El economista e ingeniero de infraestructuras Juan A. Belt traza una hoja de ruta técnica y financiera para la recuperación de la isla, destacando que el caso cubano es «sui generis» debido a las profundas distorsiones económicas y el fracaso institucional impuesto por la dictadura. La urgencia de restaurar el sistema eléctrico, democratizar las telecomunicaciones y mitigar el colapso hídrico se erigen como las prioridades insoslayables para evitar la tragedia humanitaria total.
La trayectoria profesional de Juan A. Belt ha estado marcada por la resolución de crisis complejas en estados fallidos o naciones emergentes de conflictos bélicos. Con una dilatada experiencia en agencias como la USAID, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este experto de origen cubano ha dedicado parte sustancial de su carrera a analizar cómo podría reconstruirse la infraestructura de la isla ante un eventual escenario de transición democrática. Su diagnóstico es contundente y dista mucho de los modelos aplicados en otras latitudes: Cuba es un caso absolutamente inédito, lastrado por décadas de mala gestión y represión institucionalizada.
Belt advierte que, aunque ha trabajado en escenarios de posguerra en naciones como El Salvador, Guatemala, Afganistán o Irak, ninguno de estos contextos es comparable a la realidad cubana. En aquellos países, a pesar de la violencia y la corrupción, existía un marco mínimo de propiedad privada, sistemas legales operativos y tribunales con cierto nivel de funcionamiento. En cambio, Cuba se enfrenta a la realidad de un Estado fallido, donde el colapso de los servicios esenciales no ha derivado en un caos generalizado únicamente porque el aparato represivo de la dictadura mantiene un control fértil sobre la población. La ausencia de instituciones funcionales obliga a descartar cualquier hoja de ruta importada y exige soluciones altamente innovadoras.
Uno de los mayores obstáculos para cualquier análisis económico o planificación financiera en la isla es la magnitud de las distorsiones heredadas por el modelo soviético y profundizadas por el régimen de La Habana. Belt señala que, si bien en la antigua URSS existían graves desequilibrios en los precios, en Cuba el problema escala a niveles insostenibles. El desarrollo de modelos financieros para los sectores eléctrico y hídrico choca de frente con una brecha cambiaria aberrante: la cotización oficial, prácticamente inútil, convive con un mercado informal donde el dólar supera ampliamente los seiscientos pesos. Esta disparidad, que puede ser hasta treinta veces superior, hace extraordinariamente complejo determinar la viabilidad económica de cualquier proyecto de reconstrucción.
Ante la pregunta de qué debe reconstruirse primero, el especialista es tajante: las instituciones, la infraestructura y las regulaciones deben abordarse de manera simultánea, pero la prioridad absoluta e innegociable es el sistema eléctrico. Sin una red de generación y distribución que funcione —aunque sea con la imperfección de hace dos décadas—, no habrá reactivación económica, turismo ni recuperación de los servicios básicos. Belt propone una solución de emergencia basada en plantas eléctricas flotantes, técnicamente viables y superiores a las ineficientes bargas turcas utilizadas actualmente por el gobierno cubano. El desafío real, no obstante, es financiero, dado que la población empobrecida no puede asumir el costo real de la electricidad, lo que exige la creación de fondos sociales internacionales para subsidiar esta fase crítica.
La interdependencia de los servicios básicos queda crudamente expuesta al analizar el colapso del sistema hídrico, especialmente en La Habana. La inoperancia de las estaciones de bombeo durante los apagones provoca un deterioro acelerado de las tuberías debido al fenómeno físico del «golpe de ariete», destruyendo silenciosamente la infraestructura de distribución. Las consecuencias para la población son dramáticas: escenas de familias enteras, incluidos niños, haciendo colas prolongadas para acceder a agua potable mediante camiones cisterna, evidencian el retroceso civilizatorio impuesto por la dictadura. Además, la acumulación de basura y el déficit sanitario crean un caldo de cultivo ideal para la propagación de enfermedades transmitidas por vectores, amenazando la salud pública nacional.
