La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, SA (ETECSA) ha implementado modificaciones tarifarias y supuestas mejoras técnicas que, en la práctica, han derivado en un empeoramiento palpable de los servicios para los usuarios de la isla, mientras el régimen de La Habana continúa lucrando con las necesidades insatisfechas de la población a través del único proveedor de telefonía del país.
A lo largo del último año, la empresa de telecomunicaciones bajo control estatal llevó a cabo una serie de intervenciones técnicas presentadas oficialmente como mejoras orientadas a optimizar la calidad de los servicios. Una de estas acciones, ejecutada en el mes de mayo, funcionó como antesala de una impopular modificación en los precios y paquetes de datos móviles que desató el rechazo generalizado de los usuarios. Gobernantes y voceros del emporio justificaron las transformaciones argumentando la necesidad imperiosa de incrementar los ingresos para sostener la infraestructura de telecomunicaciones. Sin embargo, los meses transcurridos desde aquel controvertido episodio han demostrado que la calidad de las telecomunicaciones en Cuba sigue deteriorándose de manera evidente, afectando no solo la telefonía móvil sino también la fija y otros servicios asociados.
Según las normativas del monopolio estatal, cada cliente tiene derecho a una única reposición de terminal telefónico en moneda nacional por un precio simbólico de 60 pesos cubanos. Esta disposición, que en teoría representaría un respiro para los usuarios de menores recursos, resulta en la práctica una promesa vacía debido a la nula disponibilidad de equipos en las oficinas comerciales. La realidad es que los teléfonos se deterioran y averían con el uso prolongado, quedando en muchos casos completamente inservibles. Cuando los técnicos logran presentarse, suelen ser incapaces de reparar los equipos fundamentalmente por la falta de piezas de repuesto, una situación inverosímil si se considera el volumen de ingresos que maneja la empresa gracias a las remesas y los pagos desde el extranjero.
Esta carencia deja al consumidor sin alternativa viable más que la adquisición de un nuevo equipo. Para quienes ya agotaron su única oportunidad de compra en moneda nacional —lo que a estas alturas comprende a la inmensa mayoría de los abonados—, la única salida es pagar en moneda dura por alguno de los terminales disponibles en las oficinas comerciales, cuyos precios resultan prohibitivos para el cubano de a pie. De este modo, no son pocos los usuarios que se ven privados del servicio durante meses, e incluso años, por carecer de dólares para adquirir un teléfono o por no contar con familiares en el extranjero que puedan efectuar la compra desde sus países de residencia.
La captación de divisas como modelo de negocio
Un recorrido por las páginas oficiales del único proveedor de telefonía de la isla revela una saturación de ofertas dirigidas al público cubano pero concebidas para ser pagadas desde el exterior. Recargas de saldo, paquetes de datos, planes de navegación y adquisición de equipos se promocionan activamente hacia la diáspora, evidenciando que el modelo de negocio de ETECSA se sustenta de manera creciente en la captación de divisas foráneas. Esta estrategia no representa más que una de las múltiples formas en que el gobierno cubano lucra con las necesidades insatisfechas de sus ciudadanos, convirtiendo la comunicación —un derecho elemental en el mundo contemporáneo— en un privilegio condicionado al acceso de moneda extranjera.
A pesar de carecer de servicio activo, numerosos usuarios se ven obligados a seguir efectuando pagos periódicos para no perder de manera permanente el contrato telefónico, aferrados a la esperanza de recuperar la comunicación en algún momento. Esta situación genera un círculo vicioso donde el ciudadano financia un servicio que no recibe, mientras la empresa monopolista continúa percibiendo ingresos sin contraprestación real. La vulnerabilidad del usuario frente al monopolio estatal resulta absoluta, sin instituciones reguladoras independientes que protejan sus derechos ni mecanismos efectivos de reclamación.
La telefonía fija y los sectores más vulnerables
En un contexto donde el vandalismo y la desidia gubernamental han arrasado con los teléfonos públicos hace tiempo, la telefonía fija adquiere una importancia vital para todo aquel que no dispone de un teléfono móvil. Ancianos, personas de bajos ingresos y cualquier individuo en situación de vulnerabilidad dependen de este servicio para mantener contacto con familiares, gestionar trámites básicos y acceder a información esencial. El deterioro progresivo de la red fija afecta de manera desproporcionada a los sectores más frágiles de la sociedad cubana, profundizando las brechas de desigualdad que el régimen afirma combatir.
