El emprendimiento privado en Cuba se enfrenta a una campaña sistemática de hostigamiento y saqueo por parte del Estado. Bajo el pretexto del control y el orden público, el régimen de La Habana ha desplegado una red de inspectores que ahoga a los pequeños negocios, imponiendo multas millonarias y obstaculizando la única vía de abastecimiento que sostiene a la población frente al fracaso absoluto del modelo económico estatal.
La historia de Yamila, una joven habanera que decidió invertir los ahorros obtenidos de la venta de su vivienda en un pequeño negocio de comercialización de productos básicos, ilustra a la perfección el laberinto burocrático y punitivo en el que se encuentra atrapado el sector privado en la isla. Ante la imposibilidad de esperar los interminables meses que tarda la maquinaria estatal en aprobar una simple licencia de trabajo por cuenta propia, muchos cubanos se ven obligados a abrir sus puertas de manera precaria. No lo hacen por afán de lucro desmedido, sino por la urgencia de sobrevivir y la necesidad de hacer rendir un capital que la inflación devora cada día. Al asumir este riesgo, se convierten automáticamente en presas fáciles para la maquinaria inspectora del gobierno cubano.
Sin embargo, la falta de un papel habilitante no es el principal problema, sino la industria de la inspección que se ha cebado sobre estos nuevos actores económicos. Los relatos de los emprendedores muestran un patrón recurrente y perverso: inspectores que llegan de improviso, detectan irregularidades menores y, en lugar de aplicar la ley de manera transparente, insinúan veladamente la posibilidad de sobornos. Es un sistema diseñado estructuralmente para la corrupción, donde el funcionario de turno evalúa la vulnerabilidad del comerciante para extorsionarlo, o para imponerle castigos ejemplificantes si este no se presta al juego de la prevaricación. La dictadura ha creado un ejército de recaudadores disfrazados de supervisores sanitarios y comerciales.
El caso de Yamila escaló en severidad cuando un grupo de inspectores de la Dirección Provincial de Comercio le impuso una multa de cinco mil pesos por no aceptar transferencias bancarias. Esta sanción se ampara en una resolución del Ministerio de Comercio Interior que obliga a los negocios a utilizar pasarelas de pago electrónicas. La ironía es cruel y demuestra la desconexión del régimen con la realidad: el gobierno cubano obliga a operar en un sistema bancario colapsado, donde los cajeros automáticos rara vez tienen efectivo, las colas para retirar dinero son interminables y los propios mayoristas estatales cobran comisiones adicionales por recibir pagos por transferencia. Se exige al privado que funcione en una economía digital mientras el Estado mantiene anclado el sistema financiero en el caos.
Esta no es una práctica aislada, sino parte de una estrategia nacional de recaudación forzosa disfrazada de legalidad. El régimen de La Habana ha organizado operativos a nivel nacional, desplegando miles de inspectores bajo el eufemismo de «ejercicios de prevención y enfrentamiento a la ilegalidad». Las cifras que emanan de estas redadas son escalofriantes: decenas de miles de establecimientos inspeccionados en cuestión de días, miles de multas impuestas y decenas de millones de pesos ingresados de manera fulminante a las arcas del Estado. La prensa oficial, sumisa, celebra estas acciones como triunfos del orden y la legalidad, mientras los pequeños comerciantes las califican, con justa razón, como un baño de sangre económico que destruye el frágil tejido productivo del país.
Las consecuencias de esta persecución institucionalizada son devastadoras para la economía popular y la estabilidad social. Mayra, otra comerciante del municipio de Guanabacoa, fue multada con dieciséis mil pesos por vender productos que no estaban explícitamente incluidos en su plan de negocio inicial, una cantidad que absorbe por completo sus magros beneficios y la empuja hacia la quiebra. Como ella, cientos de emprendedores se ven obligados a cerrar sus puertas durante los días de inspección o a reducir sus horarios de venta, generando un impacto directo en el abastecimiento de las comunidades. El miedo a la confiscación y a las multas asfixiantes paraliza el comercio y empeora la escasez crónica que sufre la población.
La crueldad de la dictadura se hace aún más evidente y dolorosa en las calles, donde vendedores ambulantes y por cuenta propia informales sufren el acoso constante de las autoridades. Personas de la tercera edad, como Concha, una mujer de 68 años con problemas de salud que sobrevive vendiendo cigarros y jabón en las puertas de las calles del centro de La Habana, o Maribel, una madre que debe criar a su nieta tras una tragedia familiar, son despojadas de su escasa mercancía y multadas sin piedad. El Estado, históricamente incapaz de garantizar la canasta básica, criminaliza a aquellos que arriesgan lo poco que tienen para suplir sus inmensas deficiencias administrativas y productivas.