En el ámbito de las telecomunicaciones, el panorama refleja con claridad la naturaleza extractiva del régimen. A diferencia de la red eléctrica, la tecnología inalámbrica permite una restauración mucho más rápida, pero el monopolio de ETECSA, cuyos principales accionistas están vinculados a la cúpula militar empresarial GAESA, bloquea cualquier desarrollo. La dictadura concibe las telecomunicaciones como una máquina de captación de divisas, cobrando tarifas exorbitantes por un servicio deficiente, en contraste con los mercados competitivos de la región. Belt propone la apertura del sector a al menos dos nuevos operadores móviles y la entrada de tecnologías como Starlink, lo que no solo abarataría los costos, sino que democratizaría el acceso a la información, fortaleciendo el periodismo independiente y la economía digital.
Para evitar que ETECSA abuse de su posición dominante en un escenario de apertura, el economista subraya la necesidad imperativa de un regulador independiente que proteja tanto a los consumidores como a los inversores. La seguridad jurídica es fundamental para atraer capital privado, advirtiendo sobre el riesgo de la «expropiación rampante», un mecanismo mediante el cual un gobierno puede quebrar una empresa al obligarla a operar con pérdidas o alterar las reglas de juego constantemente. La subasta pública del espectro radioeléctrico, un método probado en naciones desarrolladas, podría generar ingresos sustanciales para el Estado, estimados en alrededor de cien millones de dólares, fondos destinados a financiar otras áreas críticas de la reconstrucción.
El contexto del colapso estructural en Cuba
La crisis que hoy asfixia a Cuba no es el resultado de contingencias externas o embargos económicos, sino la consecuencia directa de más de seis décadas de planificación centralizada, ineficiencia y falta de libertades impulsadas por la dictadura. La isla, que hace apenas medio siglo ostentaba uno de los índices de desarrollo más altos de América Latina, se ha convertido en un escenario de penurias donde el acceso a bienes fundamentales como el agua, la energía y la conectividad está severamente comprometido. El régimen de La Habana ha priorizado el control político y la extracción de remesas por encima del bienestar ciudadano, desmantelando la infraestructura productiva y de servicios hasta llevarla al borde del colapso total.
En este contexto, el potencial de recuperación económica a corto plazo pasa necesariamente por el sector turístico, que cuenta con activos naturales y arquitectónicos excepcionales, especialmente en La Habana. Sin embargo, la belleza de la capital se ve oscurecida por la falta de servicios básicos. Un visitante extranjero difícilmente regresará o recomendará el destino si los restaurantes y hoteles carecen de agua corriente o sufren cortes eléctricos constantes. Por tanto, resolver las crisis eléctrica e hídrica no es solo un imperativo de derechos humanos y dignidad para los cubanos, sino una estrategia ineludible de desarrollo económico para reintegrar a la isla en los circuitos internacionales de inversión y turismo.
El futuro después de la dictadura
A pesar de la desolación institucional, Cuba cuenta con un activo invaluable: su capital humano. Tanto en la diáspora como dentro de la isla, existe una vasta reserva de ingenieros, economistas y técnicos capacitados para liderar la reconstrucción. Organizaciones como la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE) y profesionales que laboran en empresas de primer nivel en el extranjero, como Florida Power & Light, han dedicado años a elaborar propuestas técnicas detalladas para una futura transición. El conocimiento técnico existe y está maduro; el reto monumental será traducir esa capacidad en políticas públicas efectivas una vez que el país se libere de la camisa de fuerza impuesta por la dictadura.
La reconstrucción de Cuba exigirá una coordinación sin precedentes entre la comunidad internacional, el sector privado y los profesionales de la diáspora y la isla. El fin del régimen de La Habana no será, por sí solo, la solución mágica a los problemas estructurales, pero sí el prerequisite indispensable para comenzar a aplicar las innovadoras soluciones técnicas y financieras que el país requiere. La posibilidad de un cambio real y sostenible nunca ha sido tan urgente, y la hoja de ruta trazada por expertos como Juan A. Belt demuestra que, con voluntad democrática y transparencia, Cuba tiene la capacidad de resurgir de sus cenizas y reconstruirse como una nación próspera y libre.