Asimismo, este servicio cobra especial relevancia en establecimientos administrativos y comerciales, particularmente desde que el transporte público colapsó virtualmente en toda la isla. Antes de emprender un viaje que puede resultar inútil, los ciudadanos necesitan verificar información básica como horarios de atención, disponibilidad de productos o precios de determinados artículos. La imposibilidad de confirmar estos datos por vía telefónica se traduce en desplazamientos innecesarios que implican gastos significativos en un país donde el transporte representa ya un desafío cotidiano.
El teléfono que nadie responde
De manera paradójica, en tiendas, instituciones estatales y diversos centros de trabajo dedicados a la atención a la población se ha consolidado la práctica de simplemente no responder el teléfono fijo. Este fenómeno ha ganado terreno a medida que los empleados se han equipado con teléfonos móviles personales, de forma que las comunicaciones que les interesan les llegan directamente sin necesidad de pasar por la centralita del centro laboral. Para el ciudadano que necesita gestionar un trámite o consultar información, esto se traduce en horas de marcación infructuosa y timbrazos que nadie atiende, hasta que no queda otra opción que presentarse personalmente en el lugar, con el consiguiente desgaste de tiempo, dinero y energía.
Al ser cuestionados sobre este particular, los empleados suelen limitarse a encogerse de hombros y alegar que el teléfono está averiado, una excusa que se ha convertido en recurso recurrente para eludir la responsabilidad de atención al público. Esta actitud refleja la descomposición institucional que caracteriza al sistema cubano, donde la falta de rendición de cuentas y la ausencia de incentivos para un desempeño eficiente se traducen en un servicio público que no sirve al público.
Un balance de fracasos sostenidos
Las deficiencias mencionadas no agotan el catálogo de problemas que erosionan la ya maltrecha reputación de ETECSA. Las supuestas modernizaciones de infraestructura no se traducen en mejoras perceptibles para los usuarios; el saldo desaparece sin explicación plausible; los servicios se congelan durante los apagones sin que se ofrezcan alternativas; las reparaciones tardan meses o simplemente nunca llegan. Cada año, tanto la red fija como la móvil acusan un deterioro mayor, alimentando una insatisfacción creciente entre los usuarios de ambos servicios que no encuentran cauces para hacer oír sus reclamos.
Contexto: Cuba y el fracaso del modelo estatal
La situación de ETECSA no es más que un reflejo del colapso generalizado del modelo económico y social impuesto por la dictadura en Cuba durante más de seis décadas. La concentración estatal de los medios de producción y servicios, la ausencia de competencia y la falta de libertades económicas han generado un escenario donde la ineficiencia es la norma y el ciudadano asume las consecuencias. Mientras el régimen de La Habana mantiene su retórica revolucionaria, la realidad cotidiana de los cubanos está marcada por la escasez, el deterioro de los servicios básicos y la dependencia creciente de las remesas desde el exterior.
El sector de las telecomunicaciones ilustra de manera particularmente elocuente esta contradicción. En un mundo donde el acceso a internet y a las comunicaciones móviles se considera un derecho fundamental, Cuba mantiene uno de los esquemas más restrictivos y costosos de la región. Los precios de los datos móviles, incluso tras las modificaciones implementadas por ETECSA, resultan desproporcionados en relación con los salarios medios de la isla, donde un profesional puede ganar mensualmente lo equivalente a un par de paquetes de navegación. La brecha entre los ingresos de la población y el costo de los servicios es producto directo de un sistema que prioriza la captación de divisas sobre el bienestar ciudadano.
La consigna tradicional del ministerio correspondiente en tiempos de los Castros reza: «En la guerra como en la paz, mantendremos las comunicaciones». Los bromistas, sin embargo, han encontrado la réplica perfecta: «Si no llueve y hay corriente». Esta respuesta popular sintetiza con precisión el estado de las telecomunicaciones en Cuba: un servicio que funciona cuando las condiciones lo permiten, condicionado a variables climáticas y energéticas que el régimen ha sido incapaz de garantizar. Mientras tanto, los precios siguen subiendo y la calidad sigue decayendo, en un equilibrio perverso que solo es posible bajo un monopolio estatal que responde ante nadie y ante el cual los ciudadanos carecen de toda herramienta de exigencia.
El caso de ETECSA confirma una vez más que la concentración del poder económico en manos del Estado no beneficia al pueblo, sino a una cúpula que administra los recursos en función de sus propios intereses. La solución a los problemas de las telecomunicaciones en Cuba pasa inevitablemente por la apertura del sector a la competencia, la eliminación del monopolio estatal y el reconocimiento de los derechos económicos de los ciudadanos. Mientras esto no ocurra, los usuarios cubanos seguirán atrapados en un sistema donde pagan más por recibir menos, y donde el derecho a la comunicación permanece secuestrado por una dictadura que lo administra como mercancía.
