y, muy probablemente, participaban activamente en estas redes de corrupción desde las cúpulas del poder.
En este esquema de impunidad, la figura de Miguel Díaz-Canel resulta inextricablemente unida a la de su ahora perseguido exministro. El actual presidente de la República no solo nombró a Gil al frente del Ministerio de Economía, sino que fue su tutor de tesis doctoral, avalando su idoneidad académica y política en un sistema universitario convertido en un lodazal de favores y complicidades. Díaz-Canel defendió cada paso de Gil, lo elogió públicamente y, tras su destitución, se despidió de él reconociendo su «servicio a la Patria». Esta hipocresía demuestra que la dictadura utiliza a sus cuadros como paños desechables cuando la supervivencia del régimen lo exige.
Fue precisamente este binomio Díaz-Canel-Gil el que impulsó el llamado Ordenamiento Monetario en plena pandemia, una medida económica que ha conducido a la nación a una catástrofe social y material que supera con creces las privaciones del Período Especial de los años noventa. Estas decisiones, celebradas y aprobadas por unanimidad en la Asamblea Nacional del Poder Popular, desnudan la inutilidad y complicidad del parlamento cubano. Esa institución, que cuesta al erario público el salario de 470 diputados, no es capaz de velar por los intereses del pueblo, limitándose a aplaudir y justificar mientras el saqueo del país ocurre a puerta cerrada, ante la pasividad cómplice de la Contraloría General de la República.
El sainete, sin embargo, corre el riesgo de desbordarse para la dictadura. La hija del exministro ha exigido un juicio público y televisado con acceso a la prensa independiente, una jugada desesperada que enciende alarmas en las esferas más altas del poder. Quienes ordenaron la quema pública de Gil saben que el exfuncionario tiene información comprometedora sobre las verdaderas entrañas del sistema. Si el circo judicial se sale de guion, podría arrastrar a sectores influyentes de la casta militar y política que aún gozan de total impunidad.
Mientras tanto, en las zonas damnificadas, la indignación social comienza a traducirse en protestas. Los pobres de esta tierra, abandonados a su suerte por un Estado que aprobó una Ley de Bienestar Animal para lavar su imagen internacional pero que abandona a los ciudadanos y sus mascotas en medio de las inundaciones, están perdiendo el miedo. Las manifestaciones en el oriente evidencian un grito unánime: el verdadero bloqueo es interno. El régimen ha intentado apaciguar los ánimos con la mezquindad de ofrecer créditos bancarios y vender materiales a mitad de precio a familias que, antes del huracán, ni siquiera tenían con qué alimentarse. Es una burla que solo aviva la llama de la rebeldía.
El terremoto político de la caída de Gil también esconde movimientos de poder en la sombra. El acelerado ascenso de Oscar Pérez-Oliva Fraga, vástago de la familia Castro, apunta a una transición orquestada. Su nombramiento, que podría culminar con la sustitución de Díaz-Canel mediante una simple formalidad en la Asamblea Nacional, refleja la naturaleza dinástica y autoritaria del sistema. El pueblo cubano, ajeno a estas decisiones cupulares, asiste impotente al relevo de figuras en un tablero de ajedrez donde ellos son las piezas sacrificadas.
El contexto de una crisis sistémica y de la corrupción institucionalizada
Para comprender la magnitud de la purga de Alejandro Gil y el desastre en Oriente, es indispensable situar ambos fenómenos en el contexto de la crisis terminal del modelo cubano. La dictadura ha sobrevivido históricamente a base de subsidios externos, primero soviéticos y luego venezolanos, y de la represión interna. Al agotarse estas fuentes de financiación, la economía nacional ha colapsado, exponiendo un nivel de corrupción institucionalizada que ya no puede ocultarse. Los militares y civiles que controlan las empresas estatales han convertido al país en un feudo privado, donde el saqueo de los recursos es la norma, no la excepción.
El patrón de las purgas en Cuba no es nuevo. Desde el fusilamiento de Arnaldo Ochoa en los años ochenta hasta la destitución de Carlos Lage y Roberto Robaina, el régimen de La Habana ha utilizado recurrentemente a altos funcionarios como chivos expiatorios para explicar el fracaso del modelo socialista. Se vende a la opinión pública la idea de que los males del país se deben a la traición de unos pocos individuos, exonerando así al sistema en su conjunto. Sin embargo, la caída de Gil tiene un matiz distinto: ocurre en un momento de máxima ebullición social, donde la desesperación por la falta de alimentos, los apagones prolongados y la represión policial han borrado los últimos vestigios de legitimidad del gobierno.
El huracán en las provincias orientales no ha hecho más que evidenciar la vulnerabilidad estructural a la que ha sido sometida la población por décadas de negligencia. La falta de mantenimiento de las redes hidráulicas, la deforestación y la ausencia de planes de contingencia eficaces son consecuencias directas de la mala gestión centralizada. Cuando el régimen afirma que el «bloqueo» impide la recuperación, ignora deliberadamente que la ineficiencia administrativa y la corrupción han desviado los escasos recursos destinados a la prevención de desastres. La respuesta oficial, basada en limosnas y créditos a personas en la indigencia, es un insulto a la inteligencia y a la dignidad del pueblo cubano.
En este escenario de colapso material y desgaste político, la posible llegada de un nuevo rostro con el apellido Castro al poder supremo no representa ninguna solución, sino la reafirmación de un linaje dinástico que se resiste a soltar las riendas del país. La sucesión en Cuba no se decide en las urnas ni responde a las necesidades de la ciudadanía, sino a los pactos de poder dentro de la cúpula militar. Mientras el oriente de la isla intenta sacar el lodo de sus casas, en La Habana se redistribuyen los cargos y se ajustan las cuentas, demostrando que la única prioridad de la dictadura es su propia permanencia en el poder, a cualquier costo humano y social.
La situación actual exige una mirada crítica y sin concesiones. La caída en desgracia del exministro de Economía es apenas un síntoma de la podredumbre que carcome a las instituciones cubanas. El verdadero drama, sin embargo, se vive en las calles anegadas del oriente, donde familias enteras han perdido lo poco que tenían. La dictadura puede intentar apagar los incendios mediáticos y silenciar las protestas con la fuerza bruta de sus aparatos represivos, pero la acumulación de crisis económicas, desastres naturales mal gestionados y escándalos de corrupción dibuja un horizonte insostenible. El pueblo cubano, hastiado de promesas vacías y funcionarios sacrílegos, se encuentra en el umbral de una ruptura social que el régimen, por más sainetes que orqueste, difícilmente podrá contener.
