Cuatro familias residentes en el municipio habanero de Marianao llevan más de dos meses sumergidas en aguas albañales, sufriendo las graves consecuencias de un colapso sanitario que las autoridades de la isla han ignorado sistemáticamente. La situación, que ha derivado en pérdidas materiales y enfermedades infecciosas, expone nuevamente la profunda incapacidad del Estado para garantizar condiciones de vida mínimas y el desprecio institucional hacia la ciudadanía más vulnerable.
El edificio ubicado en la calle 86, número 4510, entre 45 y 47, en el barrio de Santa Felicia, se ha convertido en un foco de insalubridad desde el pasado 2 de noviembre. En esa fecha, las aguas albañales ingresaron a los cuatro departamentos situados en los bajos del inmueble y, a diferencia de ocasiones anteriores, ya no han vuelto a retirarse. Lo que solía ser una afectación temporal vinculada a las lluvias y tupiciones de los desagües, se ha transformado en una inundación permanente que obliga a los residentes a convivir con heces fecales y residuos líquidos en el interior de sus hogares.
Yarien Lázaro Cabrera Fernández, un residente de 34 años, ha denunciado públicamente la desesperación de su comunidad. Según relata el joven, antes de noviembre el agua subía durante los temporales pero terminaba drenando; sin embargo, la infraestructura colapsó por completo y ahora el líquido brota por los tragantes incluso en días soleados. «No hay quien haga algo por resolvernos este problema. Llevamos meses viviendo en la mierda y nadie nos hace caso», denunció Cabrera Fernández, quien se ve obligado a permanecer en su apartamento al no contar con otra alternativa de alojamiento.
Las condiciones de habitabilidad en el lugar son extremas y ponen en riesgo directo la vida de los residentes. Cabrera Fernández informó que en el mes de diciembre contrajo una hepatitis bacteriana, infección que atribuye directamente a la exposición constante a las aguas residuales. A esto se suma la proliferación descontrolada de vectores. «Hay muchísimos mosquitos, aquí cuando se va la luz no se puede estar. Son millones de mosquitos picándote y hay que taparse de pies a cabeza porque te comen», agregó el vecino, evidenciando el riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, en pleno centro de la capital.
Aguas albañales en el interior del departamento de Cabrera Fernández (Foto del autor)
Las pérdidas materiales también han sido devastadoras para estas familias. Fidel Hernández Díaz, otro de los afectados, detalló que el nivel del agua destruyó la mayoría de sus enseres domésticos. «Perdí el refrigerador, el televisor y hasta los colchones; y nadie se ha preocupado, nadie ha venido», expuso. Hernández Díaz mostró el estado de su baño, cuyo servicio sanitario se encuentra permanentemente desbordado de heces fecales. Para poder bañarse, el hombre tiene que subirse sobre dos tablas apoyadas en bloques de hormigón, en una escena que ilustra la precariedad absoluta en la que se ven obligados a subsistir.
De los cuatro apartamentos afectados, los residentes de dos viviendas lograron abandonar el lugar refugiándose en casas de familiares. Sin embargo, aquellos que no tienen una red de apoyo o recursos para mudarse permanecen atrapados en un entorno biológicamente peligroso. La pasividad del gobierno cubano frente a esta emergencia sanitaria contrasta con la rápida respuesta que el aparato estatal suele desplegar para reprimir disidentes o silenciar protestas sociales, dejando en evidencia las prioridades del régimen de La Habana.
La burocracia estatal ha ofrecido únicamente respuestas evasivas. Cabrera Fernández aseguró que la crisis es de conocimiento de múltiples instancias, incluyendo el Gobierno municipal de Marianao, el Partido Comunista, la Dirección Municipal de Vivienda y la empresa Aguas de La Habana. Ante la inacción local, el afectado elevó una queja formal a la sección de Atención a la Población de la página web de la Presidencia. La respuesta, recibida hace más de un mes, fue un mero trámite administrativo: «Le comunicamos que se ha dispuesto dar cuenta del asunto a la OSDE Agua y Saneamiento para su atención y respuesta». Desde entonces, ningún funcionario ha visitado el edificio ni se ha ejecutado acción alguna para solucionar el problema.
Antecedentes del colapso hidráulico en la capital
El caso de Santa Felicia no es un suceso aislado, sino la consecuencia lógica de décadas de falta de mantenimiento e inversión en la infraestructura hidráulica y sanitaria de la isla. La red de alcantarillado de La Habana, construida en su mayoría a mediados del siglo XX, ha superado hace años su vida útil. Las roturas de tuberías principales, la falta de bombas de succión y el abandono de los sistemas de drenaje provocan con frecuencia derrames de aguas albañales en calles y viviendas de diversos municipios de la capital.
A lo largo de los últimos años, el ejecutivo cubano ha reconocido en reiteradas ocasiones las pérdidas cercanas al 50% del agua potable que se bombea en el país debido a salideros y roturas. Sin embargo, la falta de recursos materiales, la corrupción interna y la ineficiencia de las empresas estatales han impedido cualquier plan de remediación sostenible. Los equipos de reparación carecen de piezas de repuesto, tuberías adecuadas y hasta de combustible para movilizar la maquinaria pesada necesaria para intervenir en los focos de afectación.
Contexto sistémico: La crisis estructural de la isla
El abandono de los residentes de Marianao encaja perfectamente en el panorama de crisis estructural que atraviesa Cuba. La economía nacional, asfixiada por un modelo centralizado e ineficiente, ha generado una inflación descontrolada que impide a los ciudadanos acceder a materiales de construcción o pagar a trabajadores informales para reparar daños colectivos por su cuenta. La pobreza energética, manifestada en los constantes apagones, agrava aún más las condiciones sanitarias, ya que impide el funcionamiento de sistemas de bombeo y facilita la reproducción de mosquitos y roedores en aguas estancadas.
Paralelamente, el masivo éxodo migratorio ha desmantelado el capital humano de muchos barrios, dejando a poblaciones envejecidas o a familias sin recursos a merced del deterioro urbano. La dictadura cubana ha desviado sistemáticamente los escasos recursos del país hacia el sector turístico, la construcción de hoteles vacíos y el aparato represivo militar, mientras que los servicios públicos básicos —vivienda, agua, salud y saneamiento— colapsan bajo el peso de la negligencia y la falta de financiamiento.
La obligación de garantizar el derecho a la vivienda y a un entorno salubre es una responsabilidad estatal elemental. Sin embargo, en Cuba, la ausencia de un control democrático y la impunidad con la que operan las instituciones permiten que funcionarios de alto y bajo nivel ignoren las urgencias de la población sin rendir cuentas. La indiferencia ante el sufrimiento de estas familias en Marianao constituye una violación flagrante de los derechos humanos en su dimensión más básica: el derecho a la vida y a la salud.
El futuro inmediato para los residentes de la calle 86 en Marianao se presenta desolador. Sin una intervención urgente de las autoridades sanitarias y de vivienda, el edificio corre el riesgo de sufrir un derrumbe estructural agravado por la humedad, mientras que sus habitantes enfrentan el peligro de contraer enfermedades más graves. Esta crisis refleja la realidad de un país donde la ciudadanía ha sido abandonada a su suerte por un sistema político que prioriza su propia supervivencia sobre el bienestar de la nación, exigiendo una vez más la atención y condena de la comunidad internacional ante la vulneración sistemática de la dignidad humana en Cuba.
