ENTRADILLA: La profundidad del fracaso social, ético y político del régimen de La Habana exige una transición que no se limite a lo institucional. En este escenario, las instituciones religiosas emergen como pilares indispensables para la reconciliación nacional y la recuperación de la dignidad humana, tras más de seis décadas de políticas totalitarias que buscaron erradicar la fe y aniquilar la sociedad civil en la isla.
El desafío que enfrenta Cuba para transitar hacia una sociedad libre y democrática trasciende el mero cambio de figuras políticas; requiere una reconstrucción profunda de la ética y el tejido social. En una nación con raíces cristianas profundas, las iglesias se perfilan como actores determinantes en este complejo proceso de reedificación. Para el microbiólogo y laico católico Jorge Adalberto Núñez, residente en Pinar del Río, la institución religiosa tiene la capacidad de ayudar a sanar a Cuba, posicionándose no solo como una guía espiritual, sino como un pilar fundamental de la sociedad civil, capaz de tender puentes para el diálogo y la reconciliación nacional.
Sin embargo, el desarrollo de este papel se ve sistemáticamente obstaculizado por la realidad impuesta por la dictadura. La libertad religiosa en la isla continúa siendo severamente limitada. Aunque la Iglesia ha logrado ganar ciertos espacios en las últimas décadas, estos siempre operan bajo la supervisión y el escrutinio asfixiante del régimen de La Habana, específicamente a través de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista. Este aparato de control demuestra que la libertad de culto en Cuba es una concesión condicionada, no un derecho garantizado, limitando la misión de los cristianos en la sociedad.
Ante un escenario de cambio político, Núñez sostiene que el primer paso para garantizar una libertad religiosa genuina debe ser la promulgación de una nueva Constitución. La actual Carta Magna, redactada a la medida del régimen, no protege efectivamente este derecho. Se requiere un cuerpo legal que defina con claridad cómo la religión puede ejercer su misión sin la injerencia estatal, y que elimine de raíz cualquier oficina gubernamental o partidista dedicada a controlar la vida religiosa del país, una práctica propia de sistemas autoritarios.
La contribución de las instituciones religiosas a la transformación política, social y económica de Cuba se ancla en su histórica vinculación con la identidad nacional. El cristianismo ha estado intrínsecamente ligado al surgimiento de la cubanidad. Si se permite a la Iglesia ejercer su influencia a través de mecanismos legales adecuados, su aporte sería inmenso en la formación de la cultura cívica, la educación y la transmisión de valores. La dictadura, al intentar imponer un modelo marxista y ateo, seccionó estas raíces, provocando un daño profundo en la concepción de la dignidad humana y en las tradiciones intelectuales del país.
Un aspecto central en el pensamiento de Núñez es la distinción cristiana entre el poder temporal y el poder espiritual. Esta separación, fundamental para la civilización occidental y para el surgimiento de la democracia, contrasta radicalmente con la teocracia laica que ha implantado el Partido Comunista en Cuba, donde el Estado y la ideología lo absorben todo. La Iglesia no busca erigirse como un partido político, pero debe aportar su visión antropológica, su concepción de la dignidad y su moral a la esfera pública. Los valores esenciales democráticos, como la libertad, la justicia y el servicio al vulnerable, hunden sus raíces en el pensamiento cristiano; alejarse de ellos, como ha intentado la dictadura, conduce a la degradación democrática que sufre la isla hoy.
Construir una sociedad civil verdaderamente autónoma se perfila como una tarea titánica tras más de seis décadas de una filosofía política que ha dividido a los cubanos y destruido la subjetividad individual. El régimen ha logrado que el ciudadano pierda la noción de que es dueño de su vida y de que sus opiniones tienen valor. La reconstrucción exige restaurar el concepto de dignidad humana —hecho a imagen y semejanza de Dios—, un valor que no es otorgado por el Estado ni por ninguna ideología, sino inherente a la persona. La dictadura ha violado este precepto constantemente, utilizando al individuo como engranaje de una maquinaria partidista.
Frente al temor de que la influencia eclesial imponga un código moral único, Núñez recalca que el Estado laico es sano y necesario. La Iglesia propone, no impone. En una sociedad plural, compuesta por creyentes y no creyentes, el objetivo debe ser alcanzar consensos prácticos en torno al bien común, como el derecho a la propiedad privada o la libertad de expresión, sin necesidad de acordar fundamentos teóricos unificados. La dictadura, por el contrario, ha impuesto por la fuerza un único modelo de pensamiento, ahogando cualquier atisbo de diversidad o debate ético.
Un ámbito donde la represión del régimen ha sido particularmente cruel es la educación. La educación religiosa, amparada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha sido violada en Cuba desde el inicio del proceso totalitario. Las familias cristianas sufren la desconexión entre los valores que enseñan en el hogar y el adoctrinamiento obligatorio impuesto en las escuelas del Estado. Restituir el derecho de las familias a elegir la formación de sus hijos, incluida la opción de centros educativos religiosos, es una deuda pendiente y una necesidad para enriquecer a la sociedad.
En el plano de la reconciliación y la memoria, la Iglesia tiene una larga tradición de construir puentes y reencontrar familias fracturadas por el exilio y la represión. Sin embargo, Núñez es enfático al afirmar que no puede haber sanación sin verdad. La dictadura ha intentado sistemáticamente ocultar sus crímenes y barrer la historia bajo la alfombra. La labor eclesial, apoyada en la justicia y la verdad, es vital para que la sociedad cubana pueda hablar abiertamente, superar este capítulo oscuro y mirar hacia el futuro con esperanza.
Contexto histórico y represión religiosa bajo el régimen cubano
Desde sus inicios, el régimen de La Habana desplegó una ofensiva sin precedentes contra la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas en Cuba. En las primeras décadas de la dictadura, se produjo la expulsión masiva de sacerdotes y religiosos extranjeros, la confiscación de escuelas, hospitales y bienes eclesiásticos, y la marginalización de los creyentes, a quienes se les cerró el acceso a la educación superior y a empleos en el sector estatal. El ateísmo de estado fue institucionalizado, intentando borrar de la faz de la isla cualquier lealtad que no rindiera pleitesía al Partido Comunista.
Aunque en los años noventa el gobierno cubano modificó formalmente la Constitución para declarar al Estado laico, esta medida no significó una apertura real, sino una táctica de supervivencia frente a la crisis del modelo tras la caída del bloque soviético. La tolerancia hacia la religión siguió siendo una fachada, mientras la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos se consolidaba como un instrumento de vigilancia, chantaje y control sobre pastores, sacerdotes y laicos. Cualquier intento de la Iglesia de incidir en la sociedad civil, más allá de la asistencia social de emergencia, ha sido respondido con hostigamiento, multas y amenazas por parte de la Seguridad del Estado.
En este contexto de asfixia institucional, la voz de figuras como Jorge Adalberto Núñez cobra una relevancia incalculable. Su análisis no solo desnuda las contradicciones y la crueldad de un sistema que ha fracasado en todos los frentes, sino que traza una hoja de ruta para el futuro. Cuba merece un nuevo comienzo, uno donde la dignidad del individuo sea el centro de la vida pública, donde la sociedad civil florezca libre de la tutela totalitaria y donde las iglesias puedan cumplir su misión de sanar, educar y reconciliar a una nación herida por la dictadura.
