El contraste entre las democracias funcionales, donde los líderes asumen la responsabilidad de sus fracasos y dimiten, y la realidad del régimen de La Habana evidencia una crisis de representatividad profunda. Mientras en el mundo civilizado el poder se ejerce bajo supervisión, en Cuba la nomenclatura castrocomunista mantiene un control absoluto, ajeno a cualquier rendición de cuentas, a pesar de haber conducido al país hacia el colapso económico y social más profundo de su historia reciente.
El ejercicio del poder en las democracias modernas se fundamenta en un principio básico e irrenunciable: la responsabilidad. Cuando un gobernante, por muy amplio que haya sido su respaldo electoral inicial, pierde la capacidad de liderar o su gestión genera un desgaste institucional insostenible, el paso lógico y ético es el de apartarse. Recientes acontecimientos en el panorama político europeo han vuelto a poner sobre la mesa esta máxima, demostrando que en los sistemas democráticos el interés nacional, al menos en teoría y en práctica institucional, se antepone a la permanencia indefinida de un individuo o un partido en el poder. La voluntad popular actúa como un contrapeso real, no como un mero decorado retórico.
En las antípodas de esta lógica institucional se encuentra el régimen de La Habana. La cúpula militar y política que dirige los destinos de la isla desde hace más de seis décadas opera bajo una premisa diametralmente opuesta: la inamovilidad absoluta. En la Cuba actual, no existen los mecanismos de control institucional, ni separación de poderes, ni una prensa libre que pueda fiscalizar la gestión gubernamental. El Partido Comunista de Cuba se ha erigido como la única entidad rectora de la sociedad, monopolizando no solo la toma de decisiones, sino también la narrativa histórica y la justificación de los recurrentes fracasos nacionales.
Existe en el idioma ruso una expresión que ilustra a la perfección la actitud de la dirigencia cubana frente a las crisis: «Como de un ganso el agua». Esta frase alude a la propiedad de las plumas de estas aves, repelentes al líquido, lo que les permite emerger de un estanque completamente secas. Así actúan los jerarcas de la dictadura isleña. Tras décadas ejerciendo un poder omnímodo, sin el menor contrapeso legal o popular, se sacuden cualquier atisbo de culpa respecto al estado calamitoso de la economía, la infraestructura y los servicios públicos. Gobiernan como si las desgracias nacionales fueran fenómenos meteorológicos ajenos a su incompetencia, y no el resultado directo de sus políticas centralizadoras y fallidas.
La principal coartada de esta impunidad sistémica ha sido, durante años, el señalamiento constante hacia las medidas económicas de Estados Unidos, a las que el gobierno cubano insiste en etiquetar como «bloqueo», adjetivándolas de «recrudecido» cada vez que le resulta conveniente. Sin embargo, esta narrativa oficial omite de manera deliberada hechos históricos y económicos fundamentales. Se silencia que dichas sanciones fueron adoptadas como respuesta a la confiscación masiva y sin indemnización de propiedades pertenecientes a ciudadanos y empresas estadounidenses. Del mismo modo, se oculta a la población que, en las últimas décadas, el propio Estados Unidos ha sido uno de los principales proveedores de alimentos y donaciones para la isla, desmintiendo la idea de un asfixia total.
Ante la evidente incapacidad para sostener el modelo, el régimen de La Habana ha anunciado recientemente un conjunto de medidas económicas que, según diversos analistas, guardan un parecido inquietante con los últimos y desesperados intentos de reforma emprendidos por la Unión Soviética antes de su colapso. Estas políticas, presentadas como soluciones innovadoras, no son más que parches cosméticos diseñados para mantener el control político mientras se intenta injectar algo de oxígeno a una economía en estado terminal. La implementación de estas directrices no estará acompañada de ninguna autocrítica estructural.
Es impensable, en el actual panorama político cubano, que alguno de los máximos dirigentes asuma la responsabilidad por el desastre y anuncie su renuncia «anteponiendo el país», como ocurre en las democracias. La cultura del poder en la dictadura castrocomunista lo prohíbe. Como bien apunta un viejo dicho entre los observadores de la política insular: «Los comunistas no renuncian». La lógica de supervivencia de la nomenclatura dicta que es preferible hundir al país entero antes que ceder un milímetro del poder conquistado. Lo que sí es factible esperar, como ha sido la tónica a lo largo de la historia del régimen, son destituciones fulminantes y purgas internas, motivadas por luchas de poder entre facciones que aspiran a repartirse los privilegios de los cargos de los desplazados.
Mientras la cúpula se aferra a sus poltronas, la base de la pirámide social soporta el peso de la debacle. El pueblo cubano enfrenta diariamente apagones prolongados, escasez crítica de alimentos y medicinas, inflación galopante y una represión policial que no duda en criminalizar cualquier forma de disidencia o protesta social. La migración masiva, quizás la mayor de la historia del país en tiempos de paz, es el termómetro más fiel del agotamiento ciudadano. La fuga de talento y de jóvenes desesperanzados ha dejado a la isla despoblada de su fuerza productiva, evidenciando un rechazo absoluto al proyecto socialista que se les impone a la fuerza.
Contexto histórico y crisis sistémica
Para comprender la intransigencia del régimen de La Habana, es necesario remontarse a los orígenes del sistema impuesto tras 1959. La concentración de poder en una sola figura y, posteriormente, en una élite militar y partidista, destruyó cualquier atisbo de institucionalidad republicana. La propiedad privada fue abolida, la economía fue estatizada en su totalidad y la dependencia de subsidios externos —primero de la URSS y luego de Venezuela— se convirtió en el único sostén de un modelo económicamente inviable. Al evaporarse estos patrocinios internacionales, la fragilidad del «socialismo real» cubano quedó al descubierto, revelando un país incapaz de sostenerse por sí mismo.
En la actualidad, el gobierno cubano se encuentra en una encrucijada. La falta de liquidez, el endeudamiento crónico y la caída en picado de la producción azucarera y agrícola evidencian que el modelo ha tocado fondo. Las recientes medidas de flexibilización, lejos de representar una apertura real, son maniobras de supervivencia diseñadas para extraer los últimos recursos de la sociedad civil, especialmente a través del envío de remesas desde el extranjero. La dictadura ha comprendido que la única forma de mantener la estabilidad política es mediante el control estricto de la escasez y la represión selectiva, evitando a toda costa el surgimiento de un sector empresarial independiente que pueda desafiar su hegemonía.
El umbral del colapso
La pregunta que flota en el aire no es si los comunistas renunciarán, pues la historia y la ideología dictan que no lo harán. La verdadera incógnita es cuánto tiempo más podrá soportar la sociedad cubana este nivel de precariedad y abuso. Los cambios profundos y reales, aquellos que transformen de raíz la estructura productiva y garanticen las libertades fundamentales, no vendrán por iniciativa de la cúpula gobernante. Tendrán que ser arrancados por la presión de una sociedad que, literalmente, ha llegado al límite de su resistencia.
El futuro inmediato de Cuba se debate entre la inercia de una dictadura envejecida y la fuerza de un pueblo que ya no tiene nada que perder. Cuando el descontento logre cristalizarse en un movimiento organizado e imparable, el régimen de La Habana descubrirá que, a diferencia del agua sobre las plumas de un ganso, la indignación popular sí empapa, y su fuerza es capaz de arrastrar las estructuras más rígidas del totalitarismo. El beneficio final de ese inevitable cambio será para los cubanos de a pie, los verdaderos protagonistas y víctimas de esta prolongada tragedia nacional.