Frente a este escenario de saqueo legalizado, algunos emprendedores han optado por la resistencia pasiva y la confrontación verbal directa con los inspectores. Julian, dueño de un pequeño café en la populosa calle Monte, refleja el sentimiento de rechazo generalizado hacia los inspectores, a quienes considera cómplices y beneficiarios de un sistema parasitario. La actitud de estos comerciantes revela una fractura social profunda: el ciudadano común ya no ve al inspector como un garante del bien común, sino como un agente de extorsión al servicio de una maquinaria estatal que se niega a reconocer su propio y estrepitoso fracaso. La dignidad del trabajador cubano comienza a imponerse al terrorismo de Estado.
El contexto económico y la asfixia al emprendimiento
Para entender la dimensión de la ofensiva del gobierno cubano contra el sector privado, es imperativo observar el panorama macroeconómico de la isla. Cuba atraviesa una de las peores crisis estructurales de su historia contemporánea, caracterizada por una inflación galopante que destruye el poder adquisitivo, una oferta interna absolutamente incapaz de satisfacer la demanda básica de la población, y un déficit fiscal que se mantiene entre los más altos del mundo a nivel global. En este contexto desesperante, el surgimiento de las pequeñas y medianas empresas privadas y el trabajo por cuenta propia ha sido el único salvavidas que ha evitado el colapso total del abastecimiento y la hambruna generalizada.
Sin embargo, el régimen de La Habana observa el crecimiento del sector privado con una mezcla de desconfianza ideológica y hostilidad práctica. La imposición de topes de precios a productos de alta demanda, mediante decretos que ignoran por completo la realidad inflacionaria y el altísimo costo de adquisición en el mercado mayorista, es una medida demagógica que condena al comerciante a operar con pérdidas o a desaparecer. Economistas independientes de la talla de Pedro Monreal han advertido reiteradamente que estas multas y regulaciones arbitrarias no abordan las causas estructurales de la inflación, sino que simplemente sirven como un parche recaudatorio para financiar un Estado ineficiente y abultar una burocracia parasitaria.
La paradoja es evidente y alarmante: mientras el gobierno cubano reconoce tácitamente que el sector privado es la columna vertebral del suministro de bienes y servicios en la actualidad, simultáneamente lo castiga con una carga tributaria y punitiva insostenible. La falta de un mercado formal de divisas, la inestabilidad cambiaria y las infinitas trabas para el acceso a insumos y materias primas completan un cerco de asfixia que desincentiva cualquier iniciativa de crecimiento a mediano o largo plazo. Las multas, que han inyectado más de mil millones de pesos al presupuesto nacional en un corto período, no son más que un impuesto revolucionario disfrazado de disciplina y control social.
Un futuro incierto bajo el hostigamiento estatal
La estrategia del régimen parece estar claramente definida: permitir la existencia del sector privado solo en la medida en que pueda ser controlado, extorsionado y subordinado a las necesidades de caja del Estado. La absoluta falta de seguridad jurídica, la arbitrariedad de las inspecciones y la amenaza constante de decomisos y cierres arbitrarios crean un ambiente de incertidumbre que ahoga la inversión nacional y extranjera. Los emprendedores cubanos no buscan convertirse en magnates del capitalismo, sino simplemente generar un sustento digno en un país donde el empleo estatal, con salarios de miseria pagados en una moneda devaluada, no alcanza para vivir ni para comer.
La situación actual plantea un dilema insalvable para la dictadura. Si continúa con su política de saqueo, restricción y criminalización del éxito individual, terminará por destruir la única fuerza económica dinámica capaz de sostener a la población, lo que profundizará inevitablemente la crisis, la pobreza extrema y el descontento social. Por el contrario, si relaja las medidas y permite el libre desarrollo del mercado, corre el riesgo de perder el monopolio ideológico y el control absoluto que ha mantenido durante más de seis décadas. Mientras la cúpula del poder debate su propia encerrona, ciudadanos como Yamila, Mayra y Julian continúan resistiendo en la trinchera económica diaria, enfrentando a un Estado que, en lugar de proteger y facilitar, actúa como el principal depredador de su propio pueblo.
